La CIDH recomendó al Estado que investigue a los responsables por las “ejecuciones extrajudiciales” que dieron paso al llamado caso Terrorismo, cerrado en febrero de 2020. El caso puede llegar hasta la Corte IDH
Fuente: El Deber
Los plazos se vencieron hace varios días. El Ministerio Público aún no imputó ni rechazó la investigación sobre la vulneración de derechos que tuvo lugar en el asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009 y que fue denunciada por las víctimas de estos sucesos.
El juez sexto de instrucción en lo penal de Santa Cruz, Manuel Baptista, conminó, de este modo, al Ministerio Público a pronunciarse, en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el viernes 19 de abril. El término de esta instrucción vencerá así este viernes 26 de abril. Se trata de la cuarta conminatoria emitida en los últimos dos años por la justicia, según conoció EL DEBER.
El caso tiene que ver con delitos de “torturas y vejaciones” que, por ejemplo, pudieron cometer agentes de la desaparecida Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) de la Policía, así como otros funcionarios estatales que tuvieron que ver con el operativo, pero que aún no han sido identificados para los fines consiguientes de la investigación.
La conminatoria surge después que el 16 de abril se cumpliera la tercera ampliación de 60 días que pidió la Fiscalía y que la justicia aceptó para que se pronuncie con “un requerimiento conclusivo”.
Las diligencias se sustentan en documentos que la Fiscalía misma presentó como inicio de investigación ante ese juzgado, el 27 de noviembre de 2019 y la justicia le asignó el Nurej 70264734. La querella cita como víctimas al ciudadano húngaro Elöd Tóásó y al croata-boliviano Mario Tadic contra los “presuntos autores” del asalto al hotel de Las Américas de hace 15 años.
Los dos sobrevivieron al operativo policial instruido por Evo Morales, según reconoció en esa época el ahora expresidente. Allí fueron acribillados con disparos de armas de fuego el boliviano Eduardo Rósza Flores, el rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
Este grupo fue acusado de formar parte de una célula terrorista que pretendía “dividir” Bolivia. Sucedió poco después de la promulgación de la nueva Constitución que reconoció por primera vez las autonomías. Hubo, en ese tiempo, un largo debate nacional marcado por demandas regionales anticentralistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a denuncia de la familia de Dwyer y a la que se adscribieron Tóásó y Tadic, emitió en 2021 un “informe de fondo” con el que recomendó al Estado indemnizar a los afectados, así como investigar estos sucesos.
En 2022, EL DEBER conoció este documento y ese año el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno no podía fijar una postura porque el caso estaba bajo reserva.
Lima admitió, entonces, que el “documento (el informe de fondo) tiene que ser evaluado con la característica de vinculante al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”.
“Quien define si se abre un caso penal o se los cierra no es el Órgano Ejecutivo; es el Fiscal General del Estado. Es una responsabilidad del Fiscal General del Estado”, dijo entonces Iván Lima a EL DEBER.
Pero la Fiscalía había rechazado el 27 de agosto de 2020 la apertura de este caso y en diciembre de 2022, ya con el “informe de fondo” de la CIDH sobre la mesa, el Defensor del Pueblo le recordó al Ministerio Público de que se trataba de delitos “imprescriptibles”. El caso se retoma, pero con plazos que hasta ahora no se cumplieron para la presentación de la imputación.
Tóásó y Tadic informaron el 13 de abril, en un comunicado, que la justicia había instruido abrir esas investigaciones y la Fiscalía anunció la conformación de una comisión de fiscales para este caso.“Estamos en un grado de cumplimiento, yo diría, razonable. Sin embargo, la palabra la va a tener la CIDH al momento de resolver el escrito que presentamos el día jueves pasado (por el 11 de abril”), mencionó el procurador del Estado, César Siles.
Siles calificó de “razonable” el cumplimiento, precisamente, porque se formó esa comisión de fiscales, pero admitió que no llegaron a un acuerdo respecto a la indemnización. Por esto, el caso puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Estamos aguardando la respuesta que hasta el 26 de abril va a emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Siles.
“Se recuerda a los fines del cumplimiento de la presente conminatoria que los plazos procesales en materia penal son fatales perentorios e improrrogables conforme establece el art, 130 del Código de Procedimiento Penal, su incumplimiento genera consecuencias jurídicas irreversibles a las partes y hace responsable al funcionario por su falta de diligencia”, señala la conminatoria del juez Baptista.
En el cuadernillo de investigaciones cursan informes emitidos por investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Los agentes sugieren que se emita requerimientos al Servicio general de Identificación personal, al Servicio de Registro Cívico Sereci, así como a otras instituciones del Estado de los sobrevivientes.
Fuente: El Deber