La explosión de la minería está vinculada a la ampliación de esta actividad en territorios indígena originario campesino y en las áreas protegidas.
Fuente: ANF
Las comunidades indígena campesinas están sufriendo un progresivo despojo de sus tierras y una “brutal arremetida” de las cooperativas y empresas mineras. Advierten que el “super poder” de los mineros proviene de la alianza política con el Gobierno central.
La explosión de la minería está vinculada a la ampliación de esta actividad en territorios indígena originario campesino y en las áreas protegidas. El 2014, se incrementó la constitución de cooperativas mineras para la explotación de oro en particular y de otros minerales.
La violencia es una de las características que marca el accionar de las cooperativas mineras en su afán de cumplir sus objetivos de explotación de minerales y del metal precioso, en un contexto en el que –por ejemplo- el oro al contado alcanzó hace unos días los $us 2.364 por onza.
Las denuncias son cada vez más frecuentes. Hay tensiones entre comunidades y mineros en los departamentos de Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Beni.
“La minería ilegal ha ido proliferándose muy rápido afectando a espacios tan frágiles como las áreas protegidas y los territorios indígenas, ocupando nuestras principales cuencas hidrográficas. Cada vez vemos un incremento de la violencia”, afirma Alex Villca, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
La minería avanza de manera intensificada hacia el norte de La Paz, el pueblo Leco es uno de los territorios golpeados hace tiempo, se desplaza hacia el territorio Uchupiamonas, Tacana, Chiman, Mosetén y los Esse Ejja.
A causa del boom del oro “El norte de La Paz en los últimos años se ha convertido en el epicentro de la minería ilegal”, añade Vilca. Describe que municipios que no tenían vocación minera como Ixiamas ahora están “asediados” por las cooperativas.
“En el caso de Apolo en el sur del Madidi se ha observado indicios de violencia por el incremento de esta actividad, incluso penetrando el área protegida, Madidi y, los territorios indígenas”.
En septiembre de 2023, se registró un enfrentamiento a causa de la minería ilegal que dejó cuatro heridos de bala y desaparecidos en el sector Lajilurisani de Apolo, informó en esa ocasión la senadora Cecilia Requena.
En noviembre de 2023, a través de un video se pudo constatar la acción de un grupo armado contra comunarios afiliados a la Federación Foycae-NK, de la provincia Bautista Saavedra, de La Paz, que hacían la verificación de un lindero que estaba sirvieron a la minería ilegal. Cuatro personas fueron aprehendidas, y tres resultaron heridas.
En marzo de 2022, se registraron al menos tres enfrentamientos entre un grupo de 50 mineros interculturales y 150 comunarios por tomar control de tierras en la comunidad Chushuara, municipio de Apolo. Los habitantes campesinos denunciaron que fueron atacados con armas de fuego y dinamita, el resultado parcial en ese tiempo fue de 15 heridos y 7 retenidos.
“Es la comunidad Chushuara que pertenece a la federación de campesinos, hemos tomado pacíficamente ese territorio, pero (…) gente armada nos ha atacado a quemarropa, con dinamita, hay heridos”, afirmó esa vez a la ANF uno de los representantes de los comunarios, Hernán Salas.
El director de CENDA, Sergio Vázquez, advierte que la “empresa minera está empezando a tomar el control de las zonas de intervención de las comunidades, están empezando a tener una decisión muy fuerte de la explotación minera frente a la producción agraria”.
La influencia de la actividad minera es de tal dimensión que hay comunidades que se ven obligadas, por las circunstancias, a cambiar su vocación productiva, de la agraria a la minera. Es decir, de agricultores se convierten en mineros, pero dependientes y con jornales bajos.
Detalla que, en Oruro, en Poopó hay al menos cuatro comunidades vinculadas al ayllu San Agustín de Puñaca, que están altamente afectadas por la minería y el cooperativismo, principalmente por el grado de contaminación del agua.
“Si analizamos a nivel de la marka Poopó estamos hablando de ocho ayllus y cada ayllu tiene mínimamente cinco comunidades, creemos que toda esta población es altamente afectada”, comenta Vázquez.
En el valle de Cocapata en Cochabamba, una subcentral sufre una amenaza permanente por el ingreso de las empresas mineras privadas.
En menos de una semana, comunarios de dos territorios denunciaron agresiones y presiones. Un grupo de mujeres de Totoral Chico del ayllu Acre Antequera en Oruro, dijeron que fueron víctimas de las agresiones del sindicato de Avicaya.
“El sindicato Avicaya La Salvada está viniendo a desmembrar nuestra comunidad (…) Vivimos una persecución”, se lamenta Sorayda Ventura, secretaria general de la comunidad Totoral Chico, rodeada de sus compañeras de comunidad.
Habitantes del Valle de Zongo en La Paz también denunciaron a un empresario, que según su versión opera en la zona no solo de manera “ilegal”, sino que el asentamiento en las tierras también es irregular porque esa tierra no está saneada.
Los pobladores de la comunidad Alcko Tambo, del ayllu Jesús de Machaca en Potosí, denunciaron que desde 2021 soportan una serie de abusos de la empresa minera La Estrella SRL, que no sólo está contaminando las fuentes de agua del territorio que habitan, sino que también se ha encargado de iniciar procesos legales en contra de dirigentes y comunarios de la zona por oponerse a su actividad minera.
La principal observación de los comunarios y autoridades indígenas de Alcko Tambo es el manejo de residuos, dado que la empresa no cuenta con licencia ambiental ni con medidas de mitigación ambiental. En febrero de este año, los diques de cola de la empresa colapsaron y empezaron a contaminar las aguas del territorio y la atmósfera, denunció la abogada que patrocina a los comunarios, Angela Uzuna Bobarin, según ha reflejado la Red UNITAS.
Los indígenas del ayllu Cala Cala de Potosí también denunciaron la contaminación de sus tierras y las vertientes de agua por las operaciones de la Cooperativa Multiactiva Molle Pata Ltda., que opera de forma ilegal en esa región. Al menos cuatro dirigentes son procesados en la vía penal.
“Nosotros vivimos de ese río y la cooperativa minera que se está asentando en esa región está queriendo contaminar las vertientes en el ayllu Cala Cala. (…) No vamos a permitir que contaminen nuestras tierras, si ellos nos quieren contaminar con amarillo, nosotros vamos a contaminar con sangre”, advirtió el curara del ayllu, Antonio Copa.
Violencia y despojo
El director de CENDA advierte que la mayor preocupación es la “naturalización de la violencia”, al que se suma la “persecución y la criminalización”, no solo contra las comunidades indígena campesinas, sino contra los defensores de los derechos.
Desde la experiencia de Villca en la Amazonía, “la minería ilegal se está fortaleciendo, la violencia en los últimos meses está a flor de piel, cada día escuchamos que comunidades indígena campesina originarias están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales, pero las acciones no son efectivas desde el gobierno”.
No se trata solo de las agresiones físicas, la violencia se traduce en la presión a los territorios indígenas orientado al despojo de la fertilidad de sus tierras, de la calidad de sus ríos y de un medioambiente sano, mientras los pueblos se debaten entre la pobreza.
La senadora Cecilia Requena dice que es una situación de indefensión frente a la minería cada vez más violenta; aunque observó que el Estado que debería controlar a los agresores, por el contrario, genera “impunidad” para que se repita el “patrón” en el resto del país.
Una forma de violencia es afectar los medios de vida de los habitantes de las comunidades, a causa de la intervención de la minería se está causando daño en la salud de los indígenas de manera sistemática.
Un estudio presentado el año pasado develó que indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz tienen desde 0,03 hasta un poco más de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos. Una cantidad elevada de contaminación y que está por encima de lo permitido que es de 1,0 ppm.
Esto es producto de la contaminación de la cuenca del río Beni y sus afluentes (ríos Tuichi, Quiquibey, Tequeje y Madre de Dios), el pescado de estos ríos es el principal alimento y sustento de vida de los indígenas que habitan en las riberas.
Sergio Vázquez explica que una de las consecuencias de destruir los territorios es la “excesiva migración”, muchas comunidades han perdido su vocación productiva vinculada a la agricultura, porque la tierra ya no es fértil, lo que provoca que sus habitantes abandonen el territorio.
Sucede principalmente con los jóvenes que buscan mejores condiciones de vida. Guadalupe Fernández, del Consejo de Justicia de Cañadón Antequera, dice que “ya no tienen agua pura en el río porque está contaminada, tampoco pueden producir alimentos porque las tierras son cada vez menos fértiles; este contexto está provocando que los jóvenes y los esposos de las mujeres migren al interior y exterior del país”.
Sorayda Ventura, de Totoral Chico, no ve que sus vidas mejoren a pesar de la riqueza de su territorio. “Ha empeorado (la vida de las personas). No hay regalías, vivimos en la extrema pobreza. En vez de mejorar vivimos en situación crítica”.
Una alianza política poderosa
Las comunidades campesinas e indígenas enfrentan situaciones generalmente en desventaja, porque no cuentan con recursos económicos y tampoco tienen “poder político” como los mineros y cooperativistas.
“Han tomado control sobre importantes instituciones del Estado, por ejemplo: Sernap, AJAM, el INRA, ABT, los ministerios de Minería y Medio Ambiente (…) Son un aliado muy importante en el gobierno de turno”, comenta Villca.
El poder es evidente, es más, este año, el presidente del Estado, Luis Arce, posesionó a Alejandro Santos del sector cooperativista como ministro de Minería y Metalurgia, ahora uno de los principales actores del extractivismo es el responsable de toda la política minera en Bolivia.
Vázquez añade que desde el ámbito estatal se impulsa una política pública de ampliación de la extracción minera a través del cooperativismo, “tienen toda la fuerza estatal” porque se trata de una “alianza muy clara”, sostiene.
La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena cree que existe un patrón de conducta que ejecutan los mineros en diferentes territorios del país violentando a las comunidades campesinas e indígenas, lo que demuestra que “estamos en un país sin ley”.
“Estamos en un país sin ley y la minería está abusando de toda esa impunidad que le garantiza el gobierno”, declaró la senadora Requena, tras las denuncias de habitantes de Totoral Chico (Oruro) y el Valle de Zongo (La Paz) que han sido agredidos y avasallados en sus territorios.
Argumentó que se trata de un “patrón” de conducta que se implementa no solo en estos territorios que han sufrido las agresiones de mineros, sino en otras regiones como el norte paceño donde hay comunidades que han sido expulsadas de sus territorios.
Los entrevistado consideran que estas poblaciones están en indefensión porque el Gobierno no hace nada para proteger sus derechos.
Villca dice que seguirán denunciando las vulneraciones y las amenazas ante organismos nacionales e internacionales, el Prefospa será uno de esos escenarios en los que planteen estas preocupaciones para visbilizar estos problemas.
Aunque destaca el objetivo del Pre Foro Social Panamazónico dijo que los territorios en resistencia tienen “dudas” de que este espacio pueda ser “utilizado para validar” ciertas estrategias que favorecen a los gobiernos de turno y a las grandes empresas, por ejemplo, abrir la posibilidad de incursionar a la minería o al oro responsable.
Argumenta que existen otras actividades que están en esta misma línea, es el caso de la transición energética, afirmó que, a título de buscar energía renovable, no se pude destruir los bosques, plantar palma africana o aceitera.
La retórica fuera del país
Mientras los pueblos indígenas exigen al Estado boliviano respeto a sus territorios, a la naturaleza y a sus usos y costumbres, frente a la arremetida del extractivismo, el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, en la 3ra reunión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, 23.º período de sesiones en la sede de la ONU en Nueva York, habló de la lucha por los derechos de la libre determinación y autogobierno que todavía está lejos por concluir.
“Sin embargo, no ha concluido la reparación y sanación de las injusticias y heridas cometidas contra los pueblos originarios. Peor aún, continúan las violaciones a sus derechos, y en particular a sus derechos a la libre determinación, al autogobierno y el consentimiento libre, previo e informado», afirmó.
Insistió en la necesidad de que la libre determinación sea efectivamente practicada en todo el mundo, lo cual requiere superar «bloqueos mentales y barreras estructurales» y no puede lograrse bajo el reconocimiento paternalista de los gobiernos. Aunque en el país sigue siendo una promesa incumplida.
La autoridad también se refirió a la urgencia de convocar y realizar una Asamblea de la Tierra bajo el auspicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, para discutir enfoques no antropocéntricos y promover una perspectiva más integral y respetuosa hacia la Madre Tierra. Sin embargo, en Bolivia los pueblos indígenas exigen no solo títulos de tierra, sino respeto para no ser avasallados.