El expresidente Evo Morales dio su punto de vista y propuso una auditoría, con veedores internacionales, a las sentencias emitidas por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional.
Fuente: Red Uno
La prolongación del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) continúa generando fuertes declaraciones por parte de diversos actores políticos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El diputado del partido ‘evista’, Héctor Arce, acusa al ministro de Justicia, Iván Lima, de estar en ‘complicidad’ con la autoprórroga de los magistrados. “Con sus propias palabras, Iván Lima, reveló que hubo un acuerdo entre el gobierno nacional, el Órgano Judicial, y el Tribunal Constitucional Plurinacional, por eso es que no se ha pronunciado con firmeza repudiando esta autoprórroga”, dijo.
La primera vicepresidenta del Senado, Simona Quispe, responsabiliza al Ejecutivo por frustrar las elecciones judiciales, y acusa al ministro de Justicia de defender la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional. “Estamos en un estado dictatorial, el órgano electoral definirá lo que el quiere, sin respetar a la población y la Constitución Política del Estado», expresó.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, planteó que desde el 1 de enero todas las sentencias constitucionales y actos procesales son nulos de pleno derecho. Mientras que, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, denunció intereses políticos de perjudicar a la población al retrasar las elecciones judiciales.
En tanto, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, califica la autoprórroga como una decisión política y no jurídica. «Quizás el objetivo de algunos está en ‘patear’ las elecciones judiciales hasta 2026, lo cual incurre en incumplimiento de deberes para aquellos que no tienen la voluntad de cumplir este objetivo”, enfatizó.
El expresidente Evo Morales también dio su punto de vista y propuso una auditoría con veedores internacionales. “Ratifico la propuesta de realizar una auditoría técnica a las sentencias emitidas por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional en los dos últimos años y con veedores internacionales. Sería importante una investigación rigurosa del patrimonio de los dos ‘exmagistrados’, Iván Espada y Gonzalo Hurtado y no solo a ellos, también a sus familiares”, expresó.