La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena lamentó la decisión del juez y señaló que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (CC) para revertir ese dictamen.
Fuente: ANF
Oruro, Bolivia.-
El Juzgado Séptimo de Sentencia Penal de Oruro rechazó la acción de libertad que presentaron los comunarios de Totoral Chico, del ayllu Acre Antequera de Oruro, contra los mineros del sindicato Avicaya que operan en esa región porque no existen suficientes pruebas de las agresiones que sufrieron.
“Los argumentos del juez es que no había suficientes pruebas para otorgar la acción de libertad a las mujeres y el resto de los comunarios de Totoral Chico, pero eso es falso. Se han adjuntado las pruebas en una carpeta que consiste en declaraciones de los mineros, hay videos donde se ve cómo los mineros están agrediendo a las mujeres, fotografías, pero este juez no ha valorado ninguna de nuestras pruebas”, informó a la ANF la abogada de las víctimas, Beatriz Bautista.
El pasado fin de semana, los comunarios fueron agredidos por mineros del sindicato Avicaya de la Empresa Salvada Sociedad Colectiva mientras se encontraban en una vigilia en rechazo a las actividades mineras irregulares que se registran en el lugar. En videos difundidos por las victimas se observa la forma violenta en la que fueron desalojados por parte de los mineros.
Tras los actos violentos, un grupo de comunarios, entre hombres y mujeres, llegaron a La Paz para denunciar los abusos mineros. Exigieron al Gobierno que ponga un alto a las operaciones de explotación porque están causando daños severos al medio ambiente y a la vida de los habitantes.
La jurista denunció que el titular de ese juzgado, Odal Herrera, se parcializó con los mineros ya que prohibió que las victimas declaren en la audiencia y otorgó solo 15 minutos para que la defensa de los indígenas argumente su petición.
A la vez, dijo que algunos comunarios fueron desalojados de la sala porque estaban grabando la audiencia con sus teléfonos celulares; sin embargo, por órdenes del juez, los guardias los obligaron a borrar las imágenes y los sacaron al pasillo.
“El juez ha demostrado una parcialización porque ha vulnerado el derecho de las víctimas de hablar en la audiencia, no les han permitido declarar y dio la palabra a uno de nuestros abogados por 15 minutos. Hemos soportado la prepotencia del juez, una de las hermanas ha intentado grabar la audiencia, pero le han impedido quitándole el celular y les obligaron a borrar las imágenes”, denunció
Por otra parte, reveló que el 3 de abril una delegación de la comisión de Medio Ambiente y Minería de la gobernación de Oruro se trasladó hasta el lugar para verificar si las empresas contaban con los permisos correspondientes, pero no se ejecutó debido al impedimento de los mineros.
“El 3 de abril ha ingresado a ese sector una delegación de la comisión de Medio Ambiente y de Minería para realizar las inspecciones ambientales y los mineros no han permitido el ingreso, eso era un indicio para que el juez lo tome en cuenta”, indicó.
En indefensión
Ante ese contexto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena lamentó la decisión del juez y señaló que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (CC) para revertir ese dictamen, aunque señaló que mientras se emita una resolución los indígenas están desprotegidos ante el avasallamiento de sus tierras y las agresiones y depredación de los recursos naturales.
“Con ese fallo se está dejando en indefensión a las mujeres y a los comunarios, además el sistema judicial les está diciendo a los mineros que pueden continuar actuando de forma violenta y quedar impunes. Eso es un llamado a la violencia”, reprochó.
Finalmente, dijo que estas acciones violentas por parte de la minería es un patrón común que se registra en diferentes regiones del país en contra de los indígenas, quienes son desplazados de sus territorios a vista y paciencia de las autoridades de Gobierno.
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