La Paz. – El Gobierno nacional propuso este miércoles realizar un debate de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia para avanzar y no dejar en la impunidad a los responsables de estos ilícitos, menos aun poniendo en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual.
Fuente: abi.bo
En un pronunciamiento público, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional fijó su postura sobre las propuestas en el Legislativo para promover reformas a la Ley 348 que, entre otros aspectos, proponen corroborar “la veracidad” del testimonio de las víctimas.
“La situación de injusticia que hoy alegan algunos varones es la misma que han denunciado por años las mujeres contra jueces, fiscales y policías que aplican la ley de manera discrecional, en ese marco, el debate respecto a la Ley 348 debiera ser para avanzar y no para evadir la justicia buscando tener impunidad”, se lee en el documento.
Sobre este punto, “el Gobierno nacional ratifica su compromiso de protección a las víctimas de violencia de género y no abrirá ninguna medida normativa en desmedro de niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; asimismo, reconociendo las fallas en el sistema de protección y de justicia, continuará fortaleciéndolo en favor de las víctimas y no así de sus victimarios”.
La propuesta de reforma fue presentada por la senadora “evista” Patricia Arce con el fin de ajustar el artículo 94 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, justamente, establece que “ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia”.
“Promover reformas a la Ley 348, pretendiendo poner en duda la declaración de las víctimas de violencia sexual, quienes generalmente sufren estos hechos en privado, sin testigos y bajo diferentes formas de violencia, peor aún, pretender corroborar su veracidad a través de la incorporación de cámaras Gesell y peritos que corroboren la veracidad de su testimonio, atenta contra los derechos de las víctimas de violencia sexual”, advierte el Ministerio.
Con la propuesta se va en contra de los estándares establecidos en la Recomendación General N° 3 del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (MESECVI), además de ser materialmente imposible su cumplimiento, ya que el Ministerio Público no cuenta con la cantidad necesaria de cámaras Gesell a nivel nacional ni peritos especializados.
De igual manera, cuestionó que se pretenda establecer el plazo de ocho días para reunir las pruebas en casos de violencia sexual considerando que, de acuerdo con la Guía Práctica de Valoración de víctimas de violencia sexual, metodología de recojo, custodia y procesamiento de evidencias, del Ministerio de Salud y Deportes, lo recomendable es colectar las evidencias, identificarlas, preservarlas y trasladarlas adecuadamente dentro de las primeras 72 horas luego de ocurrida la agresión sexual.
Advirtió que esto promueve “que el acto de violencia sexual quede en la impunidad al existir el riesgo de que la evidencia desaparezca”.
“Una reforma a la Ley 348 no pasa por reducir el patriarcado a una lucha de mujeres contra hombres, peor aún, cuando las reformas plantean retrocesos en los pequeños avances conseguidos, pretendiendo poner a las mujeres en la silla de los acusados, pues no son ellas quienes tienen que dar explicaciones respecto a la mala aplicación de la Ley 348, cuando son los jueces y fiscales quienes aplican la ley de manera errónea”, se enfatiza en el documento.
A la par, el Ministerio de Justicia defendió la Ley 348 porque responde a los altos índices de violencia cometida hacia las mujeres en el país.
Según la Encuesta de Prevalencia de 2016, 75 de cada 100 mujeres mayores de 15 años alegaron ser víctimas de violencia por parte de su pareja o conviviente.
El Ministerio Público reportó desde 2013 hasta marzo 1.189 víctimas de feminicidios y 358.478 víctimas de violencia familiar o doméstica; mientras sobre los delitos relacionados con violencia sexual da cuenta de 83.947 casos, haciendo un total de 443.614 denuncias por violencias de género en este período.
Más grave aún, solo 8.473 (10%) personas que cometieron delitos contra la libertad sexual de niñas niños y adolescentes se encuentran privadas de libertad, entre hombres (99,3%) y mujeres (0,67%).
“Los datos citados dan muestra de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres respecto a los varones, extremo que se evidencia con los datos reportados por la Policía Boliviana que, a través de la FELCV, ha informado que respecto a los tipos de violencia, en la gestión 2023 registró un total de 3.239 casos de violencia hacia varones, dato que es abismalmente diferente en relación a los 41.664 casos de violencia hacia las mujeres; asimismo, respecto a la violencia sexual, en la gestión 2023, recibió 375 denuncias de varones por violencia sexual a diferencia de las mujeres que presentaron 8.600 denuncias”, se agrega en el documento.
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