Todos se felicitan por la realización del Censo de Población y Vivienda 2024. Un evento tan importante y necesario, luego de doce años, cuando la ley señala que cada diez debe hacerse esta consulta a cada uno de los ciudadanos de este país.
Pero bien, se realizó y ahora nos queda creer en la buena fe y en la responsabilidad de la gente del INE que sabrá procesar y elaborar bien los datos de cada papeleta, y luego emitir un informe serio sobre los resultados en cuanto a la cantidad de población que hay en Bolivia; su distribución por edad, sexo; pertenencia étnica; ingresos económicos, calidad de su vivienda y otros datos importantes.
Pero el Censo 2024 no solo ha sido un recuento o indagar la cantidad de habitantes de la Bolivia diversa y plural. No somos solo números, estadísticas, ni nos vean con rostros de dólares, pesos bolivianos o yuanes. El Censo 2024 es más que la cantidad de población. Es una oportunidad para construir un mejor Estado, con base en datos reales que se plasmen en políticas integrales de desarrollo y convivencia social y política en los tres niveles de gobierno.
Así como ciertos alcaldes -especialmente el de Santa Cruz de la Sierra- ya están haciendo cálculos de cuánto dinero recibirán en sus presupuestos anuales, a partir de la redistribución de los recursos económicos, como efecto de los resultados del Censo 2024; así también deberían estar pensando en cómo erradicar la corrupción en sus filas. Solo se concentran en ello, sin pensar que lo primero son otras prioridades o por lo menos, empezar a asumir un proceso de planificación de cada municipio de cara al futuro inmediato.
Recordarles a cada alcalde, gobernador y rectores del sistema universitario público que somos seres humanos con sed de justicia, con hambre de derechos humanos, que en el lugar donde vivamos existan las mínimas condiciones de acceso a la salud, servicios básicos, educación, alimentación, al medio ambiente sano, al trabajo.
Creen que con más dinero harán más obras o se resolverán los eternos problemas sociales, cuando aún no han cortado la orgía de hechos de corrupción que vienen cometiendo, sin sancionar o hacer devolver los millones de $us que se van a los bolsillos personales.
Anibal Jérez, un notable político y analista cruceño, nos invita a reflexionar sobre este delicado asunto de la corrupción. Señala que “algunos altos directivos (seguro que hay pocas excepciones) de los gobiernos autónomos encuadran sus decisiones (políticas, administrativas) bajo sus convicciones ideológicas del botín político o presa codiciada y ganada. Mire usted… Googleando y en 0.35 segundos se obtienen «cerca de 2,380,000» registros relacionados con la corrupción en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, sumado al anterior y casi cotidianamente por medios públicos se conocen diferentes denuncias, investigaciones, procesos, algunos encarcelamientos, eso ya es el cherry en la torta”.
Sin duda, Jérez tiene razón, la impunidad es la carta blanca para que ellos sigan haciendo sus fechorías. Conocedor de la administración pública, ya que durante muchos años, trabajó en la Contraloría General y fue asesor en temas financieros, nos explica de cómo es administrado el botín político ganado, por cuanto esos altos directivos constituyen estructuras administrativas y grupos de gestión con “asesores o destacamento de leales”, que en sus feudos reproducen las acciones de despojo y robo del presupuesto público mediante: a) la provisión de puestos de trabajo previo pago, b) procesos amañados de compra de bienes y servicios y de obras, c) negocios con las competencias de aprobación de las autoridades.
Es un tema central, ya que antes de frotarse las manos de los nuevos recursos económicos que percibirán en los municipios, gobernaciones y universidades, ahora debe imponerse una clara decisión de acabar con “el estado fétido de la situación” en las autonomías municipales y departamentales y acabar con la sistemática reproducción de la ineficiencia, la corrupción con la discrecionalidad y la impunidad de los que comen el mismo plato, del mismo botín político, precisa Jérez.
El censo 2024 es nuestro derecho a la participación y la integración en todos los ámbitos, respetando la diversidad y el pluralismo; también las autoridades no solo deben alegrarse por recibir más recursos económicos, sino asumir acciones y actitudes honestas para que los nuevos recursos que recibirán no sean desviados a cuentas personales, y desaparezcan las comisiones por obras adjudicadas.