Tres de cada 10 casos en la Fiscalía son de violencia familiar

En la gestión 2023, este continúa siendo el delito con mayor incidencia en las cifras del Ministerio Público, con 39.117 denuncias, frente a las 39.663 de un año anterior.

POR BORIS GÓNGORA

Referencial Foto: FGE.

 



Fuente: La Razón

Las denuncias sobre violencia familiar o doméstica en el Ministerio Público siguen arriba en las estadísticas. Según los datos cerrados de la Fiscalía en 2023, tres de cada 10 casos son por este ilícito, que tiene la mayor incidencia.

En el acto de Rendición Pública de Cuentas Final 2023, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, expresó su preocupación por que el delito con mayor incidencia continúa siendo violencia familiar. Aunque hubo una ligera disminución en los guarismos: de 39.663 casos en 2022, el año pasado bajaron a 39.117, o sea, 546 menos.

Del total de las denuncias recibidas en 2023, que ascienden a 157.319, el 25% corresponde a violencia familiar o doméstica (39.117); le siguen lesiones graves y leves (20.073) y robo (15.198).

Si se suman los casos no resueltos de 2022, que llegan a 153.835, la carga investigativa de la Fiscalía llegó a 328.712 el año pasado. Del total, se cerraron 162.505, quedando 166.207 denuncias aún pendientes de ser cerrados, según los datos.

En su informe, Lanchipa dijo que por distribución de la carga por instancias de su entidad, la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales son las que tienen mayor cantidad de casos; son el 33,4% (51.770) y 33,1%, respectivamente.

Violencia.

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el maltrato en el hogar, también denominado violencia doméstica, puede definirse como un “patrón de conducta utilizado en cualquier relación para obtener o mantener el control sobre la pareja”.

“Constituye maltrato todo acto físico, sexual, emocional, económico o psicológico que influya sobre otra persona, así como toda amenaza de cometer tales actos, lo cual incluye cualquier comportamiento que asuste, intimide, aterrorice, manipule, dañe, humille, culpe, lesione o hiera a alguien. El maltrato se puede producir en muchos tipos de parejas, como las casadas o las que viven juntas, y durante el noviazgo. Afecta a personas de cualquier nivel socioeconómico y educativo”, añade la ONU.

Daniela Cáceres, directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, indicó a La Razón que la gestión pasada, a diferencia de 2022, se tuvo una reducción en 1%, 405 casos menos.

Según la evaluación de la funcionaria, desde que la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia” entró en vigencia hace 11 años, hay un mayor ingreso de denuncias, porque la población conoce sobre esta norma y no quiere dejar en la impunidad estos casos.

“La población se acerca más al sistema de justicia para hacer su denuncia. Haciendo una mirada positiva, muchas veces no se denunciaba por diferentes circunstancias, entre ellas por una sociedad machista. Ahora hay una mayor información y la población puede acercarse y denunciar el hecho”.

FELCV

El director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Douglas Uzquiano, coincidió con el fiscal Lanchipa respecto a la mayor incidencia de casos de violencia intrafamiliar en el total de denuncias, que superan las 39.000.

Señaló a La Razón que existen al menos cinco componentes que se presentan continuamente en este tipo de violencia, empero, hizo énfasis en tres, que tienen que ver con el estado de embriaguez, la violencia psicológica y la violencia física, que en algunos hechos derivan en feminicidios.

La Fiscalía General del Estado registró 81 feminicidios en 2023, de los cuales 23 ocurrieron en La Paz, 20 en Santa Cruz, 12 en Cochabamba, 9 en Potosí, 6 en Beni, 4 en Tarija, 3 en Oruro, 3 en Chuquisaca y 1 en Pando. Mientras que en esta gestión, del 1 de enero al 12 de febrero, se reportaron al menos siete crímenes de este tipo en el país.

“Debido a esto es que hemos estado trabajando silenciosamente en diversos sectores; uno de ellos, en los colegios. Esto porque incentivamos a los niños a que denuncien y no callen lo que les está sucediendo. Tratamos también de capacitar a todos los profesores. El año pasado se capacitó a través de las Direcciones Departamentales de Educación con el fin de que los maestros sepan cuándo un niño sufre algún maltrato o cuándo advierte violencia en su domicilio”.

Denuncias

Añadió que se facilitó la ruta institucional de la denuncia y que por instrucción del Gobierno y el Comando General de la Policía debe haber un mayor acercamiento con las familias, para concienciar y capacitar sobre este delito.

“Estamos  esperando el inicio de clases, porque tenemos que capacitar a tres sectores. Uno es a los directores y docentes de las unidades educativas, a los niños, y ahora queremos entrar a las juntas de padres de familia en los establecimientos educativos. Aunque sabemos que cuando uno convoca a los padres muy pocos van. También queremos ingresar a las juntas vecinales”.

Limitaciones

A pesar de las acciones para contrarrestar el aumento de la violencia familiar y los delitos en razón de género, la directora Cáceres remarcó que aún hay una serie de limitaciones, principalmente en la cadena de atención a las víctimas, no solo en la Fiscalía, sino en otras entidades, que tienen que ver desde lo económico hasta el personal humano.

 Además de los delitos de violencia doméstica o familiar, hay otros que la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género registra, como abuso sexual, con 3.866 casos en la gestión pasada. Le siguen violación, con 2.999; violación de infante, niño, niña o adolescente, con 2.803; estupro, con 1.782; acoso sexual, con 366; substracción de un menor o incapaz, con 356; violencia económica, con 149; aborto, con 127; rapto, con 81; aborto forzado, con 51, y otros en menor escala.

Delitos

“Evidentemente hay falta de personal, lo que genera que existan diferentes situaciones y no haya un trabajo más rápido. No solamente en el Ministerio Público, sino en las demás instituciones. Por ejemplo, en estas fechas de enero a marzo, los gobiernos municipales no cuentan con equipos multidisciplinarios, como psicólogos o trabajadores sociales, por la falta de contrato”, dijo la fiscal.

Complementó que esta problemática afecta al Ministerio Público debido a que cuando se solicita valoraciones a las víctimas, al momento de trasladarse a estas instituciones “no se cuenta con el personal para realizarles el informe solicitado o el acompañamiento jurídico requerido”.

“Son limitaciones que se presentan y necesitamos ir superando, ya son casi 11 años de la Ley 348 y todavía hay limitantes, como en lo económico, porque es una ley sin presupuesto”.

En esa línea, el director de la FELCV subrayó igualmente que una de las limitaciones está en la  cantidad de vehículos para efectuar su trabajo. Opinó que en muchos departamentos, las entidades autónomas territoriales “no cumplen con la entrega” a la FELCV de todo lo que le corresponde del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).

FELCV

“Tenemos postergaciones en ello y sería muy bueno potenciar lo que es la FELCV. En algunos lugares tenemos solo una camioneta y ese motorizado tiene que, si es un caso nuevo, hacer el registro, en otros el seguimiento y la vigilancia. Entonces eso demanda en cuanto a la cantidad de vehículos que utilizamos”, advirtió Uzquiano.

Anunció que para una mayor coordinación en la lucha contra la violencia hacia la mujer, por instrucciones del Gobierno se gestiona con las entidades territoriales autónomas terrenos para construir FELCV integrales, con el fin de que no solo trabaje el personal policial en esos espacios, sino también los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), los médicos forenses, los fiscales y los investigadores.

“De lograrse esto, ya no vamos a tener que decir a la víctima vaya al médico forense o que tenga que ir de un lugar otro. Ahí eliminaremos ese peregrinaje y que se pueda encontrar una solución en el lugar. El Gobierno está buscando el financiamiento para realizar las edificaciones. Tenemos los terrenos en Santa Cruz y Cochabamba, y El Alto está trancado por problemas políticos”.

Fuente: La Razón