El caso llegará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según los acusados que demandaron al Estado boliviano por vulnerar sus derechos y piden resarcimiento de daños.
Fuente: Red Uno
A 15 años del operativo en hotel Las Américas, en Santa Cruz, que derivó en la muerte del húngaro boliviano Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer, además de dejar heridos a Elôd Toásó (húngaro) y Mario Tadic (boliviano-croata); el caso volvió a llamar la atención de la esfera pública cuando el gobierno boliviano abrió un proceso penal para investigar violaciones de derechos humanos. Ahora, se analizan las posibilidades en cuanto al futuro del proceso.
A las 4:00 del 16 de abril de 2009, efectivos de la entonces Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) de la Policía, sin orden judicial ni presencia fiscal, ingresó al hotel Las Américas y abatió a tres ciudadanos, quedando dos sobrevivientes. Poco después, Evo Morales, que era presidente, comentó que él ordenó el operativo, porque supuestamente querían atentar contra su vida.
Posteriormente, se instaló el juicio del caso «Terrorismo» con 39 acusados que estarían implicados. El proceso se prolongó por varios años, incluyendo denuncias de irregularidades, como la extorsión que habría ejercido el fiscal del caso, Marcelo Soza, que luego huyó del país.
En 2020 el caso fue extinguido. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la denuncia de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, en 2021, señaló que hubo violaciones a los derechos humanos durante el operativo e instó al Estado a tomar medidas de reparación, también a identificar y sancionar a los responsables. Los afectados aseguran que estas recomendaciones no fueron cumplidas.
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— Tóásó Előd (@toasoelod) April 13, 2024
César Adalid Siles Bazán, Procurador General del Estado, aseguró que se van a cumplir las recomendaciones emanadas por la CIDH y
«La Procuraduría General del Estado tiene la misión de defender los intereses del Estado tanto en sede local como internacional. En este caso en particular, la Procuraduría, en septiembre de 2009, fue notificada con la petición, ahora caso 3.546, del señor Mario Tadic y otros, sustanciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso avanzó y concluyó el 26 de julio del 2022, con la emisión de un informe de fondo que contiene recomendaciones«, detalló Siles.
Así, entre las recomendaciones, se encuentra la exhortación al Estado boliviano a iniciar y proseguir una investigación diligente, pulcra, en plazos razonables con identificación de responsables y aplicación de sanciones respecto a las posibles vulneraciones de derechos humanos denunciadas por Tadic y otros.
«En ese momento procesal nos encontramos. La Procuraduría, el jueves 11 de abril, ha informado a la CIDH el grado de cumplimiento de esas recomendaciones. Asimismo, ha hecho notar a la CIDH que, además de este caso que es importante denominado Hotel Las Américas, existen otros seis casos sustanciados en la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto, hemos pedido la acumulación de esos casos, por identidad de sujeto, objeto y causa», informó el Procurador.
Indicó que la Procuraduría, en representación del Estado boliviano, también ha pedido que se pueda prestar un asesoramiento al Estado respecto al posible resarcimiento económico, reparación económica que se está pidiendo en el caso, vía recomendación de la CIDH.
«Esta semana va a ser crucial, concretamente hasta el 26 de abril, esperemos que la CIDH se pronuncie sobre esas solicitudes, se pronuncie el informe que ha emitido el Estado boliviano», detalló.
En ese sentido, posteriormente, según Siles, hay dos posibilidades respecto al futuro del proceso. La primera, que el caso llegue a la Corte Interamericana. La segunda, que se acepte el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Gobierno boliviano.
«La Procuraduría no quiere que el caso vaya a la Corte, quiere cumplir las recomendaciones. La segunda posibilidad es que nos califiquen con un grado de cumplimiento razonable de las recomendaciones, se acumulen las causas y se asesoren en cuanto a la reparación económica, lo cual sin duda va a demorar un tiempo más en la Comisión», detalló.
El Procurador explicó que las primeras pretensiones que se recibieron oficialmente de parte de las víctimas y que las mismas posibles víctimas han hecho público, superan los 3 millones de dólares, solamente en el caso de la muerte de Dwyer, que están solicitando más de 3 millones de euros, «sumado todo, llegará a 5 millones de euros», dijo.
«La CIDH en la recomendación y en el informe de fondo que ha emitido no establece montos, no le corresponde a la Comisión establecer montos; solo recomienda una reparación económica razonable. Cuando ya el caso pase a la Corte, que podría pasar en los próximos días o semanas, vía sentencia, va a establecer montos; suma líquida y exigible. En este caso, todavía no hay montos, por eso hemos pedido el asesoramiento a la CIDH respecto a un monto razonable de reparación económica», agregó.
Comentó que se basan en la jurisprudencia de la propia Corte, en casos precedentes, como el de Juan Carlos Flores Bedregal, que incluyó el asalto a la COB, desaparecidos, asesinados y una sentencia dictada por la Corte, que establece un monto indemnizatorio de 450.000 dólares, que «no guarda relación con la pretensión que están teniendo las víctimas de este caso», que además son cinco de las 39 que han peticionado a la CIDH, por eso también se pidió la acumulación de los casos.
La petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es del 2009, mientras que las denuncias presentadas al Ministerio Público son del 2019. También aclaró que el caso fue reabierto en el 8 de marzo de 2023, cuando el Fiscal Departamental de Santa Cruz revocó la resolución de rechazo.
«En estos casos abiertos en la Fiscalía abiertos contra autor o autores y las investigaciones no han sido prolijas. Ahora ponderamos la labor del Ministerio Público el comunicado que ha emitido respecto a la designación de comisión de fiscales que seguramente le van a dar celeridad al caso. La Procuraduría se preocupa en esto porque, según una de las recomendaciones de la CIDH, si en la Comisión Interamericana no se logra cerrar, en la Corte Interamericana va a seguir como pretensión de los peticionarios es la realización de una investigación prolija, diligente, en plazo razonable», dijo Siles.
En ese sentido, comentó que con el proceso en curso de investigación, están seguros de que se cumplirá, de manera razonable, por lo menos una de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reiteró también que todos los que tengan algo que aportar, serán convocados y deben responder.
«Ningún boliviano, menos una autoridad o exautoridad, puede rehusarse una citación fiscal o del Órgano Judicial. Tenemos la obligación de contribuir una investigación penal como la que se abrió el año 2019 y fue reabierta el año 2023 y ahora es de conocimiento público, todos quienes hemos podido intervenir o conocer los hechos que se han denunciado», se refirió respecto a la negativa de Evo Morales de ser implicado en el caso.
Prado: «Se llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos»
El abogado Gary Prado, quien ha seguido de cerca el caso, informó que debe haber una última reunión entre la CIDH y las partes en este caso, es decir, la Procuraduría, en representación del Estado, y las víctimas, junto a sus abogados, para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones, que están en el informe de fondo.
«Desde mi punto de vista, no se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones; no hay reparación material, no hay asistencia médica a las víctimas, no hay procesos penales abiertos para investigar los hechos y no hay formación y educación a las jueces, fiscales y policías para que estos hechos no se repitan, es más, se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos en Bolivia», afirmó Prado.
En ese sentido, asegura que el caso llegará a la Corte, que tiene sede en San José de Costa Rica.
«La evaluación que debería hacer la CIDH, respecto al cumplimiento de las recomendaciones, va a dar lugar a que sea rechazada por insuficiente y la Comisión preparará el juicio contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿Cuándo se va a realizar ese juicio? Con probabilidad el siguiente año, toma tiempo preparar la acusación contra el Estado boliviano, eso pasa a la CIDH y, en parte, contribuyen los abogados de las víctimas», aseveró.
En ese sentido, apunta a que, en algunos de los periodos de sesiones de la Corte Interamericana del 2025, se podrá sustanciar el juicio contra Bolivia, que se defenderá a través de la Procuraduría o un bufete de abogados que se contrate.
«De ese juicio va a salir una sentencia, que, desde mi punto de vista, será favorable a las víctimas porque es evidente la vulneración de sus derechos humanos. Muy difícilmente el Estado va a poder desvirtuarla. Entonces, que se dicte esa sentencia y el Estado va a estar obligado a cumplirla porque tiene carácter vinculante para el Estado condenado. Ahí será otro el cariz porque ya no habrá posibilidad de buscar gestiones o ampliación de plazos, ahí ya es mucho más efectiva la ejecución de la sentencia. El informe de la Procuraduría puede ser refutado por las víctimas, si es que no ha habido avance y estoy seguro que no hubo», añadió.
Según Prado, si se abre el proceso de juicio en la Corte, el Gobierno puede seguir avanzando en las reparaciones para aminorar la sentencia.
«Puede ofrecer un tratamiento médico y con eso ya no estará obligado en sentencia a brindarlo. Lo más probable es que lo que haga el Gobierno desde ahora hasta que se inicie el juicio no sea relevante para condenar al estado por la existencia de las vulneraciones. Hay que distinguir la reparación, de la existencia de los hechos violatorios. El Estado va a ser condenado igual porque se violentaron los derechos humanos. Puede ser que, hasta que se emita la sentencia, se hayan reparado las violaciones, en términos materiales, inmateriales, juicios; pero el hecho ocurrió y va a ser sancionado por la Corte», complementó.
El abogado recordó que la mayoría de los procesos que enfrentó la Procuraduría los perdió y que sucederá lo mismo en esta ocasión.
«Analicemos si cumplieron: no hubo reparación inmaterial para las víctimas, el Estado no les pidió disculpas por las violaciones a sus derechos humanos, que debería ser público: no hubo reparación material, no les pagaron por los años de cárcel, la muerte de Dwyer y las torturas; no están siguiendo los tratamientos médicos por sus traumas y enfermedades agravadas por los años de cárcel; no se han iniciado verdaderamente procesos contra los responsables, se conformó una comisión de fiscales en Santa Cruz para investigar, pero no se iniciaron formalmente los procesos. Finalmente, no hay un curso, seminario, alguna actividad académica para policías, jueces y fiscales con relación a los derechos humanos para que no se sigan vulnerando los mismos. No se ha cumplido nada», afirmó.
En cuanto a la acumulación de casos, comentó que es válida porque hay siete peticiones individuales que son similares, excepto el derecho a la vida solicitada por la familia de Dwyer. Los demás incluyen privación de libertad ilegal, garantías judiciales no atendidas, resolución de inocencia violentada, daño a su integridad. «Son los mismos hechos contra el mismo Estado, en las mismas circunstancias», agregó.
Mario Tadic, uno de los sobrevivientes del Hotel Las Américas, dijo en el programa Que No Me Pierda, que no confía en la justicia boliviana y que no está dispuesto a permitir más prórrogas en el caso terrorismo