Los pueblos indígenas aún no se recuperan de los efectos de la sequía, incendios forestales y la contaminación de ríos; ahora, encaran el riesgo de despojo de sus tierras, debido a la expansión intensiva agropecuaria y la minería ilegal, coinciden los comunarios, activistas ambientales y defensores de derechos humanos.
Fuente: lostiempos.com
Los más afectados son los pueblos Tacana, Leco, Chimán, Mozetén, Esse Ejje y Uchupiamón, señala el vocero de la coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Villca.
Villca denuncia que el territorio de los pueblos indígenas está en riesgo a causa del modelo económico extractivista y por el agronegocio que “los están condenando a abandonar sus territorios y desplazarse a las ciudades y a las grandes áreas urbanas para desaparecer de a poco y perder su identidad”.
Recuerda que la sequía y los incendios forestales dejaron sin comida, sin medicina y sin techo a los comunarios cuyo hábitat es el bosque; hasta ahora no se recuperan los cultivos de jatata y frutales, por ejemplo. Además, con la crecida de los ríos, las riberas se inundaron y también se perdió la producción de plátano y yuca.
“Hubo unos cinco meses de sequía seguido de un inédito incendio de la Amazonía; nunca antes en la historia enfrentamos incendios de esa magnitud, jamás pasó por nuestra mente que el bosque tropical lluvioso pueda arder”, menciona Villca.
Para el vocero, el riesgo de despojo está latente. Denunció que se gesta el plan empresarial denominado “marcha al norte”, con proyectos de agronegocio, minería, hidroeléctricas y turismo en desmedro de los pueblos indígenas. “Hay intereses del Gobierno de turno y de grandes empresarios y transnacionales”, alerta.
Advirtió que existe el plan de introducir la palmera africana en el territorio Tacana con el fin de producir biocombustible. “Es una suerte de alquiler de sus tierras que terminarán con la pérdida de su territorio”, alerta.
Además, habló que de la otorgación de cuadrículas mineras en zonas protegidas que ocasionará la expulsión de los comunarios. “Se trata de un proceso sostenido y lento y los indígenas se verán forzados a salir”, sostiene.
Villca hizo referencia al exterminio de los pueblos indígena amazónicos, el no reconocimiento por el Estado a sus territorios, la necesidad de que se abroguen las normas que fomentan los incendios forestales, así como los avasallamientos y la otorgación de concesiones a la minería en áreas protegidas. “Urge cambiar el modelo económico extractivista, los enormes daños a la actividad turística y la importancia de que toda la sociedad civil se involucre en la defensa de los espacios naturales”.
El activista en derechos humanos Franco Albarracín, señaló que los pueblos indígenas se encuentran en riesgo hace muchos, pero ahora se llegó al extremo del uso de la violencia física por parte de los mineros contra los comunarios. “Se los está atacando por todo lado”, denuncia.
Albarracín refiere que se vulneran sus derechos humanos, a la vida, a la salud, a la integridad y al agua saludable porque los afluentes son contaminados por la ac-tividad extractivista en áreas protegidas. “Los ríos del pueblo Esse Ejjje están están contaminados por la minería aurífera que se realiza de minería ilegal en su territorio”, reclama.
Asegura que los mineros ilegales no sólo contaminan el agua, “ahora los atacan físicamente, con armas de fuego y dinamitas cuando protestan o denuncian la contaminación de sus tierras.
“Sin duda quieren apropiarse de su territorio, tienen por objetivo generar un desplazamiento forzado en estas comunidades para que se vean obligados a abandonar su territorio.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, lamentó que la minería ilegal tenga tanto poder que se frene el cumplimiento de la ley referida al cuidado del medio ambiente y a las sanciones contra los depredadores.
Denuncian agresión de mineros ilegales
Residentes de la comunidad Totoral Chico, ubicada en el ayllu Acre Antequera del departamento de Oruro, denunciaron agresiones, amenazas y persecuciones por parte de miembros del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Avicaya. Los afectados solicitan urgentemente resguardo policial para garantizar su seguridad.
Hace varios meses, los líderes y habitantes del Ayllu Acre de Antequera han estado llevando a cabo movilizaciones para evitar la realización de actividades mineras en sus territorios.
Fuente: lostiempos.com