A nivel mundial, dos premisas destacan en la gestión de la macroeconomía y las finanzas internacionales de los países. La primera enfatiza el papel principal de los bancos centrales en el control de la inflación y la estabilidad de los precios para fomentar un crecimiento sostenido. La segunda postula la necesidad de una política monetaria independiente, libre de interferencias políticas.
Durante la hiperinflación del periodo 1982-1985, la intervención del Banco Central de Bolivia resultó crucial. La institución brindaba información sobre el tipo de cambio a través del bolsín, lo que permitía a la ciudadanía y al empresariado boliviano ajustar los precios de bienes y servicios, utilizando este indicador como referencia para controlar la inflación.
No obstante, a partir de 2009, se implementó un tipo de cambio fijo respecto al dólar, lo que redujo la relevancia del bolsín como guía para los ajustes de precios. Como consecuencia, tanto el mercado como la industria tuvieron que adaptarse y encontrar otros métodos para fijar los precios. En resumen, la devaluación de la moneda nacional se absorbía dentro de la inflación, perpetuando así la presión inflacionaria en la economía.
Desde el año 2023 hasta la actualidad, se ha evidenciado un deterioro en la institucionalidad, lo que ha generado una pérdida significativa de credibilidad del BCB ante la ciudadanía. Ha habido demoras en la divulgación del estado de las reservas internacionales, las cuales han experimentado una notable disminución en los últimos 8 años. La gestión deficiente de la crisis en el desaparecido Banco Fassil ha agravado la situación. Además, la escasez de dólares desde febrero de 2023 hasta la fecha ha impactado negativamente la reputación ganada por esta entidad entre 1986 y 2006, un período en el cual desempeñó un papel crucial en la estabilización de la economía.
Lo más preocupante es el incumplimiento al objetivo de mantener reservas internacionales, suficientes. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2023, todos los países latinoamericanos experimentaron un aumento en sus reservas internacionales, excepto Bolivia, que registró una notable disminución en las suyas. Un análisis breve de los países vecinos revela que Perú incrementó sus reservas de USD 61.595 millones en 2015 a USD 74.072 millones en diciembre de 2023, mientras que Chile aumentó de USD 38.641 millones en 2015 a USD 47.084 millones en 2023. En contraste, Bolivia pasó de tener USD 15.123 millones en 2015 a solo USD 1.709 millones en 2023.
Bolivia corre el peligro de que el banco central siga respondiendo al poder político debido a gestiones de gobierno prolongadas, afectando la política monetaria para que responda a decisiones de corto plazo perturbando el futuro económico del país, como fue el caso del doble aguinaldo que se ha pagado y se pagó un año antes de elecciones, esta medida tuvo secuelas negativas en el mediano y largo plazo.
El gobierno actual no ha cumplido con la disposición constitucional que establece que el presidente del Estado debe seleccionar al presidente del Banco Central de Bolivia de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Durante los últimos 18 años, tanto el gobierno actual como el anterior, bajo el partido MAS, han designado de manera interina a siete presidentes del Banco Central de Bolivia, a pesar de contar con mayoría parlamentaria. Esta situación plantea interrogantes sobre cómo asegurar la independencia y la calidad técnica en las decisiones relacionadas con la política monetaria y cambiaria del país.
Ese desempeño implacable comenzó a deteriorarse por la pérdida de la independencia del Banco Central de Bolivia es cuestionable. Según el art. 326 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Órgano Ejecutivo, determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia, sin embargo, esa coordinación actualmente es inexistente considerándose más bien una imposición; el exministro Arce Catacora y actual presidente del Estado manifestaba que el Banco Central es un ente que depende (y) que está bajo tuición del Ministerio de Economía. Esta afirmación no fue un exabrupto, en reiteradas ocasiones el exministro desautorizaba al expresidente del B.C.B Marcelo Zabalaga (2010 – 2016) sobre diferentes temáticas.
Los efectos de esta desinstitucionalización han sido: el primero El intervencionismo se destaca como una preocupación principal, donde el poder ejecutivo ha forzado al BCB a otorgar préstamos especialmente a empresas públicas como YPFB, ENDE, ECEBOL y otras desde el año 2009. Según el Balance General del B.C.B. al 31 de diciembre de 2018, los préstamos ascendían a Bs. 49.554.111.321, y cuatro años después, para el 31 de diciembre de 2022, casi se duplicaron, alcanzando Bs. 95.941.069.059. Aunque la cifra es significativa, lo más alarmante es que el B.C.B. no es una entidad bancaria comercial capaz de evaluar adecuadamente los riesgos financieros.
En consecuencia, es necesario que la ciudadanía comprenda la necesidad de devolver la independencia al Banco Central de Bolivia y exija Poder Legislativo y Ejecutivo, el nombramiento oficial de una autoridad ejecutiva con probidad e idoneidad para alejar la posibilidad de desastres económicos. Es necesario que exista una entidad a política que pueda tomar decisiones sin cálculo político, sino eminentemente técnico que garanticen la estabilidad y el crecimiento económico.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Analista Socioeconómico