A dos años del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Hotel Las Américas, Bolivia aún no cumple las recomendaciones del organismo internacional.
Fuente: lostiempos.com
El caso se remonta al 16 abril de 2009, cuando la Policía ejecutó a tres extranjeros y detuvo a otros dos en el hotel Las Américas, en Santa Cruz.
La CIDH calificó el hecho de ejecuciones extraoficiales y habló de tortura.
En el operativo murieron Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano, y Michael Martin Dwyer, irlandés, y fueron detenidos Mario Tadic, boliviano-croata, y Elod Tóásó, húngaro.
Para el abogado Gary Prado, quien sigue de cerca el caso, la investigación “está en pañales” porque ni se comenzó con la citación a las víctimas.
“El Estado no cumplió las recomendaciones de la CIDH”, aseguró.
Prado ratificó la necesidad de acudir a la Corte IDH para obtener justicia para las víctimas; la CIDH asumiría su representación contra el Estado boliviano.
Sobre el caso, el procurador general del Estado, Cesar Siles, informó que el 26 de abril se vence el plazo para que la CIDH defina si el caso pasa a la Corte IDH.
Entonces, Evo Morales, quien era presidente de Bolivia, justificó el operativo bajo el argumento de que los abatidos y arrestados pertenecían a una célula terrorista separatista, que se encontraba planificando un magnicidio y una guerra civil en Bolivia.
Trece años más tarde, la CIDH, luego de su investigación y determinación de los hechos, en su análisis jurídico concluyó que se cometieron cuatro graves violaciones a los derechos humanos de estas personas.
Primero, se violó el derecho a la vida de las tres personas en estado de indefensión, calificando que el operativo se realizó mediante el uso ilícito y desproporcionado de la fuerza, acto que constituye ejecuciones extrajudiciales.
Segundo, se vulneró el derecho a la integridad personal, porque se habría cometido actos de tortura en contra de los detenidos, abusos que nunca fueron investigados.
Tercero, se habría afectado el derecho a la libertad personal de los afectados, ya que fueron objeto de detención arbitraria, se les impuso medidas de prisión preventiva prolongada en condiciones de hacinamiento.
Cuarto, se habría vulnerado las garantías judiciales y el derecho la tutela judicial efectiva, mediante la aplicación de una normativa ilegitima contraria al principio de legalidad, juez natural y no retroactividad en materia penal, además de la presunción de inocencia, ya que entidades del Estado presentaron a los imputados como culpables en campañas públicas que podrían configurarse como una condena anticipada.
La CIDH presentó cuatro recomendaciones al Estado boliviano. Las dos primeras buscan dar una reparación integral a las víctimas por los daños sufridos, mediante medidas de satisfacción, compensación económica y atención de su salud física y mental; las otras dos tienen un alcance más amplio, se le pide al Estado boliviano “iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer esos hechos, identificar y sancionar a los responsables”, señalado además que la investigación de los actos de tortura deberá cumplir con los estándares establecidos en el Protocolo de Estambul.
Finalmente, en la cuarta recomendación, la CIDH requiere que el Estado adopte medidas de no repetición.
Morales fue señalado como el principal responsable del asesinato de los extranjeros. Sostuvo que su accionar fue el correcto y adelantó que no se presentará a declarar ante la justicia si es convocado.
En la misma línea se manifestó el que era ministro de Gobierno, Ramón Quintana.