Identifica al exvicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl como los autores intelectuales de los sucesos del hotel Las Américas
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Boris Bueno Camacho / La Paz
El abogado Otto Ritter aseguró que ni empresarios, ni líderes cruceños trajeron un grupo armado irregular al país el año 2009 como aseguró el exvicepresidente Álvaro García Linera; más bien al contrario, acusa a este y al expresidente Evo Morales de ser los autores intelectuales de la intervención al hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres muertos y dos personas detenidas.
García Linera aseguró que él y Evo Morales no tienen por qué ser convocados a declarar, porque la CIDH conmina a que se investigue si hubo excesos o ejecuciones extrajudiciales durante el operativo policial en el Hotel las Américas el 2009, pero no pone en duda las acciones de su gobierno en defensa del Estado contra quienes pretendían separar el país con acciones terroristas.
El jurista recordó que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que los sucesos del hotel Las Américas en 2009 existieron ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos; además, recomienda al Estado boliviano a retomar las investigaciones para sancionar a los responsables de estos hechos.
En ese sentido, señaló que se debe identificar a los autores materiales, es decir, quiénes actuaron en el operativo de esa noche y eran parte de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), las exautoridades de gobierno que participaron, así como quienes cortaron las cámaras de seguridad. “Luego están los autores intelectuales, ya tenemos la confirmación de dos personajes que dieron la orden, primero, Evo Morales que dijo que dio la orden expresa y Álvaro García Linera que dio la orden para hacer el operativo”, puntualizó.
“Ahora tienen que decir si instruyeron que en el operativo maten, instruyeron que en el operativo violen los derechos humanos, a quién le dieron la instrucción, quién la recibió: el comandante de la Policía, el jefe de la UTARC, y este debe decir de quién recibió la orden y cuál fue la orden. Si la orden fue ingresar y hacer un operativo normal, por qué fue sin fiscal”, cuestionó.
El jurista denunció que Álvaro García Linera y su hermano Raúl urdieron un plan para asesinar a Morales y culpar a los cruceños para que luego asuma la presidencia en su lugar y se culpe por el hecho a líderes y empresarios cruceños; prueba de ello es que la noche del asalto al hotel cruceño hubo conversaciones entre Eduardo Rózsa y Rául García Linera, hermano del exvicepresidente.
Foto: captura pantalla
Sobre el pedido de la exautoridad que pidió se investigue a empresarios cruceños, entre ellos Branko Marinkovic, sobre el financiamiento al supuesto grupo terrorista, Ritter rechazó la aseveración y recordó que en un libro escrito por el periodista Carlos Valverde se incluye una prueba sobre un exministro venezolano que compró el pasaje con su tarjeta de crédito a los extranjeros.
“O sea, lo pagó la embajada de Venezuela y lo trajeron con Walter Chávez y un exconcejal de Buena Vista y con quien tuvo relación permanente y lo financió fue Raúl García Linera y Álvaro García Linera, la teoría que tengo es que el operativo del hotel Las Américas se hace porque Rózsa o no se animó o le pidió más plata para matarlo a Evo. (..) Un terrorista en un hotel cuatro estrellas sacándose fotos con todo el mundo, generalmente se esconde donde no lo vea nadie”, afirmó.
Ritter reconoció que Morales y García Linera no pueden ser incluidos en un proceso legal por este caso porque les corresponde un juicio de responsabilidades; sin embargo, si son citados en calidad de testigos, aseguró que tienen la obligación de asistir para aclarar cuál fue la orden que se dio para intervenir en el hotel las Américas y quién o quiénes la recibieron.
El legista aseveró que el caso Terrorismo es un tema aparte, que también es tratado por la CIDH y del cual habría ya siete informes al respecto que señalan que hubo violaciones a los derechos humanos, pero que amerita otra investigación dentro del país para identificar a los responsables y sancionarlos en un nuevo proceso judicial.