La legisladora Lissa Claros afirmó que hay un daño económico de Bs 426 millones por las fallas que presentó la planta.
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Lidia Mamani / La Paz
La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, afirmó este jueves que interpuso una denuncia penal contra ex y actuales autoridades que tuvieron bajo su dependencia a Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB), debido al daño económico de 426 millones de bolivianos, por las fallas técnicas en la planta, en el Salar de Uyuni, Potosí. También pidió al Ministerio de Justicia y a la Contraloría General del Estado intervenir la estatal.
“Si bien se tuvo un caso de desfalco con el Fondo Indígena, el nuevo caso que tiene que ver con YLB con el litio traspasará todos los casos que se tuvieron a nivel nacional. Estamos hablando de más de 400 millones de dólares y lo que se ha ido denunciando durante tres años que es una planta que no sirve para nada, no tiene fundamento técnico y que lo más lamentable es que ha sido inaugurada y reinaugurada por el presidente Luis Arce”, cuestionó la legisladora.
Denotó que actualmente el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, aceptó que hay una inversión “mala y que no sirve para nada”, con un daño económico 426 millones de bolivianos, algo que les llama la atención. Al respecto, la parlamentaria denunció que las plantas son inservibles y que no hay ni habrá la famosa industrialización.
“Esto no es menos importante y es por eso que como parlamentarios hemos hecho efectiva una denuncia penal por incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, contratos lesivos al Estado en contra de los anteriores funcionarios de Comibol, de Minería y de los actuales, ya que hay una complicidad entre los anteriores y actuales autoridades”, afirmó Claros.
Demandó que la justicia investigue a YLB, se le haga auditorías técnica, administrativa y jurídica. También, dijo que envió una nota al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para que conforme una comisión de fiscales e investigue esta corrupción en la explotación del litio, que se hace actualmente en el Salar de Uyuni, en Potosí.
Agregó que igual se solicita al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General del Estado a que investiguen, porque son más de 400 millones de dólares de daño económico destinado a la inversión en plantas, pero hasta el momento no ha producido ningún resultado favorable para el Estado boliviano.
