Los defensores del medioambiente también criticaron el plan de industrialización que promueve el Gobierno para fomentar el “biocombustible”, a partir del cultivo masivo de la palma africana, la soja y otros granos.
Fuente: ANF
Esta jornada se recuerda el Día mundial de la Madre Tierra y 20 instituciones defensoras del medioambiente emitieron un manifiesto donde critican el doble discurso del Gobierno que pretende hacer creer que tiene principios de preservación de la naturaleza y los pueblos indígenas; sin embargo, continúa promoviendo políticas para fortalecer los incendios forestales, la contaminación minera, la expansión de la frontera agrícola, los monocultivos, etc.
“Mientras los actores políticos que gobiernan el país como el vicepresidente David Choquehuanca, ocupan espacios internacionales con discursos de reivindicación de los derechos de la Madre Tierra, en Bolivia se vive una realidad diferente”, dice el documento enviado por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) al que se adscribieron las instituciones.
Entre las políticas observadas está la Resolución Administrativa AJAM/DJU/RES-ADM/16/2023 emitida por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que aparentemente deslinda responsabilidad sobre el control de la minería llamada ilegal y cambia lo tipificado como delitos contra la Madre Tierra a un simple llenado de formulario administrativo. Además, exige datos personales a los que denuncian desastres medioambientales de la minería ante esta instancia estatal.
Este beneficio se da a sabiendas de que la minería está utilizando los mismos métodos de avasallamiento y tráfico de tierras que el sector del agro negocio, como es el incendio de bosques para apoderarse de áreas donde ya están operando, y donde pretenden “legalizar” sus actividades.
“Y tal como ha declarado el ministro minero Santos, de que acelerará los contratos mineros en áreas rurales, el gobierno está a punto de aprobar la Ley 036, que legalizará 19 contratos mineros que no cumplen siquiera con su propia Ley 535, que en su artículo 93 exige que deben contar con estudios multisectoriales. Pero la AJAM, ha determinado que como ese requisito no estaría reglamentado, para que los mineros obtengan sus exigencias, quieren omitir ese requisito. Estos contratos que serán aprobados para la minería en la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, sienta un mal precedente para que otros contratos sean aprobados con la misma celeridad para la minería en la Amazonía y otras regiones del país”, denuncia otra parte del documento.
Los defensores del medioambiente también criticaron el plan de industrialización que promueve el Gobierno para fomentar el “biocombustible”, a partir del cultivo masivo de la palma africana, la soja y otros granos.
“Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, la Relatoría para el Derecho al Medio Ambiente Sano, la Relatoría de Pobreza Extrema, la Relatoría de Derechos de Pueblos Indígenas, la Relatoría de Pueblos Indígenas de la CIDH, tomar conciencia de la vulneración de derechos colectivos que se está generando en Bolivia con los privilegios inconstitucionales que otorga el gobierno boliviano al sector minero, a los colonizadores y a los capitales del empresariado nacional y transnacional. Nuestras áreas protegidas y nuestros territorios son nuestras fuentes de agua y alimentos, que están siendo violentados, sumiéndonos a los pueblos indígenas en la extrema pobreza”, dice el manifiesto.
Los adherentes al manifiesto son: Sub Central de Tariquia, Red Nacional de mujeres en defensa de la Madre Tierra – RENAMAT, Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Comité Cívico Femenino Ixiamas, Asociación de pueblos indígena originarios campesinos Qhana Pukara Kurmi, Ayllu Acre Antequera, Comunidad Indígena Originario Santa Ana de la Provincia Los Andes, Comunidad Indígena Originario Vilaque Huaripampa Provincia Los Andes, Plataforma en Defensa de las Áreas Protegidas de la Provincia Abel Iturralde, Defensores Voluntarios Tudaray Ixiamas, Comunidad Alto Patacamaya Provincia Aroma, Comunidad Indígena Originario Amachuma de la Provincia Aroma, Ayllu Ichoca provincia Inquisivi, Comunidad Indígena Originario Chucarasi Chayanta Potosí, Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, Colectivo Consumidores Conscientes, Bolivia Libre de Transgénicos – BLT, Colectivo ecofeminista SALVAGINAS, Coordinadora en defensa de la Amazonía – CODA, Alianza para los Ríos Amazónicos – ARA.
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