Fuente: https://asuntoscentrales.com
“En su informe anual sobre derechos humanos 2023, el Departamento de Estado de EEUU, ha observado que el gobierno de Luis Arce está cometiendo atropellos, detenciones y torturas en contra de ciudadanos bolivianos”, señaló Camacho a través de su cuenta en X.
En este sentido, dijo que “la comunidad internacional está empezando a reaccionar ante un gobierno que persigue, tortura y encarcela a la oposición, en abierta violación a los principios constitucionales y democráticos”.
“Si bien el informe pone énfasis en mi secuestro y en mi detención preventiva, que cada vez la alargan de manera arbitraria, el mencionado documento llama la atención sobre el uso politizado de la justicia y sobre el carácter autoritario del gobierno de Luis Arce”, denunció.
“La justicia en Bolivia está perversamente controlada por el gobierno masista, por eso creo que ha llegado el momento de recurrir a todas las instancias e instituciones internacionales para identificar y procesar a los responsables de las persecuciones políticas y las violaciones de los derechos humanos”, dijo Camacho.
“Este informe y las pruebas que presenta, puede constituirse en un argumento para llevar nuestra voz a todos los foros y a todas las instancias internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos”, indicó el Gobernador electo.
El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 denuncia la detención ilegal de opositores y, en particular, del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El documento advierte entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.
Según el documento al que tuvo acceso Asuntos Centrales, señala que “pese a que la normativa boliviana prohíbe las detenciones ilegales y las torturas, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos detectaron varias detenciones con motivos políticos, todas contras líderes opositores al Gobierno o miembros del anterior Ejecutivo”.
Menciona, en particular, “la detención de alto contenido político del Gobernador Luis Fernando Camacho ocurrida en diciembre de 2022, que es considerada por organizaciones de derechos humanos de haber sido motivada por motivos políticos”.
De la misma forma, “diversos abogados reportan de detenciones arbitrarias que se producen a diario contra individuos sin el debido proceso”.
En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.
En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.