El Departamento de Estado publicó su informe anual 2023. En él documentó casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.
FOTO DE ARCHIVO: El dictador Nicolás Maduro durante la celebración del 22 aniversario del regreso al poder de Hugo Chávez tras un fallido intento de golpe de Estado en 2002, en Caracas. La situación de los derechos humanos en Venezuela, bajo su mandato, es cada vez más alarmante (Reuters)
Fuente: Infobae
La situación de los derechos humanos en Venezuela no ha experimentado cambios significativos, permaneciendo críticos los informes sobre violaciones, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro.
Organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Provea y el Centro Gumilla, documentaron centenares de asesinatos en operativos de seguridad, con un alto porcentaje de las víctimas siendo jóvenes varones de áreas pobres, según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Además, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 muertes involucrando a las fuerzas de seguridad solo hasta agosto, con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) liderando en número de casos.
Las acciones de grupos armados no estatales y bandas criminales también contribuyen al caos, involucrados en violencia, tráfico humano y explotación de comunidades indígenas, como es el caso de los Yanomami. Acusaciones de reclutamiento forzado de niños por estos grupos armados ilícitos fueron señaladas, presentando incluso una determinación por parte del Secretario de Estado que Venezuela respaldó tales prácticas durante el período de abril de 2022 a marzo de 2023, según el informe al que accedió Infobae.
El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, denunciaron cientos de casos de tortura no reportados por temor a represalias. Las víctimas a menudo eran sometidas a tratos crueles como asfixia, descargas eléctricas y fracturas de huesos, lo que destaca la impunidad con la que actúan las fuerzas de Maduro.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Antony Blinken. “Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva. Las ONG nacionales de derechos humanos Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvieron que cientos de casos de tortura no se denunciaron porque las víctimas temían represalias”.
El texto prosigue: “En ocasiones, los jueces ordenaban la detención preventiva en instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) o de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incluso cuando los detenidos alegaban ante el tribunal que habían sido torturados o mostraban signos compatibles con la tortura”.
“Los medios de comunicación y las ONG informaron de que las fuerzas del orden y los militares afines a Maduro golpeaban y humillaban con regularidad a los sospechosos durante las detenciones. También se denunciaron casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos. Personas alineadas con Maduro sometieron a detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos y ahorcamiento por las extremidades. También se sometió a los detenidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; se les obligó a pasar horas de rodillas y se les esposó durante largos periodos de tiempo.
Algunos detenidos y sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los detenidos denunciaron que las fuerzas de seguridad afines a Maduro los trasladaban de los centros de detención a casas y otros lugares clandestinos donde se cometían abusos. Los tratos crueles implicaban con frecuencia negar a los presos atención médica y mantenerlos durante largos periodos en régimen de aislamiento. Las ONG informaron de que algunos detenidos habían sido víctimas de violencia sexual y de género por parte de las unidades de seguridad”, señala el texto.
Desapariciones
En cuanto a las desapariciones, fueron varias las organizaciones que denunciaron esta actividad paraestatal para silenciar o perseguir opositores. “La ONG nacional de derechos humanos FundaRedes documentó 63 desapariciones o secuestros entre enero y marzo en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, y 27 desapariciones o secuestros en estos y otros seis estados entre abril y junio. La mayoría de las víctimas eran hombres. En muchos casos, FundaRedes informó que los autores eran organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión.
En 2022, FundaRedes registró 80 desapariciones de mujeres en la frontera con Colombia. FundaRedes señaló que es probable que no se denuncien todas las desapariciones por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones controladas por Maduro. Según las investigaciones de FundaRedes, los agentes de seguridad fueron cómplices de grupos armados irregulares y bandas criminales en la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las desapariciones”.
El informe continúa: “En agosto, el Comité Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas en las Costas de Venezuela protestó por la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición en el mar de 150 migrantes desde 2015. Los representantes de Maduro siguieron negándose a que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitara el país para llevar a cabo investigaciones. En 2022, el Grupo de Trabajo informó de 29 casos pendientes de desapariciones forzadas o involuntarias”.
Libertad de expresión
El informe del Departamento de Estado también muestra el deterioro que presentó el régimen en materia de libertad de expresión: “La ley castigaba con penas de seis a 30 meses de prisión sin fianza las injurias al presidente, y con penas menores las injurias a funcionarios de menor rango”.
“La Ley Constitucional contra el Odio para la Convivencia Política y la Tolerancia (ley contra el odio) estipulaba penas de prisión de hasta 20 años. Aunque el propósito declarado de la ley era ‘promover la paz y la tolerancia’, las ONG observaron que la ley, vagamente redactada, se utilizaba para silenciar a activistas de la libertad de expresión y a periodistas. La ley también se utilizó para limitar sus derechos tras su puesta en libertad, prohibiendo los viajes internacionales y exigiendo comparecencias periódicas ante los tribunales.
El ACNUDH documentó nueve casos de personas, entre ellas defensores de los derechos humanos y periodistas, acusadas o procesadas en virtud de la ley. Según la ONG de derechos humanos Espacio Público, en los últimos cinco años, 83 personas fueron acusadas injustamente en virtud de esta legislación, entre ellas funcionarios públicos, periodistas y miembros de ONG”, señala la investigación respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela en 2023.
En el ámbito laboral, se destacan violaciones significativas a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, exacerbadas por el apoyo a “sindicatos paralelos” afines al gobierno y el uso de leyes antiterroristas para perseguir a activistas. La Organización Internacional del Trabajo ha expresado preocupación por la interferencia en las elecciones sindicales y por la situación de hasta 40% de la población trabajadora en el sector informal, donde las leyes laborales generalmente no se hacen cumplir.
Respecto a la comunidad LGBTQI+, se reportaron ataques discriminatorios por parte del gobierno y actores alineados, incluyendo violencia contra mujeres transgénero. A pesar de las denuncias de prácticas como las terapias de conversión, Maduro no ha hecho esfuerzos por reconocer ni proteger adecuadamente a esta población vulnerable.
Maduro y su régimen continúan recibiendo condenas internacionales, incluidos informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y investigaciones de la Corte Penal Internacional, por su papel en perpetuar un ciclo de abusos sin precedentes en el país.