Después de la violenta intervención policial en la embajada de México en Quito para lograr la captura del exvicepresidente, Jorge Glass, sentenciado y acusado por múltiples hechos de corrupción y a quien, inexplicablemente, le fue concedido un polémico asilo, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa parecía experimentar su momento más crítico desde que asumió la conducción del país el 23 de noviembre del año pasado.
Cuestionado en el ámbito internacional por violar una institución “sagrada” como el asilo, objeto de una arremetida interna de las fuerzas de oposición encabezadas por el expresidente, prófugo, Rafael Correa, y de una nueva oleada de acciones violentas del crimen organizado en diferentes provincias del Ecuador, el joven mandatario se mantuvo fiel a la línea que, en pocos meses, lo convirtió en uno de los líderes latinoamericanos con mayores niveles de aprobación y respaldo, incluso en los bastiones políticos de un correísmo ya debilitado, pero no del todo vencido.
Noboa tuvo que enfrentar, no es poco, la presión de la influyente diplomacia mexicana, pero sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dedicó la mayor parte de sus intervenciones rutinarias a descalificar a quien, en la órbita del Grupo de Puebla, comenzó a identificarse como un “aprendiz de dictador”, que hizo lo que ni siquiera Augusto Pinochet se atrevió a hacer en tiempos de la dictadura.
Lejos de refugiarse en el silencio o de escuchar avergonzado la condena regional, que se tradujo en una dura resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), la diplomacia ecuatoriana optó por afirmar, en todos los foros, que el asilo no puede utilizarse para otorgar refugio a sentenciados y/o procesados por delitos, un argumento que difícilmente podría cambiar la opinión negativa sobre lo ocurrido en la representación mexicana en Quito, pero que al menos podía servir para poner en evidencia, también, que hay gobiernos, como el actual de México, decididos incluso a poner en riesgo una históricamente bien ganada reputación de país solidario con los verdaderos perseguidos políticos, con tal de defender a sentenciados en firme, pero aliados al fin, como el ecuatoriano Jorge Glass.
López Obrador gestionó hábilmente el respaldo regional, pero dio un paso en falso cuando llegó a pedir que Ecuador fuese expulsado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), extremo que no fue acompañado prácticamente por nadie y que, más bien, logró que la mayoría de los ecuatorianos, incluso los no afines a Noboa, cerraran filas en torno a su gobierno.
Si en algún momento, la reiterada intromisión de AMLO en la política interna del Ecuador – y en la de varios países, incluida Bolivia, Argentina e incluso Chile – , tuvo el propósito de conseguir que el presidente Noboa quedara aislado internacionalmente y sin respaldo interno, esa estrategia resultó un fracaso y, probablemente, al revés de lo que habría sido su objetivo, influyó indirecta y favorablemente para que el mandatario ecuatoriano lograra un éxito rotundo en el referendo y consulta popular de 11 preguntas que se celebró el fin de semana pasado.
Los resultados, victoria del SÍ en 9 de las 11 preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad y del NO en las relativas al contrato de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales, le dan a Daniel Noboa prácticamente carta blanca a para combatir, en un entorno normativo más riguroso, a las mafias del narcotráfico y sus ramificaciones político-judiciales.
Para lo más de 13.6 millones de votantes ecuatorianos que acudieron a las urnas el domingo 21 de abril, la disyuntiva no era ideológica – gran equivocación la de Rafael Correa y Andrés Manuel López Obrador – sino un asunto de casi “vida o muerte”: darle “herramientas” al presidente para luchar con mayor efectividad contra el crimen organizado, cuyo rastro se advierte en las más de 8 mil muertes violentas del 2023, o dejarlo huérfano de apoyo, lo que hubiera beneficiado no al adversario político, sino sobre todo a la mafia y sus secuaces en otros ámbitos del poder.
A diferencia de Colombia y México, donde la lucha contra el narcotráfico se limitó a golpear a un brazo operativo y, por lo tanto, mucho más violento del narcotráfico, en Ecuador, incluso antes de la llegada de Noboa al poder, la Fiscal Diana Salazar, seguramente una de las personalidades más influyentes del país, comenzó el difícil trabajo de desmontar, con investigaciones minuciosas e inflexibles, el entramado de relaciones entre delincuentes, políticos, jueces, policías, algunos periodistas y uno que otro militar, que conformaban la estructura de apoyo “estatal”, que protegía a los cárteles y sus integrantes e intervenía, a través de millonarios sobornos, para liberar o disminuir penas a sus cabecillas.
Es decir que ahora, una vez que tanto en el poder judicial como en la asamblea y en otras instituciones, se ha conseguido poner al descubierto y detener a los principales cómplices o encubridores del narcotráfico, la tarea que queda pendiente es asegurar, efectivamente, que los poco más de 18 millones de ecuatorianos puedan vivir más seguros.
La extradición de ciudadanos del Ecuador vinculados con las drogas hacia Estados Unidos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y el endurecimiento de las condenas para delitos, entre otras de las decisiones respaldadas por la gente a través de la consulta, no garantizan que la situación vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero al menos propician mayor certidumbre sobre lo que se puede lograr en el mediano plazo.
En algunos círculos se advierte que confrontar directamente con los cárteles de las drogas puede agravar los problemas de violencia, pero en México, por ejemplo, cuyo presidente optó por el camino de los “abrazos y no balazos”, el número de muertes violentas ha sido mayor en su sexenio, que en el del propio Felipe Calderón. Eso, para mostrar la referencia generalmente utilizada para poner en tela de juicio el uso de la fuerza.
Lo peor que puede ocurrir frente a la inseguridad es quedarse de brazos cruzados o, peor, establecer alianzas con las mafias para evitar que sus actividades representen una amenaza permanente para la población civil a cambio de cierta tolerancia o del clásico “tu haz que yo miro hacia otro lado”.
Es obvio que existen condiciones estructurales, pobreza, falta de educación, escasas oportunidades de empleo, etc., que pueden agudizar los problemas, pero no se puede esperar a que estos factores sean resueltos para asumir medidas de mayor firmeza.
Por lo pronto, Ecuador le dio la razón a Daniel Noboa y le ratificó nuevamente su respaldo. No es fácil la tarea que todavía le espera al presidente ecuatoriano durante el año que le queda de gestión y, eventualmente, en los siguientes cuatro si consigue reelegirse en la próxima elección.
Es la segunda victoria política del mandatario después de ganar el balotaje electoral a la candidata del correísmo, Luisa Gonzales, un resultado en el que, además de la convicción de la gente de votar contra la violencia, en algo influyeron también los desproporcionados ataques de López Obrador y la censurable vocación de cipayo de Rafael Correa, dos aliados inesperados en el camino elegido por Noboa para consolidar su liderazgo y fortalecer su posición en los temas que, hoy por hoy, revisten mayor urgencia para los ecuatorianos.