La postergación de los comicios vulneró los derechos políticos de los ciudadanos. Entidades internacionales exteriorizaron varios reclamos, pero no hay un giro en el timón. La reforma judicial es una de las causas fallidas en el gobierno de Luis Arce.
Fuente: El Deber
El 2023 terminará sin elecciones judiciales y no hay certeza de que en 2024 se elija a los nuevos magistrados. El año también concluye con al menos cinco vulneraciones constitucionales y derechos infringidos a la ciudadanía. En este escenario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) descalifica al Legislativo para plantear soluciones y así evitar un vacío de poder. Los magistrados se atrincheran a días del término de su mandato.
Este escenario es más complejo y las salidas legales están casi agotadas. Por eso, se perciben dos grandes intenciones del Órgano Ejecutivo, según la lectura de expertos constitucionalista. Por una parte, está la idea de archivar definitivamente la anunciada reforma judicial y segundo copar, por completo, el Órgano Judicial con un “poder político” para “proscribir” a Evo Morales, anular su candidatura y así lograr que el actual Gobierno permanezca en el poder hasta 2030.
En la Constitución Política del Estado (CPE) se identifican al menos unas cinco vulneraciones por la postergación de los comicios judiciales, según las consultas realizadas por EL DEBER con especialistas en esta materia.
La primera es a los Derechos Políticos establecidos en el Artículo 26 de la CPE que establece el derecho al sufragio mediante voto universal, directo individual, secreto libre y obligatorio, escrutado públicamente. La segunda se encuentra en el Artículo 144 referente al ejercicio de la ciudadanía que consiste en “concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público”, entre ellos el Órgano Judicial.
La tercera se ve en el Artículo 115 que establece en su parágrafo segundo que “el Estado garantizará el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Goitia señaló que al no realizarse las elecciones judiciales este año y al no contar con nuevos magistrados “se descabeza el Órgano Judicial” y se perjudica a la ciudadanía.
“Se vulnera el debido proceso y se termina afectando a quienes llevan a cabo procesos judiciales y que terminan en las altas cortes porque sus procesos se ven relegados, vulnerándose los principios, garantías y derechos al debido proceso a una justicia pronta y oportuna”, afirmó Goitia en una entrevista con EL DEBER.
La cuarta vulneración identificada se refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, señaladas en el Artículo 158 dice que una de sus facultades es preseleccionar candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Con el recurso de Inconstitucionalidad que aceptó el TCP, la entidad que anuló la convocatoria y el reglamento de preselección de candidatos que elaboró el Legislativo, esas atribuciones se congelaron de manera arbitraria.
La quinta vulneración es contra el Órgano Judicial. Al no realizarse las elecciones judiciales este año, no tendrá nuevos magistrados electos por voto popular.
La Constitución boliviana establece en sus artículos 182, 188, 194 y 198 que la forma de elección de los magistrados al TSJ, al Tribunal Agroambiental, al Consejo de la Magistratura y al TCP, se elegirán mediante sufragio universal entre los candidatos propuestos por el Legislativo. Estos mandatos no se cumplirán.
Observaciones y el TSJ
Ante la ausencia de las elecciones judiciales, el oficialismo y la oposición en el Legislativo plantean varias propuestas de leyes cortas para evitar un vacío de poder en el Órgano Judicial desde enero de 2023. Las mismas hacen énfasis en designar magistrados suplentes puesto que el mandato de los actuales magistrados debe concluir el último día de este año.
El presidente del TSJ, Ricardo Torres, rechazó cualquier propuesta y declaró que todas son “inconstitucionales” puesto que, según él la única atribución del Legislativo es hacer una preselección y elaborar la convocatoria.
“Con estos proyectos de ley pretenden arrogarse atribuciones que no les competen”, dijo la autoridad a la Red Uno. Añadió que la única entidad que puede coadyuvar para resolver esta crisis es el TCP. Caso contrario se verían otras intenciones del sistema político que, según su visión, pretende dominar la Justicia.
Para el abogado Israel Quino, sí existen intereses políticos, pero no del Legislativo sino del Ejecutivo, que con el poder político que ostenta busca anular electoralmente a su rival más peligroso, el líder cocalero Evo Morales.
“¿Y cuál es su objetivo? Reelegirse. Y con la pretensión de reelegir, eliminar a cualquier adversario político, pero en particular, eliminar electoralmente a Evo Morales. El poder político lo único que quiere es reelegirse y lamentablemente perpetuarse en el poder, porque la sentencia constitucional 084 del año 2017, de la reelección indefinida, hoy en el país sigue vigente”, afirmó el especialista al diario EL DEBER.
En tanto, el abogado Goitia hizo énfasis en que más allá de esta crisis judicial lo más importante es impulsar una reforma constitucional ya que queda demostrado que no funciona la elección judicial por voto popular. “El interinato debería servir para poder elaborar y materializar esa reforma constitucional. No basta poner el parche si no curar la enfermedad”, dijo el experto.
Fuente: El Deber