A solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE), debido a la designación de un nuevo procurador, el Tribunal de juicio de Responsabilidades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la audiencia en el caso Petrocontratos hasta el martes 17 de octubre.

“La representación de la PGE recientemente se apersona en la presente causa y entendemos que se trata de un proceso complejo del cual deben conocer todas las pruebas y documentación. En virtud a ello, (se dio) lugar a la presente solicitud en el entendido que la igualdad de las partes es una vertiente del debido proceso que a su vez constituye un principio constitucional que debe ser de aplicación del presente tribunal”, afirmó Olvis Egüez, presidente del Tribunal en el caso Petrocontratos.

La audiencia se instaló en presencia de los nueve magistrados que conforman el TSJ, el Ministerio Público, la representación de YPFB, la representación de la PGE, la representación del Ministerio de Hidrocarburos, Viceministerio de Transparencia y la defensa de los acusados en este caso, ejercida por Defensa Pública, quienes no objetaron la solicitud presentada por la PGE.

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El 22 de agosto, el TSJ comenzó el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), los exministros de Hidrocarburos Carlos López Quiroga y Jorge Berindoague Alcócer, y el exviceministro Carlos Contreras del Solar. Los acusados, al igual que el exmandatario, se encuentran ausentes y prófugos del país.

El expresidente y los demás acusados están en la mira por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esto en la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.

De los 106 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.

Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.