Entre octubre y noviembre de 2022, el departamento de Santa Cruz —encabezado por su capital, Santa Cruz de la Sierra, y su mancha metropolitana— cumplieron 36 días de un paro cívico masivo para lograr la realización del Censo de Población y Viviendas en 2023. Parangonando las jornadas indignadas de octubre-noviembre de 2019 y el espíritu de victoria de Febrero de 2016 —aunque no se le menciona, agrego el exitoso movimiento crecientemente masivo de fines de 2017 e inicios de 2018 contra los intentos de graves cambios coercitivos y punitivos en el Código Penal—, los cruceños cumplimos con el paro, es cierto que con más sacrificio en algunas zonas —sobre todo las más populares, aquellas donde se trabaja para el “ganar el pan en el día a día”— que en otras (recuerdo San Martín Norte con restaurantes, cafeterías, tiendas, licorerías y cervecerías abiertas y visitadas, aunque con circulación vehicular disminuida y pitas cerrando entronques principales) pero todos convencidos que la meta —un pronto y completo Censo para saber cuánto somos, poder planificar nuestro desarrollo y, con ello, poder reclamarle al centralismo la redistribución de recursos que birla descaradamente a las regiones desde siempre— era, no sólo justa, sino imprescindible para asegurar las generaciones futuras.
Claro que mientras avanzaban los días de paro y sumaban los cabildos —una forma de democracia directa reconocida constitucionalmente pero nunca regulada: por ende, válidas sus decisiones sólo para quienes las acatábamos— y faltaba el dinero, sobre todo para los que vivían de su salario (y no sólo para “los del día a día”) y los agropecuarios —grandes, medianos y pequeños, que son decenas de miles, incluso centenares de miles en Santa Cruz— veían que su producción se perdía por los bloqueos en carreteras y caminos y los industriales —grandes, medianos y pequeños, que en Santa Cruz también son decenas de miles— no podía producir (y de ese trabajo también vive y es líder Santa Cruz) y se acumulaban deudas, salarios impagos, impuestos y se perdían contratos, algunas voces reclamaban —“acompañadas” con un coro de insultos y epítetos de “traición”— que íbamos hacia el suicidio del modelo de desarrollo cruceño, nuestro orgullo pero, sobre todo, nuestra razón histórica de no ser dependientes del Poder Central.
El paro terminó porque no tuvo nunca una estrategia perspectiva, menos una coordinación nacional con otras organizaciones afines de la Sociedad Civil. Lo que se logró en noviembre de ese año no fue una victoria, sino una constatación del desgaste al que nos condenaba —y sigue— el Poder del Centralismo, porque lo acordado estaba (en gran medida) ya discutido y avanzado por el Comité Interinstitucional antes del inicio del paro. La coordinación dentro de la brigada cruceña en la Asamblea Legislativa Plurinacional —que dio el espíritu de un entendimiento de avances mutuos entre las facciones opositoras— dio paso al fiasco público de que las oposiciones (a pesar de haber sido “consensuado” uno dentro de ella) presentaran en la ALP siete u ocho Proyectos de Ley del Censo (arcismo y evismo aún no habían pasado su Rubicón y estaban coordinados). Y, como colofón, Censo en 2024 y chau 2023, el leit motiv que abanderó el paro.
En el 2023, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno —motor y principal cerebro del Comité Interinstitucional— insistió, infructuosamente, en participar en el diseño de la boleta y la geodistribución del Censo; fracasado ello, dejó de ser actor activo. Para los Comités Cívicos fue el inicio del año, fue último momento de potente convocatoria, con un desafortunado —por inútil, como ya se ha explicado en muchos análisis— intento revocatorio del (inútil también per se) Presidente del Estado.
El 23 de enero, el INE informó que Santa Cruz era el departamento con menos inscritos como Agentes Censales voluntarios: el 52,7%. Aunque la noticia debió alarmarnos entonces (a pesar de que fue poco repetida), la seguridad de que la Gabriel —actor importante en 2016, 2017, 2018 y 2019 y principal en las marchas y protestas de 2023 por el Censo— ampliamente cubriría el faltante, a lo que se sumarían la convocatoria que haría el Comité Pro Santa Cruz en sus distintas instancias y las (casi seguras por ineluctables) participaciones de la Gobernación y de la Alcaldía de la ciudad capital, principalmente, estos dos últimos con miles de funcionarios y trabajadores, muy interesados todos (Universidad Pública, cívicos y Gobiernos subregionales) en potenciar un Censo exitoso. (El de 2012, incluso con muchísimas falencias y sin supervisión regional, nos reafirmó como la región más poblada y rica y acabó con los falsos mitos de “país indígena y rural”).
Y el 21 pasado —a poquísimo más de un mes del día del Censo— nos enteramos de que para Santa Cruz aún nos faltan más de 20 mil censistas y estaban convocando censistas dentro de los condominios. Yo, con 70 años, enseguida me inscribí y en dos días ya mi condominio tiene la cantidad básica de agentes censales voluntaria y entusiastamente registrados. Entiendo que ni la Gobernación (por todo el despelote político y de mezquindades que ha tenido) ni la Alcaldía (perdida en el autoelogio personal y mediático del Alcalde) sean aptas para lograr movilizar eficientemente; incluso puedo comprender que el civismo cruceño —silenciado en su estadio de “avestruz con cabeza enterrada” en el que lleva desde inicios del 2023— sólo haga tímidas convocatorias… ¡pero la Gabriel! ¿Gastó su energía en el 2022?
En fin, tenemos que cumplir y demostrar que el esfuerzo de 2022 no fue en vano.