Bolivia: Desde 2021 suman 300 víctimas de feminicidio y buscan asistencia para los huérfanos

Las otras víctimas son los hijos de las mujeres asesinadas que quedan desamparados y con hogares rotos. Impulsan un proyecto de ley para el resarcimiento, que contempla un bono económico y otras medidas de ayuda

Tenía 24 años y su vida fue apagada el 8 de marzo en Cochabamba. Justina Clemente Mamani fue estrangulada, y hallada desnuda, atada de pies y manos en su habitación del barrio Mario Mineros San Juan, donde vivía sola. El principal sospechoso es su enamorado Cosme M., quien guarda detención preventiva en la cárcel de El Abra. 



El feminicidio de Justina se conoció cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer y fue el tercer caso registrado este año, en Cochabamba.
Igual de trágico fue el caso de Ruth Y. A. F., de 30 años, quien fue estrangulada y abandonada en un alojamiento en Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes.

Estas dos víctimas están dentro de los 300 casos de feminicidio que se reportaron desde 1 enero de 2021 hasta el 1 de abril de 2024 en Bolivia, según cifras que manejan instituciones defensoras de los derechos de las mujeres y la Fiscalía.

La diputada de Comunidad Ciudadana, Pamela Alurralde, señala que por cada feminicidio hay niños y adolescentes que terminan en hogares de abuelos, tíos y otros familiares, en hogares de acogida, o incluso hay casos en los que los hermanos mayores se hacen cargo de la manutención de los menores. Aunque no se cuenta con datos precisos, se estima que hay unos 300 huérfanos de feminicidios. 

Ante esta realidad ve necesario que el Estado apoye a las víctimas. En este sentido, señala que la Alianza Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos de Feminicidio (conformada por casi 60 instituciones) trabajó un proyecto de Ley de Protección Integral y Reparación para Hijos e Hijas Huérfanos de Feminicidios, que busca el resarcimiento. 

El proyecto ya ha sido presentado al Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados y está en puertas de ser tratado en la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara Baja.

Alurralde explica que con esta ley se busca brindar atención integral a esta población vulnerable (menores huérfanos hasta los 18 años, jóvenes entre 18 y 25 años que todavía siguen estudiando y mayores de edad con incapacidad de trabajar).
Entre las medidas de protección se contempla un bono o pensión económica, alimentación, terapia psicológica, acceso a la salud, a la educación, acceso al plan de vivienda y otro tipo de apoyo.

“¿Por qué es integral? Porque creemos que se debe trabajar en medidas de protección social y atención integral, y porque está dirigida no solo a los hijos e hijas huérfanos de feminicidios, sino también de asesinato, homicidio y suicidio”, manifiesta. 

Sobre el bono económico, explica que el proyecto plantea que sea equivalente al salario mínimo nacional y de forma anual, en primera instancia. Luego puede ser trimestral o mensual, cuando se amplíen las fuentes de financiamiento.
Por ahora se manejan cuatro posibles fuentes de subvención: el Tesoro General de la Nación, donaciones nacionales e internacionales, transferencia de recursos de entidades públicas y privadas, y el impuesto a las bebidas alcohólicas.

Las cifras que no se ven
La directora de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, hace notar que más allá de la cifra fría, se tiene que analizar las tentativas de feminicidios, donde la mujer salvó su vida, no por la voluntad de los agresores, sino porque algún factor externo lo evitó.
Recordó que ha habido casos de mujeres que quedan con cicatrices en el cuerpo, porque sus parejas las intentaron quemar y otras quedan con las marcas, porque lograron sobrevivir a una agresión. “La tentativa de feminicidio es un número del cual no se habla”, lamentó.

Considera que también se tiene que ver la violencia vinculada a la familia, porque la Ley 348 establece nueve circunstancias para tipificar un feminicidio.
Citó como ejemplo el caso de la joven que fue entregada a la Pachamama. “Desde la lectura que hacemos es un feminicidio, al igual que el doble feminicidio que ocurrió en La Guardia. En este último cambiaron la tipificación a asesinato y no está contabilizado en las cifras, siendo que el hombre era parte de la familia y las venía violentando, y decide arrebatarle la vida a la madre de su esposa y a su cuñada”, reclamó.

“El gran desafío está en cómo el Estado brinda una protección, una respuesta efectiva a la mujer cuando está en situación de violencia y evita que termine en feminicidio”, recalca.
Lamenta que hay mujeres que tienen que huir para salvar su vida, pero los casos terminan en sobreseimiento y eso deja a la víctima en indefensión, por lo que es importante ajustar los procedimientos para abrir los procesos.

La Casa de la Mujer recibe entre 10 y 15 denuncias de violencia por día. La mayoría de las que llega al refugio temporal acude en horario de la noche. Muchas señalan que no saben dónde acudir y a veces ni siquiera conocen los pasos que tienen que seguir para que les brinden protección en los refugios públicos. “Nuestros mejores aliados son los taxistas, que cuando ven a una mujer en situación de vulnerabilidad en la calle, después de haber sido víctimas de violencia, las llevan hasta la Casa de la Mujer”, indicó García.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, señala que distintas organizaciones, desde hace varios años, vienen denunciando la violencia y consideran que se necesitan medidas estructurales para combatir este flagelo.
Indica que la Ley 348 ha permitido avanzar en la penalización del feminicidio, pero falta fomentar la prevención.

Condena que muchos hechos son planificados. “Cada vez con más saña y alevosía. Está faltando fortalecer medidas de prevención”, manifestó.
Considera que es importante incidir en el sistema educativo formal y no formal. “El Estado necesita, desde el nivel central, departamental y municipal, fortalecer acciones de prevención”, subrayó.

También destacó que cada vez más mujeres, de todas las edades, se animan a denunciar, porque no quieren vivir con alguien que les hace daño, pero las políticas públicas no están viendo eso.
“Es necesario que, desde las instancias gubernamentales, abran mucho más su visión y articulen con sociedad civil, con los medios de comunicación, con las iglesias, con las escuelas y otras instituciones, para que todos nos convirtamos en agentes de lucha en contra de la violencia”.

La Coordinadora de la Mujer tiene instituciones afiliadas en diferentes regiones, que brindan asistencia y acompañamiento a víctimas. “Lo que vemos es que un 60 por ciento de las víctimas ha denunciado en algún momento o ha pedido una orden de alejamiento en contra de los agresores y la respuesta de las instituciones que tienen la labor de precautelar su seguridad ha sido deficiente”.
Lamentó que los recursos para atender los casos de violencia no son suficientes.