La operación de rescate de rehenes «Chavín de Huantar»

Por: Carlos Manuel Ledezma Valdez

ESCRITOR, INVESTIGADOR, DIVULGADOR HISTÓRICO



 

 

 

Cuentan las crónicas del 17 de diciembre de 1996, que el grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), irrumpía violentamente en la residencia del embajador del Japón en Perú. Esta célula terrorista, asaltó el edificio y tomó como rehenes a varios centenares de personas, entre diplomáticos, oficiales militares, empresarios y muchos otros que se encontraban allí por invitación del diplomático japonés que celebraba su fiesta de cumpleaños. La toma de rehenes se prolongó por alrededor de cuatro meses, desencadenándose finalmente en una incursión armada que arrojó el saldo lamentable de 17 personas muertas.

Un acto extraído de película de ciencia ficción, conmocionaba al pueblo peruano y al mundo, que volcaba su atención en el epicentro de una crisis política que hasta entonces había dejado asomar apenas resquicios de todo cuanto se ocultaba bajo el inmenso mar de dilemas de los hijos del sol. 14 miembros armados del MRTA, a la cabeza de Néstor Cerpa Cartolini, ingresaron la mañana de aquel martes de diciembre del año noventa y seis, en una audaz toma que secuestraba cerca de 600 personas.

Las actividades terroristas en el Perú alcanzaron notoriedad durante la década de los años ochenta, a través de dos células terroristas que impusieron una estrategia de terror que se prolongaría por alrededor de tres lustros. Sendero Luminoso y el MRTA crearon un ambiente de tensión, desolación y muerte, en una lucha sin cuartel que abarcaba la ciudad y el campo, arrasando dentro de aquella vorágine de violencia la cultura, la libertad, los valores y la vida del pueblo peruano.

El MRTA emerge a la vida pública el año 1984, remontándose en sus orígenes al partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y al Partido Comunista del Perú que pervivía fusionado en otras organizaciones políticas como ser el Movimiento de Izquierda Revolucionario El Militante (MIR-EM), el Partido Socialista Marxista Leninista (PS-ML), que eran conocidos también como La Convergencia que para el año 1982 ya habían adoptado el nombre del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, mismo que comenzó sus actividades subversivas con un ataque al puesto policial de Villa El Salvador (Lima – Perú), el 22 de enero de 1984, iniciando así su denominada Guerra Revolucionaria Popular.

Victor Polay Campos, fue el primer cabecilla del MRTA y el encargado de organizar y formar los cuadros guerrilleros que habían sido trasladados hasta las regiones selváticas del Cuzco el año de 1985. Tras su desarticulación por parte de las fuerzas armadas del Perú, el grupo terrorista se dirigió hacia las regiones cocaleras de Junín, Huánuco y San Martín, donde articularon sus brazos operativos gracias al apoyo de los grupos que manejaban el tráfico de estupefacientes.

Con la llegada de Alberto Fujimori a la presidencia del Perú, se produjo un cambio significativo en lo concerniente al manejo de la creciente ola terrorista. El compromiso asumido planteaba la erradicación definitiva de cualquier grupo o célula terrorista, para lo cual se replantea el rol de las Fuerzas Armadas, instruyendo que deberían volcar sus acciones, experiencia, infraestructura y vocación, para actuar de ser necesario enfrentando a los grupos armados terroristas. También se potenciaría el sistema de inteligencia, que fue dotado de recursos y tecnología adecuada para los objetivos de una lucha frontal contra el terrorismo.

La toma de la embajada del Japón fue planificada durante ocho meses. Durante el asalto los terroristas estaban fuertemente armados, con equipos que les permitiría soportar un prolongado asedio. Cada hombre contaba con un fusil, pistolas automáticas, granadas antipersonales, equipos de comunicación, máscaras antigases; llevaban además lanza cohetes, minas antipersonales y explosivos del tipo caza bobos. Las demandas dadas a conocer, exigían: la liberación de 465 miembros del MRTA, una revisión de las reformas “neoliberales” realizadas, reformas en los programas de asistencia extranjera del Japón en el Perú, acabar con las condiciones crueles e inhumanas de las cárceles peruanas.

Dentro de lo previsible, el Presidente del Perú, anunciaba oficialmente por cadena nacional su condena a los hechos y el rechazo a cualquier demanda en los términos que se lo planteaban, aunque dijo que estaba dispuesto a explorar soluciones pacíficas. Se conformaría un equipo de negociaciones, que incluía a diplomáticos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y funcionarios del gobierno que estuvieron trabajando durante 126 días, tiempo que duró el secuestro.

Paralelamente, la instrucción del gobierno de la república del Perú, fue el de la planificación de una acción militar, para lo cual se creó la “Fuerza de Intervención”, conformada por efectivos de élite que tenían formación en combate de comandos, pertenecientes a las Fuerzas Especial del Ejército y de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, mismos, que fueron preparados para combatir a la amenaza terrorista.

El periodo de crisis que mantuvo en vilo a la comunidad internacional, se prolongó hasta abril de 1997, debido a que el gobierno de Fujimori no podía correr el riesgo de ejecutar acciones militares que pongan en riesgo a los 72 rehenes que permanecían secuestrados por el grupo terrorista, por lo que, la estrategia de continuar las negociaciones servían de distracción al tiempo que se preparaba la Operación de Rescate de Rehenes “Chavín de Huantar”.

El día 22 de abril de 1997, al promediar las 14:30 horas, un número de 140 efectivos élite del ejército del Perú, tomaron posición en los túneles que habían sido diseñados y perforados por debajo de la residencia del embajador del Japón. A las 15:17, el Presidente Fujimori autorizaba el inicio de la operación de rescate. 15:23, tres detonaciones bajo el piso de la sala, comedor y la cocina, abrían paso a los efectivos militares que ingresaron rápidamente, produciéndose acto seguido un enfrentamiento de fuego cruzado con el grupo terrorista. Al Promediar las 15:24 horas, comenzó a salir el primer grupo de cuatro rehenes y sobre las 15:29, eran rescatados otros cinco, a las 15:33, en medio del enfrentamiento, salía un grupo de 29 rehenes por la terraza de la residencia. Cerca de las 15:35, un grupo de rehenes japoneses era evacuado por los túneles; a las 15:37 otro grupo se descolgaba por una ventana y alcanzaban otro túnel en una casa vecina. (Fuente: Periódico – El Comercio, 1997).

La Operación de Rescate de Rehenes “Chavín de Huantar”, fue considerada un éxito, aunque tuvo un saldo negativo de 17 personas muertas: Los 14 terroristas fueron abatidos durante el enfrentamiento. Los efectivos del comando élite Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, también perdieron la vida, el primero cayó mientras protegía la salida del canciller Tudela; el segundo fue alcanzado por una granada de mano mientras socorría a su compañero herido. Uno de los rehenes también falleció, tras ser evacuado herido, a raíz de un para respiratorio.

Posterior a los acontecimientos, comenzaron a tejerse una serie de versiones en relación al hecho concreto, sumado al descontento social que existía con el gobierno, la oposición exigía que se aclare los detalles y la participación del ejército y que se determinen responsabilidades en el caso de los decesos. Se llegó a especular acerca de la participación de un “destacamento clandestino”, del que no tenían conocimiento los propios efectivos del comando especial que se había organizado para resolver la crisis terrorista. Sea como haya sido, la amenaza de los rehenes, resultaba ser mucho peor que el acatamiento a la demanda de los terroristas, tomando en cuenta que se trata de una situación hostil y violenta, con uso amplio de armas de guerra, la negociación resultó ser siempre compleja.

El deber fundamental del Estado y también de los seres humanos, es y debe ser siempre la vida. Dentro de un sistema de democracia liberal, las demandas legítimas, no pueden realizarse bajo ningún concepto a través de actividades terroristas, secuestros, violaciones de derechos, violaciones de libertades, puesto que estás prácticas que son demenciales y delictivas, son conducentes a que el Estado piense –equivocadamente–, que el <<uso de la fuerza>> es legítimo. Las actividades subversivas son completamente opuestas a las virtudes derivadas de la libertad, no puede justificarse una lucha social, una revolución, una “toma de rehenes” a nombre del pueblo, ejecutando prácticas que atentan contra aquellos a los que dicen defender.