El ejecutivo podría obstaculizar la propuesta que garantiza la independencia a la máxima institución financiera del país
Vista del edificio del Banco Central de Brasil (EFE/Joédson Alves/Archivo)
Fuente: infobae.com
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Las aguas parecían haberse calmado entre el presidente del Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, y el gobierno brasileño. Tras un 2023 de tensiones y ataques al economista, definido por Lula de forma despectiva como “un ciudadano” que “no entiende nada del país” por la tasa Selic considerada demasiado alta por él, hacia finales del año pasado el clima se había calmado. A Campos Neto se le vio incluso relajado en el churrasco de fin de año organizado por Lula. Al fin y al cabo, los resultados que Brasil se trajo para 2023 gracias a las decisiones del Banco Central fueron muy positivos. El país terminó el año con una inflación dentro del objetivo del 3,25%, con una tolerancia del 1,5%. Medida por el Índice Nacional de Precios al Consumo (IPC), la inflación fue del 4,62%.
Pero con la reanudación de los trabajos del Congreso en febrero, la tregua corre el riesgo de romperse, y muy rápidamente. Esta semana, por ejemplo, la reunión entre Campos Neto y el ministro de Economía, Fernando Haddad, se canceló sin nueva fecha. Sin embargo, la reunión era importante porque en el orden del día figuraba la discusión de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que decidirá sobre la autonomía total del Banco Central. La institución ya goza de autonomía operativa gracias a una ley de 2021 que estableció un mandato de cuatro años para su presidente, que no coincide con el del jefe del ejecutivo para limitar las injerencias políticas. En los últimos días, Haddad había llegado a criticar este estatus ya consolidado. “Nuestro modelo de autonomía ha ido un poco más allá de lo que la experiencia internacional recomendaría, en mi opinión”, declaró el ministro en una entrevista televisiva. “Anticipar el mandato del presidente electo del Banco Central en dos años puede haber sido excesivo, quizás podríamos haberlo anticipado en sólo un año, ya que el presidente (de la República) no podrá destituir al presidente del Banco Central”, añadió.
La PEC, cuyo texto fue propuesto por el senador Vanderlan Cardoso, del Partido Social Demócrata (PSD), que pertenece a la coalición de gobierno, transforma la institución, que actualmente es una autarquía pública con estatuto, en una empresa pública. La propuesta otorga al Banco Central autonomía administrativa, contable, presupuestaria, financiera y de gestión de activos bajo la supervisión del Congreso. También confiere a la institución poderes de policía, incluidos los de regulación, supervisión y resolución. Sin embargo, al gobierno Lula no parece gustarle esta reforma.
Fuentes en Brasilia han confirmado a Infobae que la contrapropuesta del ejecutivo en la mesa de negociación sería sustituir el control ejercido por el Congreso, previsto en el texto de la PEC, por el del Consejo Monetario Nacional (CMN). El CMN está formado por la presidencia del Banco Central, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación que actualmente dirige Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Esto garantizaría un mayor control por parte del gobierno Lula.
Lula da Silva (RUETERS/Adriano Machado)
Campos Neto, que apoya la PEC, terminará su mandato a finales de diciembre y su intención es dejar el cargo con un Banco Central plenamente autónomo. El ponente de la Propuesta en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado es Plínio Valério, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), partido que no pertenece a la coalición gubernamental. Valério fue también el autor de la ley complementaria que otorgó el primer nivel de autonomía al Banco Central durante el anterior gobierno de Jair Bolsonaro. “Si ahora se trata de mejorar la autonomía de nuestro proyecto, bien, lo mejoraremos”, dijo refiriéndose a la PEC.
El Sindicato Nacional de Funcionarios del Banco Central, Sinal, se alineó inmediatamente con el gobierno. “El sindicato considera que el texto (de la PEC) fue redactado apresuradamente, sin un estudio previo necesario y sin ningún diálogo previo con los funcionarios del Banco Central”, dice una nota oficial del sindicato. “Sinal no acepta la imposición y arrogancia del Sr. Roberto Campos Neto y su texto mal formulado para servir a intereses privados”.
En realidad, el objetivo de la PEC es blindar de los intereses políticos el corazón de la política económica y monetaria de Brasil. “Teniendo en cuenta que el mandato de Campos Neto al frente del Banco Central termina a finales de este año y que el próximo comandante de la institución será nombrado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la transferencia de la supervisión de la institución al Congreso debería proteger al Banco Central de injerencias políticas indebidas en la gestión de las políticas monetaria y cambiaria, como las emprendidas en el pasado por los gobiernos del PT (el Partido de los Trabajadores), con resultados desastrosos para el país”, escribió José Fucs en el diario O Estado de São Paulo.
En Brasilia está prevaleciendo en este momento la adhesión a la Teoría Monetaria Moderna (TMM), una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto en forma de gasto público como de injerencia en las relaciones económicas. Aboga por políticas fiscales expansivas, financiadas mediante la creación de dinero porqué, para la TMM, ni deuda ni inflación son un problema. Sin embargo, hasta ahora no ha nunca tenido éxito.
En este escenario se entienden mejor los datos presentados el lunes por el Ministerio de Economía, que revelan un déficit primario de 230.540 millones de reales, 46.542 millones de dólares, en las cuentas públicas en 2023. Se trata del segundo peor resultado de la serie histórica iniciada en 1997 y corresponde al 2,1% del Producto Interior Bruto, (PIB) muy por encima de la promesa del ministro Haddad de un déficit máximo del 1% del PIB. Haddad culpó de este resultado al anterior gobierno de Bolsonaro, al que acusó de no haber pagado sus cuentas en 2022.
El ministro Fernando Haddad (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El diario Folha de São Paulo, en un editorial, rebate la versión del ministro. “Gran parte del déficit fue causado por un aumento del gasto de tipo permanente – y ya en el primer año de un mandato presidencial. Es cierto que en 2023 hubo desembolsos atípicos, principalmente para la liquidación de pagos atrasados heredados de la administración Bolsonaro. Sin embargo, la cifra del Tesoro también tomó libertades indebidas en la contabilización de los ingresos que serán excluidos en el cálculo final, que será realizado por el Banco Central. Después de un año perdido, comienza una nueva fase de ajuste de las cuentas públicas. No tendrá éxito, hay que repetirlo, si sólo pretende recaudar más ingresos, sin frenar el avance del gasto, especialmente el obligatorio”, reza el editorial.
Los datos publicados esta semana por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) sobre el empleo en 2023 también invitan a la reflexión. El número de empleados informales, de hecho, explotó, con 13,5 millones de personas sin contratos. Es la cifra más alta desde 2012, cuando había 11,1 millones. Sin embargo, la tasa de desempleo cerró 2023 en el 7,8%, la más baja desde 2014, una cifra que el gobierno brasileño celebró como un récord absoluto, con 100,7 millones de personas que trabajan.
“Hablar de récord es una tontería”, dijo al diario O Globo el economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, de la Fundación Getulio Vargas. Para Barbosa, “la población crece y es natural que la población empleada también aumente. En números absolutos, esta es la tendencia. Volviendo a la normalidad, después de la pandemia veremos un número récord de empleos con contrato formal, así como cabe esperar un aumento sustancial de los trabajadores sin contrato formal. Estos récords se batirán a menudo”. Cabe recordar que desde la pandemia dos millones de personas también han salido del mercado laboral como consecuencia de la extensión de los beneficios concedidos por el entonces gobierno Bolsonaro para la emergencia COVID-19 que también se mantuvieron en el tercer mandato de Lula. “Si no fuera por estas personas que han dejado de buscar trabajo, la tasa de desempleo estaría entre el 9% y el 10%”, alega Barbosa, que a continuación añade que “el termómetro del mercado del trabajo ha cambiado, lo que hace difícil evaluar la importancia del 7,8% en el mercado laboral brasileño. En 2019, esto provocaría una presión inflacionista que no veo por el momento”.
Otro punto crítico con el que la economía tendrá que lidiar en los próximos meses es la vulnerabilidad del país a la penetración de la corrupción. Brasil cayó diez puestos, ahora es el 104 de 180 países, en el ranking 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado el martes por la ONG Transparencia Internacional. Entre los puntos negativos destacados en la sección sobre Brasil del informe está el nombramiento de Cristiano Zanin, abogado de Lula durante la operación Lava Jato, como juez del Supremo Tribunal Federal. También pesó el mantenimiento de fondos no controlados para parlamentarios, las llamadas enmiendas, y el aumento del fondo electoral para las elecciones municipales de octubre. Una señal positiva, por otro lado, se vio en los nombramientos para puestos clave en la Policía Federal sobre la base de la experiencia técnica y la aprobación de la reforma fiscal, que podría ser un trampolín para la mejora de las medidas contra la corrupción.
El ahora ex ministro de Justicia y Seguridad Pública Flávio Dino y que desde el próximo 22 de febrero ejercerá su nuevo rol como juez del Supremo Tribunal Federal (STF), en su discurso de despedida del ministerio, condenó la clasificación de Transparencia Internacional por considerarla “bastante exótica”. “Lo que ha cambiado es que hemos puesto fin a la política de hacer un espectáculo de la lucha contra la corrupción, que es una forma de corrupción”, dijo. Incluso Gilmar Mendes, uno de los jueces del STF, comentó duramente la figura de Transparencia Internacional. En sus redes sociales escribió que “un índice basado en percepciones debe ser considerado con cautela. La cuestión requiere un examen más profundo para evitar sacar conclusiones precipitadas.” En 2018, Mendes logró en menos de un mes la liberación de 21 detenidos en la operación Lava Jato. Si en 2015 había declarado que “lo que se ha instalado en el país en los últimos años y se está revelando con Lava Jato es un modelo de gobierno corrupto, que merece el nombre claro de cleptocracia” el año pasado su discurso cambió. Durante una sesión del STF, Mendes afirmó que Lava Jato practicaba la “tortura” y que era “una vergüenza, una cosa pervertida”.
Transparencia Internacional Brasil escribió en su perfil de Twitter: “La cúpula del poder judicial tiene una gran responsabilidad en el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción. Y las perspectivas de mejora son dudosas, con nombramientos políticos en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el STF (incluyendo incluso al abogado personal del presidente), el Supremo Tribunal Federal anulando la ley que prohíbe a los jueces juzgar casos que involucren al bufete de un pariente, y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) rechazando una norma para proteger a los jueces de las presiones de empresas y abogados, así como el escandaloso desprecio por el tope salarial constitucional”.