Ley 700: ‘Se sancionará con privación de libertad de dos a cinco años y multa de 30 a 180 días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal’
Fuente: La Razón
El año pasado, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) registró 87 casos de biocidio de animales domésticos y silvestres en el país, empero, solo existen dos sentencias registradas por este delito.
Tanto los crímenes de animales domésticos (perros y gatos) como de animales silvestres (aves, monos, tatúes, entre otros) son investigadas por esta unidad especializada de la Policía Boliviana.
De acuerdo con la Rendición Pública de Cuentas “Final 2023” de la Policía, la Pofoma realizó 2.064 operativos de control, rescate, tráfico de vida silvestre y animales domésticos, y protección de la biodiversidad, de los cuales se atendió 643 denuncias de rescate de animales (domésticos y silvestres), 72 de tratos crueles y 87 de biocidio.
Eso sí, la cifra es menor respecto a una gestión anterior, ya que la Rendición Pública de Cuentas “Final 2022” de la entidad verde olivo señaló que la Pofoma atendió 3.551 casos, de los cuales 173 fueron sobre tratos crueles y biocidio, 54 sobre decomisos de animales silvestres, 450 sobre rescate de animales silvestres, 59 sobre lesiones por cualquier animal, 2.414 sobre rescate de animales silvestres y domésticos y 401 referidos a “otros”.
REGISTRO. Juan Huanca, teniente de la Pofoma, indica que de enero a la fecha ya se registraron 15 denuncias de biocidio y 30 de tratos crueles contra animales domésticos y silvestres. “Nosotros al recibir una denuncia, ya sea de manera telefónica o de manera escrita, tenemos personal de Inteligencia que actúa inmediatamente para proceder a la captura o la aprehensión de los responsables de estos tratos crueles o biocidios, para ser puestos ante el Ministerio Público”.
Añade que hay un mayor registro de biciocidios en “rituales”. “Una vez que ya se tiene el conocimiento del delito, nos constituimos al lugar y procedemos al arresto en una primera instancia, y una vez se tenga más información del biocidio, procedemos a la aprehensión”.
Uno de los casos más recientes es la denuncia sobre la matanza de perros en una unidad militar del municipio de Rurrenabaque, en el departamento de Beni. Por este hecho, dos conscriptos de 25 y 26 años fueron detenidos y son acusados por el delito de biocidio. El incidente se conoció en febrero, tras la publicación de imágenes de tratos crueles contras los canes. Las investigaciones siguen.
La activista Miriam León, de Fuerza Nacional Animalista de Bolivia, afirma que las cifras registradas por la Pofoma en 2023 y en lo que va de la actual gestión no reflejan totalmente la realidad sobre el maltrato y el asesinato de animales.
“Hay muchas denuncias que no se realizan por desconocimiento. Sin embargo, los números de maltrato han aumentado sistemáticamente”. Explica que cada año se reporta un alza en estos guarismos y, asimismo, este tipo de delitos como el biocidio, el maltrato y el abandono de animales “conllevan otro tipo de acciones de los seres humanos. No queda solamente en la muerte sin justificación de un animalito, sino tiene problemas mayores”.
Complementa que pese a las sentencias registradas, no hay una “sanción ejemplificadora porque generalmente los agresores salen con medidas sustitutivas y con detenciones domiciliarias. La mayoría de los que cometen los biocidios son mayores o menores de edad y la ley los ampara. No se ha llegado a meter a la cárcel a ningún biocida que conozcamos”.
PEDRADAS. El 31 de marzo del año pasado, la Justicia emitió la primera sentencia por biocidio: tres años y seis meses contra un hombre de 26 años que, sin motivos, mató a pedradas a un perro de raza cocker. El asesinato se registró el 29 de agosto de 2022 en Santa Cruz y el autor fue remitido a la penitenciaría de Palmasola.
En imágenes recabadas por la Fiscalía de cámaras de seguridad, se observa cómo Toffy, nombre de la víctima, estaba descansando en la acera de su casa, cuando sin ninguna razón el hombre alzó piedras y se las arrojó, causándole la muerte instantánea.
Tras el primer fallo, pocas jornadas después, el 6 de abril de 2023, la Justicia condenó a cuatro años de privación de libertad a un hombre de 38 años, en Cochabamba, por la muerte provocada contra un perro de nombre Joky.
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró en 2021. El hombre salió de su domicilio con un machete y atacó al can, sin razón alguna, y le provocó la muerte. El condenado fue recluido en la cárcel de San Sebastián varones de suelo cochabambino.
“En ese momento, los familiares que presenciaron el hecho intentaron salvar al can, pero sus lesiones eran muy graves, por lo que llamaron a la Policía y el hombre fue aprehendido. El animal fue llevado a una veterinaria donde señalaron que murió por múltiples lesiones punzocortantes”, según una nota del Ministerio Público.
En 2021 y 2022 fueron también sentenciadas otras dos personas, esto por tratos crueles y maltrato animal. En 2022, en la ciudad de Oruro, una mujer de 32 años fue sentenciada por la Justicia a seis meses de reclusión en un recinto penitenciario de la región por el delito de tratos crueles, tipificado en el artículo 350 del Código Penal.
El caso se inició en 2018, cuando la mujer organizaba peleas de gallos. En su vivienda se evidenció la tenencia de 11 gallos encerrados en jaulas y con visibles heridas abiertas producto del maltrato.
El otro hecho se registró en 2021, en La Paz, cuando un hombre recibió una condena de tres años de cárcel por maltratar violentamente a un perro de raza husky. En abril de ese año se hizo viral el video, donde el agresor golpeaba a su mascota.
La legislación boliviana, a través de la Ley 700, de “Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato”, establece una pena de entre dos y cinco años de cárcel contra los que cometen el delito de biocidio.
Esta norma determina también un castigo contra el maltrato animal, de seis meses a un año de prisión y una multa de 30 a 60 días, a quien “ocasionare, con ensañamiento o con motivos fútiles, sufrimiento grave y daño que provoque la pérdida total o parcial de un sentido, de parte de su fisonomía o de un órgano, a un animal”.
Activistas piden cambios en la ley contra crueldad y maltrato animal
Ante el registro de casos de biocidios, organizaciones defensoras de animales del país piden endurecer la Ley 700, de “Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato”, esto en razón de que todavía consideran a las penas como insuficientes.
La norma dicta en uno de sus artículos “privación de libertad de dos años a cinco años y multa de 30 a 180 días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”.
Vivian Sánchez, de la Fundación Una Mano Una Patita, dice que si bien hay una ley de protección animal, ésta solamente sirve de “forma” y no de “fondo”, debido a que “existen vacíos legales”, lo cual provoca que no se pueda llegar a sanciones más drásticas.
“La mayor sanción de acuerdo a la Ley 700 es cinco años, pero no se ha podido alcanzar ni una sanción con los cinco años. Tenemos un caso en Cochabamba de un perrito que ha sido degollado. Al agresor le dieron la sanción correspondiente, pero él adujo estar loco y lamentablemente no recibió el castigo. Lo que nosotros necesitamos es la modificación de la ley , incluyendo sanciones más drásticas para el maltrato animal y el biocidio”.
Mientras que Miriam León, de la organización Fuerza Nacional Animalista, afirma que hasta la fecha “no se dio una sanción respecto al biocidio” que implica el encierro en la cárcel, esto porque los sentenciados salen con medidas sustitutivas.
“Que nosotros conozcamos, no se ha llegado a meter a la cárcel a ningún biocida. La Ley 700 y la Ley 316 a nivel municipal no tienen jurisdicción propia, lo cual nos imposibilita activar los procesos. Siempre nos designan de aquí para allá”, complementa.
Remarca que una de las soluciones pasa por la “jurisdicción propia” y “una seriedad de justicia para con los animales”.
FISCAL. A ello, Sánchez añade que no existe un fiscal exclusivo parar atender los casos de maltrato y biocidio, y cuando se presenta una denuncia, ésta es derivada a un fiscal de narcóticos.
“Su duración de descanso de estos fiscales es de ocho días y para que haya un requerimiento fiscal tenemos que esperar ocho días y hasta eso los agresores hacen desaparecer al animalito. Por eso requerimos que se pueda asignar un fiscal para estos casos”.
Otra de la coincidencias de ambas activistas es la falta de conciencia de propietarios y la población. León sostiene que se necesita un mayor trabajo con juntas vecinales y dueños de animales, porque las leyes de protección en este rubro no llegan a ser conocidas por la gente.
Sánchez señala que todavía se “está en un país sin cultura”, esto debido a que aún no “se sabe” lo que es la tenencia y la responsabilidad que conlleva la crianza de los animales.
Fuente: La Razón