Fuente: ANF
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas responsabilizó a las comisiones mixtas porque habrían cometido errores básicos en la revisión de documentos que provocaron la paralización del proceso de las elecciones judiciales.
La jornada pasada, una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz le concedió la tutela a Margarita Medrano Mayta, candidata inhabilitada al Consejo de la Magistratura.
Según denunció Medrano, primero fue inhabilitada por no presentar un certificado de “idioma válido”, pero luego, en la impugnación, fue habilitada porque reconsideraron que el documento fue emitido por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Sin embargo, la volvieron a inhabilitar porque se habrían dado cuenta de que, supuestamente, no cumplía otros dos requisitos. La candidata presentó su recurso de revisión extraordinaria, pero hasta ahora no resolvieron su caso y simplemente apareció en las listas como inhabilitada.
“Si es cierto lo que plantea la postulante en este amparo, es responsabilidad de estas comisiones y sobre todo de la oposición también porque sabemos que hay una clara intención del MAS de no llevar adelante estas elecciones. Entonces, no nos podemos equivocar en estos temas básicos cuando se hacen estas evaluaciones”, condenó Pedrazas.
La audiencia para resolver el recurso de amparo se realizará el lunes y es posible que se retorne el curso regular de las elecciones judiciales; sin embargo, existirían más acciones similares en otras salas constitucionales del país.
“Lo que pasa es que eso se puede complicar. Así como hay gente que dice que le han afectado sus derechos, porque no han vulnerado sus evaluaciones, en sus procedimientos, mañana, los que quieren dar el examen también pueden presentar acciones. Por eso es de mucho cuidado cuando uno asume estas comisiones mixtas para este tipo de trabajo”, advirtió el diputado.
Entre tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, deslindó responsabilidades y culpó a los “magistrados autoprrogados” de buscar perjudicar las judiciales por intereses políticos.
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