Durante el último cuarto de siglo, Bolivia ha presenciado un notable incremento en su nivel de conflictividad. Según datos de la fundación UNIR, se registraron hasta 8 conflictos por día durante el período 2010 – 2020. Por su parte, la policía reportó un promedio de 4631 conflictos sociales por año entre 2012 y 2022, equivalente a 13 por día. Más allá de las discrepancias entre estas cifras, es innegable que Bolivia se caracteriza por su alta conflictividad.
Los bloqueos de caminos son una característica arraigada en la idiosincrasia y la historia de Bolivia. El primer registro de bloqueo parece remontarse a 1974, durante el gobierno del General Banzer. En aquella ocasión, una movilización en Tolata y Epizana protestó por la devaluación de la moneda, una demanda nacional en contra de un gobierno dictatorial que resultó en el despeje de vías a la fuerza y trágica pérdida de cerca de un centenar de vidas. Posteriormente, durante el período 2001-2022, se registraron movilizaciones de carácter inclusivo lideradas por sectores campesinos que buscaban la inclusión en una nueva constitución.
En la década de los 90 y parte del nuevo milenio, también se observaron bloqueos en Cochabamba, destacando el caso de los cocaleros del Chapare, cuyos intereses eran sectoriales y no nacionales, específicamente para proteger la producción de hoja de coca. Estas movilizaciones contribuyeron a catapultar a Evo Morales a la presidencia años después, en un contexto de debilidad institucional, corrupción y crisis económica. Sin embargo, esta región experimentó una relativa calma durante más de 15 años cuando Morales se convirtió en presidente.
En el año 2020, surgieron nuevamente los bloqueos en respuesta a la ausencia de su líder histórico en la Presidencia del país y en contra del gobierno de Añez. En 2024, esta táctica de bloqueo fue retomada bajo el pretexto de la falta de una prórroga automática, una demanda legítima que en realidad encubre objetivos más profundos: demostrar poder para atraer y ganar apoyo de otros grupos sociales, con la intención de luego someter gradualmente a aquellos que respaldan ideas de renovación política dentro del MAS.
El debilitamiento del Poder Ejecutivo actual se deriva de su participación en la crisis actual al ser instigador y cómplice del enredo legal y constitucional relacionado con la auto prórroga de las autoridades judiciales, que se utiliza como pretexto para justificar los bloqueos. Estas acciones buscan además destacar la figura del líder en los medios de comunicación nacionales e internacionales, transmitiendo el mensaje claro de que las políticas estatales deben ser acatadas o rechazadas según lo determine quien se autoproclama como una figura semidivina del Chapare y de Bolivia. En resumen, el actor que ascendió a la presidencia hace 20 años mediante chantaje recurre nuevamente a métodos primitivos para imponer su voluntad.
Comprendiendo los objetivos reales detrás de la búsqueda de recuperar el poder, es plausible inferir que en los próximos meses de 2024 y 2025, la región del Chapare y Cochabamba experimentarán bloqueos. Es probable que estas acciones se extiendan a otras zonas, ya que numerosos dirigentes campesinos y sindicales aspiran a acceder al Congreso u ocupar cargos públicos, considerando la posibilidad de que Morales regrese a la Presidencia. Teniendo en cuenta la historia de los bloqueos en años anteriores y la idiosincrasia de la mayoría de los bolivianos, esta medida se suspendió o entró en un receso durante el carnaval. Sin embargo, es casi seguro que reaparecerán una vez concluidas las festividades carnavalescas.
La conflictividad en Bolivia ha trascendido lo meramente reivindicativo para convertirse en una herramienta política destinada a desestabilizar gobiernos y demostrar fuerza política. A pesar de las afirmaciones de algunos representantes del MAS, que apoyan a Arce y Morales, sobre que las movilizaciones en contra de Morales en el 2019 fueron un golpe de Estado, los bloqueos actuales y futuros en Cochabamba también deberían ser considerados desestabilizadores y golpistas.
En última instancia, las consecuencias son claras: afectación a la economía nacional y pérdida de vidas en la confrontación de policías y gente que hace los bloqueos. La efectividad de esta medida para quienes la planifican es alta, ya que pueden paralizar el país, dañar la economía nacional quedando impunes y logrando réditos políticos futuros. Es urgente prohibir de una vez por todas esta práctica, procesar y detener a quienes la incitan y ejecutan, pues representan una amenaza para la estabilidad del país. Así como también exista división de poderes que inciten convulsión social.
Por Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Analista socioeconómico