Tras la cancelación del concierto de Luis Miguel, viceministro plantea debatir la ley antibloqueos

Los organizadores del concierto de Luis Miguel confirmaron que el artista decidió quitar a Bolivia de su gira porque el país no garantiza una libre transitabilidad en las carreteras para los 36 camiones que transportan el escenario del artista.

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Imagen referencial. Foto: RKC

 

La Paz, 5 de marzo de 2024 (ANF).- Luego de que se confirmó la cancelación del concierto de Luis Miguel en Bolivia por incertidumbre en la falta de combustible y bloqueo de caminos, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, dijo que se está planteando debatir la ley antibloqueos de caminos para evitar ese tipo de consecuencias.



Los organizadores del concierto de Luis Miguel confirmaron que el artista decidió quitar a Bolivia de su gira porque el país no garantiza una libre transitabilidad en las carreteras para los 36 camiones que transportan el escenario del artista. Sumado a eso, también alegaron que existen problemas con el suministro intermitente de combustible.

El viceministro de Defensa del Consumidor aseguró que el Gobierno garantiza el combustible y el libre tránsito en todo el territorio nacional, pero la oposición política y algunos sectores sabotean esos esfuerzos.

“Por eso es que se está planteado el debate para sancionar el bloqueo de caminos, porque es una medida que bloquea el derecho a la locomoción, el derecho al trabajo, que vulnera el derecho a la libre elección, que vulnera el derecho a la alimentación. Es un tema que se lo tiene que seguir debatiendo para ver si se sanciona a aquellas personas que bloquean caminos y que tienen este tipo de consecuencias para el país”, lamentó Silva.

Desde el año pasado, el sector empresarial y algunos políticos comenzaron a plantear una ley que regule el uso indiscriminado del bloqueo de carreteras como medida de presión para conseguir determinadas exigencias.

En febrero de este año, la Cámara Nacional de Industrias presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y agregar el delito de “obstrucción de vías públicas” que se castigará con hasta ocho años de cárcel y multas económicas.