Mientras el proceso legal por estos sucesos de 2021 no avanza, esa zona de la provincia Guarayos se convirtió en un escenario violento por la disputa de tierras
Fuente: El Deber
El caso Las Londras, vinculado con el secuestro de 17 personas, se encuentra paralizado y la defensa de los periodistas agredidos continúa esperando la convocatoria a juicio oral. Los cinco acusados, tres con medidas sustitutivas y dos “prófugos” están siendo investigados por lesiones graves y leves; privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, tentativa de homicidio y amenazas, delitos que pudieron haberse consumado el 28 de octubre de 2021.
Ese día, 17 personas, entre periodistas, policías y civiles, fueron atacadas en el predio Las Londras, ubicado a casi 200 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra, por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas que habían tomado ilegalmente varios terrenos productivos en la provincia Guarayos.
Sixto Canaza Sacaca, Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Nicolás Ramírez Taboada y Martin Tejerina Villalobos, son las cinco personas que estaban siendo investigadas por el Ministerio Público. Las tres primeras, en primera instancia, fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel, pero luego la Justicia les otorgó medidas sustitutivas, en tanto que los dos último sindicados, Ramírez y Tejerina, nunca hicieron caso a la notificación del fiscal para realizar su declaración por lo tanto se encuentran en calidad de prófugos.
La abogada Raquel Guerrero indicó que en la actualidad el caso se encuentra en el Tribunal Primero del municipio de Concepción y se espera de que se notifique a la parte acusada para que fije fecha y hora para el juicio oral.
Canaza Sacaca, integrante de la Federación Especial de Comunidades Interculturales de San Julián Norte, fue identificado a través de un video en el que aparece junto a otras personas de la mencionada federación. Canaza, según otro registro audiovisual, también estuvo en el velorio de Félix Rivera, intercultural que murió por efecto de heridas de bala en un enfrentamiento por tierras que tuvo lugar en la comunidad Las Londras hace una semana.
Esos dos videos fueron transmitidos en directo después de las 19:00. Canaza no podría estar lejos de su domicilio debido al arresto domiciliario que fue dictaminado en su contra.
Ante esto, Guerrero informó que pidió a la Fiscalía una audiencia al juez para que le revoquen las medidas sustitutivas que estn vigente Canaza, pues consideró que no solo incumplió con el horario de su restricción, sino con otras medidas impuestas. “El Ministerio Público debería pedir la revocatoria de las medidas, porque en el video de la conferencia se demuestra que él está incumpliendo las medidas impuestas, es decir el horario de arresto domiciliario y está incumpliendo también la orden del juez de acercarse a Las Londras, de liderar otra toma violenta y de acercarse a los otros implicados al estar con Nicolás Ramírez”, explicó la abogada.
Sobre el reciente enfrentamiento en Las Londras, que tuvo lugar la madrugada del 2 de diciembre, y que dejó un fallecido, además de varios heridos, Guerrero cree que el juicio a los responsables puede quedar en nada. “Seguro que ni la Fiscalía ni la Policía no harán ninguna acción, y más seguro es que los avasalladores cumplan sus amenazas dictadas en la resolución. Además, el delito que (el fiscal Róger) Mariaca abrió es instigación a delinquir, que tiene como pena de dos meses a dos años y no da como para que el Ministerio Público realice una resolución de aprehensión”, señaló.
Hace unos días, la Federación de Interculturales de San Julián sacó una resolución en la que “condenan a muerte” a empresarios y aseguraron que ellos serían responsables del fallecimiento de Félix Rivera. Además, Nicolás Ramírez amenazó con usar armas fuego en represalia por la muerte del mencionado intercultural.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que el Gobierno no tolerará nactividad delictiva y advirtió que si existen personas que están cometiendo apología del delito o conducta vinculada con algún tipo penal, tendrán las consecuencias. Ayer, uno de los dirigentes implicados en el caso fue detenido por inmediaciones del Zoológico, en la capital cruceña.
Otros predios avasallados
Sun Chel Kim, integrante de la familia que es propietaria del centro turístico que está detrás de la refinería de Palmasola, manifestó que desde el 2015 los avasalladores los vienen acosando y creando “una especie de tortura psicológica” con procesos judiciales. El año pasado, el conflicto se tornó más violento cuando estas personas ingresaron con maquinarias a los predios privados de la familia e incluso amenazaron y agredieron a los trabajadores del complejo.
Esto alcanzó su pico alto de violencia el 8 de diciembre del mismo año, cuando vecinos autoconvocados llegaron a estos predios para desalojar a los avasalladores y se registró un enfrentamiento entre ambos bandos, que dejó varias personas heridas, entre ellas un periodista de EL DEBER que fue violentamente golpeado en medio de una turba violenta.
Raquel Guerrero, abogada del periodista afectado, indicó que a un año de la agresión el Ministerio Público rechazó la denuncia. “Pese a que nosotros presentamos varias imágenes (como prueba) la Policía, al igual que la Fiscalía, no han realizado ningún acto investigativo para dar con los autores (de la agresión) y al no poder identificarlos, el caso ha sido rechazado por el fiscal”, dijo la abogada.
Días después del enfrentamiento, la Policía realizó un operativo en la zona donde se aprehendió a 13 personas que fueron acusadas por asociación delictuosa, incendio, deterioro de bienes del Estado y riqueza natural.
El abogado de la familia Kim, Diego Coimbra, recordó que todos fueron condenados debido a que la mayoría se sometió a un proceso abreviado, pero como sus sentencias no pasaron los tres años, muchos de ellos se beneficiaron con la suspensión condicional de la pena de cárcel.
“En teoría deben estar libres, pero lo importante es que se ha marcado un precedente que debería repercutir en casos similares a este”, explicó Coimbra y agregó que actualmente la familia Kim es constantemente hostigada por personas que quieren atentar contra sus terrenos.
Grupos armados
El abogado Gary Prado cree que estas intervenciones en tierras fiscales y particulares, con grupos armados, forman parte de un plan del Gobierno nacional para afectar la seguridad jurídica en Santa Cruz y arremeter contra el empresariado vinculado al agro.
“Están demostrando que ellos pueden avanzar en la toma ilegal de tierras, amenazas y portación ilegal de armas, que son delitos de orden público que deberían ser investigados por el Ministerio Público, pero no lo hacen”, observó.
Hace unos días, el vocero presidencial, Jorge Richter, descartó la posibilidad de que existan grupos armados e irregulares en Bolivia, pero aseguró que el Estado tiene que intervenir para frenar estos hechos de violencia provocados por personas que se organizan para invadir tierras privadas y productivas.
Fuente: El Deber