El viceministro del Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que aún evalúan el traslado del gobernador cruceño y analizan otras vías para que acuda a la audiencia, entre ellas las virtuales como una conexión mediante Zoom.
El defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, al ser consultado sobre qué pasaría si no se acata la decisión de la justicia de trasladar al gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, para que comparezca en el juicio oral del caso del decreto 373 que está programado para el 11 de marzo, señaló que estas disposiciones se deben cumplir según lo que señala la ley.
“Hay una decisión, una disposición de una autoridad judicial y estas disposiciones se las tienen que acatar, las instancias administrativas y del régimen penitenciario, seguridad penitenciaria; y me imagino que las autoridades van a adoptar las medidas para que esto pueda desarrollarse”, señaló Callisaya.
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En ese contexto, indicó que “en lo futuro veremos qué es lo que acontece y en función a eso nosotros vamos a tener seguramente alguna postura”.
El viceministro del Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, señaló que aún evalúan el traslado del gobernador cruceño y analizan otras vías para que acuda a la audiencia, entre ellas las virtuales.
“Hay que comprender que no solamente tenemos que entender que debemos precautelar su integridad corporal, sino también impedir que con este traslado se violente la tranquilidad que tiene el territorio nacional”, señaló la autoridad de Gobierno.
En ese marco, explicó que “se está esperando el informe que se está evacuando a nuestra Policía Boliviana a través de los organismos pertinentes, con la finalidad de establecer si existen las condiciones para trasladar al señor Camacho”.
Aguilera indicó que si no hay las condiciones necesarias para ese operativo “existen métodos alternativos, me refiero a las conferencias por vía Zoom u otras, que van a permitir que el señor Camacho pueda acceder a ese juicio”.
“Por tanto, en este momento, todavía aquella circunstancia se encuentra pendiente, esperando que el informe que evacúe la Policía Boliviana nos permite establecer la pertinencia o no del traslado”, señaló.
La semana pasada, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, cuestionó que el Gobierno anuncie un análisis del traslado del gobernador Camacho a Santa Cruz y consideró que su labor debe enfocarse en brindar las condiciones para que esto se cumpla, puesto que hay una orden judicial de por medio.
Por su lado, el gobernador suplente de Santa Cruz, Mario Aguilera, señaló que las autoridades del Gobierno buscan excusas para no cumplir con el traslado.
Callisaya explicó que, sin embargo, “hay mecanismos internos también que los propios procesados pueden activar, hay un juez de control, que cuida las garantías de los privados de libertad”.