La ONU acusó a la dictadura de Cuba de un patrón de represión religiosa institucional

Basándose en un informe elaborado por Prisoners Defenders en 2022, expuso la represión absolutista contra el Islam y las religiones católica, protestante y yoruba en la isla caribeña.

Este pronunciamiento por parte de las Naciones Unidas eleva la presión internacional sobre el régimen cubano, cuestionando su compromiso con los derechos humanos y la libertad religiosa

Fuente: Infobae

 



 

En una respuesta directa al informe de Libertad y Represión Religiosa en Cuba de 2022 y la adenda presentada ante Naciones Unidas el 1 de septiembre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado a la dictadura de Cuba de mantener un patrón gubernamental de control y represión religiosa institucional.

El informe elaborado por Prisoners Defenders en 2022, en colaboración con Outreach Aid to the Americas (OAA), expuso la represión absolutista contra el Islam y las religiones católica, protestante y yoruba en la isla caribeña.

Este pronunciamiento por parte de las Naciones Unidas eleva la presión internacional sobre el régimen cubano, cuestionando su compromiso con los derechos humanos y la libertad religiosa.

Es el último desarrollo de una creciente preocupación internacional sobre la represión religiosa en Cuba.

El informe de 2022 que el régimen cubano reprime y controla de forma absoluta todas las prácticas religiosas en la isla. Según el estudio, el régimen comunista ha creado agrupaciones ficticias, dirigidas por la Seguridad del Estado y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAAR), que sirven a los intereses del Partido Comunista.

Las agrupaciones falsas incluyen la Asociación Cultural Yoruba, la Liga Islámica de Cuba, el Consejo de Iglesias y Pastores por la Paz. Según el informe, estas organizaciones son utilizadas para silenciar y controlar a las comunidades religiosas, creando un ambiente de represión sistemática.

Es el último desarrollo de una creciente preocupación internacional sobre la represión religiosa en Cuba

 

La catalogación de Cuba como “Country of Particular Concern” (CPC) por parte del gobierno de los Estados Unidos, tras la adopción del informe por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF), ha aumentado la presión sobre el régimen cubano.

El informe detalla que la situación no ha mejorado en 2023 y presenta 13 casos de represión religiosa en Cuba, incluyendo líderes y feligreses de las religiones yoruba, islámica, cristiana y evangélica. La carta de Naciones Unidas acusa explícitamente al régimen cubano de violar diversos derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, reunión pacífica y asociación.

La represión religiosa en Cuba ha sido objeto de advertencias anteriores por parte de Naciones Unidas, pero la nueva denuncia profundiza en los patrones de control, hostigamiento, amenazas y malos tratos a religiosos, destacando la planificación gubernamental y la implicación directa de la OAAR, vinculada al Comité Central del Partido Comunista.

La carta acusatoria, conocida como JAL CUB 4/2023, fue presentada por cinco Mandatos y Relatores Especiales de Naciones Unidas. Entre las acusaciones se encuentran la práctica de torturas, tratos crueles e inhumanos, violación de la libertad y seguridad personales, violación del derecho al debido proceso, entre otros.

Las autoridades cubanas aún no han respondido a las acusaciones formuladas por Naciones Unidas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el caso, instando al régimen cubano a abordar estas preocupaciones y respetar los derechos fundamentales de libertad religiosa.

La carta fue firmada por Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias; Matthew Gillett; vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Nicolas Levrat, relator especial sobre cuestiones de las minorías.