Fuente: ANF
Luego que una Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso, el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera, advirtió este martes que las elecciones judiciales no se realizarán este año y derivará en la prolongación del mandato de las altas autoridades autoprorrogadas.
“Esta decisión pone en un inminente riesgo de que este año no se realicen las elecciones judiciales. El Órgano Electoral advirtió que en caso de que no se realicen en septiembre será imposible su desarrollo porque se aproximan las elecciones generales, lo que supone que hasta el 2026 tendría que suspenderse este proceso”, afirmó el jurista en contacto con la ANF.
La Sala Constitucional de Pando falló dio curso a la acción popular que planteó la dirigente y exdiputada del MAS, Yeny Dury Bautista, dejando sin efecto todo el proceso de preselección judicial. La demanda planteó que se vulneró el derecho a la igualdad de las mujeres y los pueblos indígenas de esa región.
A la vez, Rivera consideró que la decisión de la Sala Constitucional ocasionará que los magistrados autoprorrogados se queden en sus cargos hasta 2026. Incluso advirtió que también se registrará dificultades porque el proceso estaba viciado de nulidad desde que comenzó, ya que no existe un procedimiento claro para la evaluación de los postulantes.
“Se corre el riesgo que los magistrados prorrogados se queden hasta el 2026 y que se registren dificultades en la realización de las elecciones, eso es un problema de fondo porque el proceso fue observado por la falta de candidatos. En algunos departamentos no existen candidatas mujeres, no existen reglas específicas para evaluar a los postulantes”, manifestó.
A la vez, dijo que esas son las consecuencias de mantener un sistema de elección de las nuevas autoridades judiciales a través del voto popular. Señaló que es necesario modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y de esa forma restructurar la justicia, aunque cree que los políticos de oficialismo y oposición no tiene voluntad para consolidar esa propuesta.
“El sistema adoptado en Bolivia de elegir por voto popular a magistrados de los altos tribunales no es el mejor camino, por lo tanto, existe la urgente necesidad de modificar el sistema de elección y nosotros lo habíamos planteado anteriormente. Pedimos a los actores políticos que agarren la propuesta y viabilicen la reforma parcial de la Constitución Política del Estado”, puntualizó.
Argumento sin validez
Con relación a la petición de la accionante que se emita una nueva convocatoria con reglas especiales para los postulantes de Pando, Rivera dijo que ese argumento no es válido ya que no se pueden hacer una diferencia para aquellos profesionales que ocuparán los cargos de los principales tribunales de justicia.
“No es un argumento válido porque muchos abogados se trasladaron desde Cochabamba y La Paz a ejercer funciones a Cobija. No se puede flexibilizar al extremo los requisitos porque estamos hablando de los máximos magistrados de la justicia y estos deben contar con un conjunto de conocimientos en derecho, capacidad y habilidades para el ejercicio de esta delicada función”, explicó.
En la acción popular que interpuso la exdiputada del MAS pidió que se suspenda el proceso de preselección y también que se emita una nueva convocatoria con reglas especiales para el departamento de Pando.
En ese contexto, tomó como ejemplo el caso de la postulante Mineya Lucindo Nacimento al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por esa región, pero fue inhabilitada. Argumentó que la convocatoria y la Ley 1549 discriminan a los candidatos de este departamento.
“Presento esta acción popular y pido que sea admitida y se conceda, dejando sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales; que se proceda a realizar uno nuevo, dictándose las medidas de acción afirmativa adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento”, señala el petitorio.
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