El procurador Siles detalló que casi $us 1 millón fue para indemnizar a 19 personas, además de gastos legales y fondos, y unos $us 500 mil para asesores externos.
eju.tv / Video: Radio Fides
Lidia Mamani / La Paz
El procurador General del Estado, César Siles, afirmó este lunes que el Estado boliviano erogó alrededor de 1,5 millones de dólares en la defensa del caso Blas Valencia, donde 19 demandantes fueron beneficiados con una indemnización, monto que es variable por cada uno, mismo que se da tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ejemplo, el expolicía Blas Valencia Campos, que lideró un grupo armado para asaltar, recibió un resarcimiento de 50.481 dólares.
“De los 26, hablamos de un total de 19 beneficiarios que fueron, en el caso Valencia Campos, quienes acudieron, primero a la Comisión y luego a la CIDH. Sobre el resarcimiento a cada una de estas personas recibió un monto variable, (dependiendo) por grado de afectación, por grado de vulneración de DDHH y se ha llegado a pagar cerca de un millón de dólares”, afirmó la autoridad.
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Detalló que el monto cancelado involucra la reparación de víctimas, gastos y costas, que son menores, 20.000 dólares; el fondo de asistencia legal, 6.000 dólares. En el caso de los abogados asesores externos que ya se habían contratado antes de la gestión de Siles, señaló que se les pagó entre 400 mil y 500 mil dólares. En el caso de Blas Valencia, se le resarció con $us 50.481, lo que en total sumó alrededor de 1,5 millones de dólares.
«Nos hemos ido a la CIDH y hemos aguardado un fallo, porque el monto que pedían era elevadísimo, como el caso de Blas Valencia, que aunque no creas, 50.000 dólares fue muy razonable a lo que ellos pedían de casi 500 mil dólares por persona. Incluso estábamos por firmar en anteriores gestiones acuerdos amistosos por 300 mil dólares, por persona, nos fuimos a la corte y se pagó 50.000 dólares por persona, al final”, consideró Siles.
La CIDH señaló en 2023, que el caso tiene que ver con que 26 personas involucradas en el caso denominado Blas Valencia, que data de diciembre de 2001, interpuso una demanda contra el Estado boliviano, alegando allanamiento ilegal de domicilios y presuntos actos de violencia excesiva por parte de agentes estatales -incluyendo tortura, violencia sexual e incomunicación- durante su arresto y posterior detención. También denunciaron que se violaron sus derechos a las garantías judiciales y
protección judicial.
