PGE 2024 busca contraer una deuda pública de más de $us 15.000 millones

La propuesta del Gobierno fija una cifra de 24.666 millones de bolivianos para la compra de combustibles.

Fuente: El Diario

El Presupuesto General del Estado (PGE) plantea para la gestión 2024 adquirir una deuda externa adicional por 4.187 millones de dólares y una interna de más de 11.000 millones de dólares, casi 3 veces más que la primera. Se observa mayor incremento de la deuda pública nacional. Además, lo crítico, es que, del total, el 40% depende precisamente de deuda pública y no de ingresos propios.



El análisis corresponde al presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, en su artículo de opinión titulado “PGE 2024 ¿Será sostenible?”, sobre las fuentes de financiamiento, y en la misma detalla que la deuda interna, que pretende adquirir el Gobierno el próximo año, alcanza a 11.043 millones de dólares.

El presupuesto consolidado de la administración pública 2024, establece un monto consolidado de 265.558.034.07 bolivianos (mismo monto para ingresos y egresos), de cual, los ingresos corrientes son por un monto de 159.980.873.061, sólo el 39% corresponderán a ingresos de operación y el 36% a ingresos tributarios.

En el caso de los gastos corrientes, cuyo monto asciende a 155.639.516.115 bolivianos, el 32% se irá a pago de sueldos y salarios, cuyo monto será mayor considerando el incremento salarial del 2024, una cifra importante; un 43% se irá al pago de bienes y servicios. Finalmente, solo el 4% será destinado para el pago del servicio de la deuda externa la próxima gestión.

Según el proyecto de ley 030/2324 del PGE 2024, en su artículo 7, endeudamiento público mediante la emisión de títulos valor en mercados de capitales externos, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) celebrar operaciones de deuda pública hasta un monto máximo de 2 mil millones de dólares. Así mismo, en el artículo 8, líneas de crédito contingente, autoriza al Ministerio de Planificación del desarrollo, hasta un monto de 700 millones.

De manera resumida, se evidencia que para el 2024 habrá un PGE en un 8,9% más grande que el 2023, donde no están plenamente garantizados los recursos económicos, sean propios o externos, debido a los problemas de liquidez vigentes (divisas) y a la baja solvencia financiera por parte del Gobierno Nacional, señala el economista.

“(…) de hecho se está apostando a un mayor endeudamiento público para garantizar la sostenibilidad del PGE, el cual muestra nuevamente un déficit fiscal sostenido debido a un continuo incremento en los gastos corrientes del Estado; se estima para el 2024 casi 27 mil millones de bolivianos de pérdida según el flujo financiero consolidado del sector público”, alertó.

Finalmente, aún prevalece un PGE burocrático y centralista, donde más del 80% de los ingresos y gastos serán administrados por el Gobierno nacional y sus demás dependencias estatales; lo cual limita recursos y autonomía de gestión para municipios, gobernaciones y universidades principalmente.

De igual manera, el PGE representa alrededor el 80% del PIB, que, considerando el tamaño y tipo de economía que tenemos, le da poco margen de maniobralidad financiera ante shocks externos, y ahora, ante los problemas políticos y de gobernanza al interior del partido oficialista.

Subvención e incentivo a hidrocarburos

El Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 destinará 10.503 millones de bolivianos para la subvención, ha hidrocarburos se destinará más de 9.000 millones y alimentos estratégicos para la canasta familiar, 700 millones, de acuerdo a las cifras presentadas por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Además, la propuesta busca alianzas público privadas para desarrollar algunos sectores de la economía nacional, así como a sus empresas.

La subvención e incentivo a los hidrocarburos tendrá un presupuesto de 9.803 millones de bolivianos. Para el diésel oil se destinará 5.867, a insumos y aditivos 3.634 millones, a incentivo a los hidrocarburos 157 millones, a Gas Licuado de Petróleo (GLP) 108 millones y a gas oil 37 millones, según los datos del Ministro de Economía.

Mientras se destina a alimentos 700 millones de bolivianos. La subvención del trigo recibirá 331 millones de bolivianos, el maíz 262 millones y el arroz 107 millones.

Compra

Entretanto, el presupuesto también prevé garantizar la subvención de los hidrocarburos. “Ahí está el gasto que va hacer el sector público de 66.439 (millones de bolivianos) y noten que YPFB o la parte de hidrocarburos es casi la mitad, 34.778 (millones de bolivianos), de esos 34.778 (millones de bolivianos), 24.666 (millones de bolivianos) es el mayoreo, es decir la compra de gasolina, diésel, que tiene que usar la economía nacional”, añadió.

De acuerdo a datos oficiales, el monto de la compra de combustibles alcanza a más de 2.000 millones de dólares a septiembre de la presente gestión y para el 2024, la cifra se eleva a más de 3.000 millones.

El Presupuesto Agregado será de 340.317.970.486 bolivianos, mientras que el PGE 2024 consolidado de 265.558.034.072. El primero creció en un 7,3% respecto al 2023 y el segundo se incrementó en un 8,9%.

El proyecto del PGE 2024 establece dentro de sus metas macroeconómicas, un crecimiento del PIB del 3,71%, mucho menor al 4,86% fijado para este 2023, a pesar de que los organismos internacionales sostienen que Bolivia crecerá el 2024 y 2025 por debajo del 2% anual.

Se espera que el 2024 tengamos una inflación acumulada del 3,60%, dato un poco mayor a lo que se registrará este año. Respecto al Déficit Fiscal del SPNF, se estima que será del -7,80% de nuestro PIB; este 2023 se proyectó una cifra del -7,49%, la cual podría darse dada la baja ejecución presupuestaria nacional.

Haciendo una pausa, en el tema de la inversión pública, la gestión 2023 se presupuestó 4.006 millones de dólares, de los cuales se estima que se ejecuten cerca al 50%, sin embargo, el 2024 se tiene presupuestado gastar 4.274 millones, de los cuales un 56% irá al sector productivo (industria, minería, hidrocarburos, otros), un 23% al sector social (salud, saneamiento básico, urbanismos y vivienda, deportes, educación, otros); un 16% a infraestructura y el 6% al sector multisectorial, detalló Romero.

Fuente: El Diario