En diciembre de 2020, el presidente Luis Arce firmó un contrato con Rusia para la compra de 5,2 millones de dosis de estos inmunizantes. Una empresa rusa advirtió a Bolivia que si no paga la deuda irá a un arbitraje internacional en Singapur
La Procuraduría General del Estado (PGE) trata de conciliar una deuda con la empresa pública rusa con la que firmó un contrato para la compra de 5.2 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Ese acuerdo es de diciembre de 2020.
En caso de que no se concilie, Bolivia enfrentará un nuevo arbitraje internacional que tendrá lugar ante una corte en Singapur, porque así establece la cláusula arbitral, según explicó un experto en conciliación a EL DEBER.
“Nos están pretendiendo demandar por la compra y suministro de vacunas rusas, contrato firmado entre nuestra empresa boliviana, la Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), con una empresa rusa pública que proveía las vacunas. No hay todavía el arbitraje, pero ya hay la controversia”, afirmó el procurador César Siles.
En plena pandemia del coronavirus, el 30 de diciembre de 2020, el presidente Luis Arce y representantes del gobierno de Rusia, firmaron un contrato para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V para enfrentar la pandemia de covid.
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En esa ocasión, Arce dijo que las vacunas iban a llegar entre marzo, abril y mayo de 2021 y una cantidad de 1.700.000 dosis en cada dotación. Pero el anuncio no se cumplió, por ejemplo, el primer lote que llegó el 29 de enero de 2021 fue de 20.000 vacunas; en abril llegaron 200.000 dosis, en mayo 400.000, en septiembre de ese año llegaron 370.000 dosis. Posterior a ello no hay informes oficiales de la llegada de más lotes de la vacuna rusa para completar los 5.2 millones que se pactaron.
Según el procurador Siles, Rusia pide a Bolivia la “autorización” para enviar las vacunas y recibir el pago por las mismas, no obstante, el Gobierno se rehúsa a cumplir el contrato bajo el argumento que ya no necesita esas vacunas, además que “son montos altos de dinero que se han dado en los contratos”.
Siles contó: “les decimos ‘ya no necesitamos ese lote de vacunas, las necesitábamos hace dos años atrás o hace tres años atrás, en este momento ya no necesitamos. Tenemos los lotes suficientes para satisfacer las necesidades de la población boliviana’”.
EL DEBER acudió a la Procuraduría y solicitó información más detallada sobre el contrato que Bolivia firmó con Rusia, para informar por ejemplo, a cuánto asciende el monto que Bolivia le debe por este caso. Desde la entidad se comprometieron a esclarecer las dudas, este martes.
La vacuna Sputnik V fue desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Investigación Epidemiológica y Microbiológica que tiene apoyo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), entidad rusa que invirtió en la producción a gran escala de la vacuna.
Con estos datos, se prevé que esta entidad, el RDIF es la que entró en controversia con el Estado boliviano para que le pague el dinero que le debe. Caso contrario el tema se ventilará en cortes internacionales.
El diputado y diplomático, Gustavo Aliaga, afirmó que Bolivia enfrenta un problema serio y en solitario porque desde 2007 ya no es parte del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Pidió a Siles dar una información real.
“Estamos en un problema, Siles no está diciendo la verdad, es bueno que diga la verdad. Tenemos una controversia por un contrato firmado con Rusia que se ha adherido al paraguas de Singapur con la ley si es que hubiera algún arbitraje”, dijo Aliaga a EL DEBER.
Explicó que el contrato de Bolivia con la empresa rusa tiene una cláusula arbitral mediante la cual la empresa proveedora se acoge a la corte de Singapur que es la sede para llevar adelante cualquier tipo de demanda, y el arbitraje se debe realizar bajo la ley inglesa, lo que supone un problema para Bolivia y la contratación de abogados extranjeros.
“Técnicamente tenemos un problema muy grande, el contrato se firmó en 2020 para la dotación de vacunas, la empresa rusa pidió por anticipado el dinero comprometido del acuerdo y cuando se hicieron las observaciones, la cláusula arbitral remite a una corte de Singapur, lo que supone un problema para Bolivia lo que también supone la contratación de abogados extranjeros”, agregó.
En este escenario complejo y antes que se ejecute ese arbitraje, Aliaga plantea que el Gobierno de Luis Arce, que ostenta una estrecha relación diplomática con el gobierno de Vladimir Putin, haga uso de la misma y busque una solución por la vía diplomática, caso contrario, Bolivia deberá pagar los “montos altos de dinero” que dijo el procurador Siles. Hoy se espera conocer esa cifra que había sido pactada en medio de pandemia que dejó miles de fallecidos en territorio nacional.