El secretario ejecutivo de la federación de gremiales del Sur de la ciudad de El Alto, Luis Paco, reconoció que no todos los productos que ellos comercian son 100 por ciento bolivianos, pero aclaró que el control recae en las autoridades.
Fuente: ANF
La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Riveros, aseveró que los gremialistas del país comercian hasta un 90 por ciento productos de contrabando, por lo que son los “enemigos” de la producción nacional. Los gremialistas señalaron que compran los productos en territorio nacional y no es su responsabilidad controlar la procedencia.
“Los gremialistas son los primeros, se podría decir, enemigos de lo ‘Hecho en Bolivia’, ellos son los que se dan modos para meter productos al país y aquí comercializarlos de una u otra forma”, dijo Riveros a ANF.
La representante estimó que los gremialistas solo comercian un 10 por ciento de productos hechos en el país y el resto es de procedencia ilegal, principalmente en el caso de textiles con la venta de ropa usada.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI), de acuerdo a estimaciones realizadas, señaló que el contrabando duplicó su crecimiento en los últimos años en comparación al de la economía, y en 2022 alcanzó un valor de $us 3.331 millones.
Según la CNI, mientras la economía del país crece en torno al 4%, el contrabando lo hace al 8% y su nivel de aceleración es cada vez más profundo.
El secretario ejecutivo de la federación de gremiales del Sur de la ciudad de El Alto, Luis Paco, reconoció que no todos los productos que ellos comercian son 100 por ciento bolivianos, pero aclaró que el control del ingreso de mercancías al país, ilegal o no, recae en las autoridades.
“Si nos referimos al ámbito del contrabando, la mercadería no es al 100% nacional, evidentemente, pero eso nosotros no controlamos, el Gobierno central es el que controla las fronteras, los que nos dedicamos al comercio informal solo agarramos mercadería tanto de El Alto como de La Paz y lo comercializamos”, dijo en contacto con ANF.
Remarcó que al momento de adquirir algunos productos y prendas del mayorista no preguntan sobre la procedencia y si cumplen con requisitos exigidos por la Aduana, pero dio cuenta de que la calidad y la variedad es lo que se toma en cuenta para las compras, sobre todo en el caso de prendas de vestir.
“Sobre el producto que compramos no podemos decirle al proveedor que tiene que llevar este u otro control, porque la gente (gremialistas) elige cuál va a llevar, por eso nosotros siempre le pedimos a nuestros hermanos de las Mypes que mejoren un poco la mano de obra y también así la gente va a adquirir sus productos y nosotros también vamos a buscar sus productos para comercializar”, remarcó.
Riveros advirtió la falta de políticas efectivas de parte del gobierno para combatir este flagelo, tanto a nivel nacional como subnacional y lamentó que algunos municipios, por tener ingresos, prefieren “legalizar este ilícito” al otorgar patentes y licencias de funcionamiento a gremiales que, por ejemplo, comercializan ropa usada.
“Aquí necesitamos realmente políticas para que el gobierno tenga mucha más acción, las alcaldías están legalizando (a las tiendas con productos de contrabando) al otorgarles las licencias de funcionamiento en diferentes lugares, en el centro de la ciudad tenemos un montón de tiendas donde se comercializa esta ropa usada”, señaló.
Indicó que igualmente, el Servicio de Impuestos Nacionales no clausura esas tiendas que incluso algunas emiten facturas y al otorgarles dosificación “Impuestos Internos estaría legalizando lo ilegal y ellos ya estarían legalmente establecidos”.
El dirigente de los gremialistas de El Alto reconoció que el comercio de ropa usada esta prohibido por ley y que quienes lo venden son sus afiliados, pero no pueden actuar en contra de ellos debido a que constituye su fuente de trabajo. Una vez más refirió que es labor de las autoridades hacer el control y no de ellos.
“Evidentemente la ropa americana es un producto prohibido, pero nosotros no podemos desamparar al hermano que vende esas prendas, son nuestros afiliados, están en nuestras ferias, además desconocemos si es que siguen agarrando (comprando ese tipo de productos) o es lo que les ha quedado, pero de vender venden y eso debería regularizarlo el Gobierno central y no nosotros, como organización social no podemos sancionarlos”, apuntó.
Riveros refirió que su sector presentó un proyecto al alcalde de La Paz, Iván Arias, para que el municipio ya no autorice la apertura de tiendas de ropa usada, “porque al autorizar están dando legalidad a esto, pero pueden clausurarlo y no volver a autorizar y así poco a poco ir disminuyendo la ropa usada”.
Pero “ellos están viendo más que se pueda pagar una patente que no cuesta más de 80 bolivianos anuales y no reparan en el daño terrible que se está haciendo a la industria boliviana”, apuntó.
Dijo también que en varias oportunidades tuvieron reuniones con el sector gremial para tratar el tema, pero “ellos tampoco quieren consumir lo nuestro, y como ejemplo tenemos que en las mañanas (en la ciudad de La Paz) se ve venta de más ropa china que lo ‘Hecho en Bolivia’”.
Riveros aseveró que bajo el amparo de los gremiales están escondido los “grandes contrabandistas” y que eso se demostró incluso en un operativo de lucha contra el contrabando en la frontera de Desaguadero, donde la modalidad es usar facturas falsas para ingresar mercadería.
“Hace dos años hemos acompañado justamente con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando un operativo y realmente ha sido pues muy deprimente ver que nuestra misma gente es la que mete de a poco contrabando”, remarcó.
/ANF/