La Paz. – Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ruddy Flores y Neldy Andrade que avalaron la relección de Evo Morales, en 2017, aún trabajan en la vicepresidencia del Estado. Sin embargo, pese a estar al servicio del Ejecutivo, los arcistas los tildaron de serviles al exmandatario.
“Esos bloqueos no tienen la intencionalidad de que se apruebe una ley judicial, esos bloqueos tienen la intencionalidad únicamente de que haya un Tribunal Constitucional Plurinacional servil al expresidente (Evo) Morales, un tribunal rendido a sus pies para que lo habiliten por quinta vez como candidato presidencial, como lo hizo el tribunal el año 2017 que lo habilitó a candidato de forma ilegal”, afirmó el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala ‘arcista’, Jerges Mercado.
Esas declaraciones surgieron por el bloqueo de carreteras que convocó el Pacto de Unidad ‘evista’, desde el lunes 22 de enero, exigiendo la renuncia de los magistrados prorrogados y que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto de ley que garantice las elecciones judiciales.
Anteriormente, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que las movilizaciones que estaba gestando el expresidente Evo Morales es porque se encuentra desesperado ya que solo una nueva sentencia podría habilitarlo como candidato, por un TCP que le sea incondicional y servil.
“Todas las afirmaciones de Evo Morales son mentiras y todas las afirmaciones solo piensan en él mismo. Lo que está buscando con la movilización y la desinstitucionalización que persigue no es mejorar a justicia, no es trabajar porque las víctimas tengan más derechos. A él le interesa él, toda esta movilización tiene un único fin: que otro TCP dicte una sentencia que cambie la 1010/2023”, afirmó.
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Los beneficios
El 28 de noviembre de 2017, los magistrados Macario Cortez Chávez, Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Bacarreza Morales, Mirtha Camacho Quiroga, Ruddy Flores Monterrey y Neldy Andrade Martínez dictaron la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó a Evo Morales y a Álvaro García, a repostularse de forma indefinida, por “derecho humano”.
La exmagistrada Neldy Andrade trabaja en la Vicepresidencia, la última declaración jurada publicada en el portal de la Contraloría General del Estado es del 12 de enero del año en curso. Mientras que Ruddy Flores también fungió como asesor en esa instancia gubernamental, su declaración jurada es del 6 de marzo de 2023.
Empero, Flores fue uno de los que obtuvo un cargo apenas concluyó su gestión en el TCP, en febrero de 2018 fue nombrado director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, dos meses después fue designado como responsable del Consejo Nacional de Refugiados en Bolivia (Conare). En mayo de ese año, Morales lo designó como ministro consejero ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza.
En 2018 se denunció que la hermana del exmagistrado, Betty Flores Monterrey también se benefició con un cargo público en la Procuraduría General del Estado, luego en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La más reciente información es que fue parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, su declaración jurada fue presentada el 22 de septiembre de 2023.
El tercer magistrado que trabajó en el gobierno de Luis Arce fue Zenón Bacarreza, según la declaración jurada fue funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud. Su declaración jurada data del 17 de febrero de 2022.
Empero, según información proporcionada a este medio, Bacarreza es cercano al equipo jurídico de Evo Morales. Además, estuvo en las vigilias que se instalaron frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la anulación del congreso de Lauca Ñ, en octubre de 2023.
Otros magistrados
En el caso de la exmagistrada Mirtha Camacho Quiroga trabajó en la Dirección Departamental de Educación de Oruro, actualmente no existe registro de que sea funcionaria pública. Mientras que el extribuno Oswaldo Valencia se postuló para fiscal general del Estado en 2018 y para vocal de las salas constitucionales en 2019, pero no fue electo. Tampoco existe registro en la Contraloría de que sea parte de alguna institución pública.
Con relación a Macario Cortez, su última declaración jurada es de mayo de 2021, como funcionario de la Aisem. Luego de concluir su mandato, en 2018, fue designado como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En enero de 2019 fue contratado como director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo.
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