Acontece frecuentemente que por las “miserias evidentes” del sistema penal de Bolivia, luego de una serie de intentos infructuosos del acusado para demostrar su inocencia —que no está obligado a hacerlo—, ante la indolencia del sistema y usualmente estando detenido, no le queda otra que declararse culpable para intentar lograr algún beneficio.
La Paz, 8 de abril de 2024 (ANF).- —No importa si eres inocente, aquí hay un muerto y no podemos liberarte —fue la respuesta del juez presidente del tribunal a Felipe, que, al verse sin una moneda en el bolsillo, acudió a él, desesperado, para dar término a un proceso judicial que en una década le había quitado años, fuerza y vida.
Estaba endeudado y sin trabajo. Le llamaba su abogado, quería dinero, dinero, y más dinero “a pesar de que no hacía nada o muy poco”. Fue al cajero y no había nada, ni para el pasaje. Hace días comía muy poco, lo que había. La preocupación le consumía. Asistir a las audiencias en cualquier momento era un martirio que azotaba su tranquilidad.
—Yo soy inocente y lo puedo demostrar, pero ya no tengo dinero, y ya estoy harto, ya no tengo ni ganas de leer los tomos del expediente —le encaró al juez.
Felipe dice que después de tantos años agarrar lo mismos textos judiciales, que tuvo en las manos reiteradas veces para leer y releer, resulta tedioso, “ya no te dan ganas”, además de la posibilidad de que todo sea en vano.
Estudió derecho estando preso. Como alumno ávido de conocimiento pasó días y noches enteras repasando y entendiendo los códigos, confiando en que la ley era garantía de orden y justicia para defender su inocencia. La presión fue tan fuerte que se ganó una embolia. Todo en vano. El desengaño fue brutal.
—Mejor es que te vayas al abreviado o te vamos a dar 30 años, no importa si eres inocente, porque aquí hay un muerto, no podemos liberarte, ya pasó tanto tiempo, porque si no mi cabeza también está en juego pues ¬—le respondió el juez presidente.
Felipe dice que si salía inocente los fiscales y jueces iban a tener que pagarle por todo el daño que cometieron con él al mantenerlo preso tantos años. Pensaba iniciarles un juicio, pero ahora, con el ánimo y la salud disminuida, era más difícil.
Endeudado y sin trabajo ¿Qué prefería? ¿Seguir pagando a un abogado o darle de comer a su familia o a sí mismo? Tuvo que escoger. Tuvo que elegir. Dice que lo económico fue un factor muy importante para que haya optado por el proceso abreviado.
Con mucho dolor, después de tantos años de lucha para salir del proceso y ser liberado, de ver a su familia cuánto había luchado por él, “fue duro ver que toda la lucha había sido en vano”.
—Fue muy triste para mi decir, porque te hacen leer, ‘usted se hace responsable de este hecho’, y decir sí sin haberlo hecho, creo que fue uno de los momentos más difíciles que tuve en la vida, y también para mi familia, todos estaban llorando, después de tanto luchar al final tuve que agachar la cabeza para someterme a este sistema corrupto.
Felipe fue acusado por la muerte de un joven en 2014, sin haber estado en el lugar y con pruebas científicas que concluían que el ADN encontrado en las uñas de la víctima, que se defendió, no era de él, sino de una tercera persona no identificada. En 2017 fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el penal de San Pedro, pero tres años después el proceso fue a foja cero por graves aberraciones judiciales. Se ordenó un nuevo proceso.
Arturo Yañez Cortez, reconocido jurista, escribió en su columna “Procedimiento abreviado, ¿igual a culpabilidad?”, que esa admisión de culpabilidad por la que el acusado se pone la “soga en el cuello aceptando una inmediata condena” no siempre en la realidad significa que sea culpable, en razón a que operan muchos factores que pueden conducir a que, al acusado, aún inocente, a la vista del desastre del proceso penal, no le quede otra que declararse culpable.
Dijo que entre ellos acontece frecuentemente que por las “miserias evidentes” del sistema penal boliviano, luego de una serie de intentos infructuosos del acusado para demostrar su inocencia —que no está obligado a hacerlo—, ante la indolencia del sistema y usualmente estando detenido, no le queda otra que declararse culpable para intentar lograr algún beneficio. “Un proceso penal, peor si es con detención, embargo de bienes, gastos, separación y frecuentemente abandono de la familia, escarnio social, etc., destruye casi irremediablemente el proyecto de vida de cualquier ser humano”.
—Deme menos años si me acojo al abreviado, para ya no volver a la cárcel—le dijo Felipe al juez presidente.
Felipe llevaba 10 años de proceso judicial, de los cuales seis había estado en la cárcel. Sumido en la pobreza, y con su proyecto de vida destruido, veía el procedimiento abreviado como única opción para poner fin a tanto padecimiento. Pero el padecimiento no llegaba a su fin. El juez presidente quería capitalizar hasta el último aliento de un alma moribunda y desesperada.
El juez presidente le propuso 20 años, pero “si tienes 5.000 dólares bajamos los años para que se acabe todo, de una vez”, recuerda Felipe que le dijo el funcionario.
La pesadilla del dinero volvía a presentarse, el juez presidente “era como un mercader que busca sacar provecho de todo, hasta de los pellejos, no pensé que en el abreviado también pedían dinero”.
—Si tuviera ese dinero seguiría en el juicio, pero eso es lo que no tengo —le respondió.
—Trata de conseguir, somos entre tres, no solo es mi cabeza —le retrucó el juez haciéndole entender que se trata de un grupo, como una mafia, que tras un golpe debe repartir el dinero entre todos.
Al juez presidente no le importaba si encarcelaba a un inocente o si liberaba a un asesino, solo quería dinero o que se acabe su fatigada realidad de revisar montañas de expedientes en un sistema judicial atosigado por miles de casos.
—Además, ya me da flojera llevar todo esto otra vez, tengo tantos casos y otra vez leer tu expediente, para nosotros va ser un alivio si te vas al abreviado y ahí se acabó con nosotros —dijo el juez y mantuvo la propuesta de 20 años de cárcel con la esperanza de que Felipe acepte pagar algo.
—Pero voy a tener que volver a la cárcel si me das 20 años.
—Claro, pero solo van a ser unos años y vas a salir con plata, adentro sé que salen con más plata, yo sé cómo es allá adentro.
Jueces como el juez presidente hacen de la justicia un producto a la carta, donde las sentencias, sin importar la gravedad, tienen precio, como se develó con el caso del feminicida Richard Choque que pagó en 2015 al juez de ejecución penal Rafael Alcón Aliaga 3.500 dólares y una botella de whisky para que, mediante una artimaña jurídica, saliera libere.
—Usted piensa que soy un delincuente, seguro que para un delincuente que está acostumbrado a eso está bien, pero mi anhelo de vida no es ese, no es estar en la cárcel y delinquir —le cuestionó. Al ver que efectivamente no podría conseguir nada de Felipe, el juez presidente lo condenó a 15 años de cárcel.
El artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, señala que una vez “Concluida la investigación, el fiscal encargado podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado”.
Y, para que sea procedente, “deberá contar con el acuerdo del imputado (sin ninguna presión) y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él”, es decir, admitir la responsabilidad del delito.
Felipe recuerda que el sistema de justicia siempre le sugirió el proceso abreviado, desde su aprehensión, sin haber investigado nada. Policías, funcionarios penitenciarios, abogados, fiscales, en todo momento sacaban el tema.
—En mi caso vinieron el fiscal y unos abogados indicándome que me vaya al abreviado, desde el momento en que me habían detenido. Yo decía por qué voy a ir al abreviado, por qué me voy a echar la culpa de algo que no he cometido, pero todo el mundo te dice que te vayas al abreviado, hasta los policías, y mucha gente cae en eso.
Hacinamiento
El procedimiento abreviado es usado para bajar los niveles de hacinamiento de las cárceles, ahorrar recursos y hasta intentar mostrar rápidos y efectivos “resultados”. Felipe dice que es para que las autoridades “se laven las manos” y puedan “liberarse de cualquier duda sobre su idoneidad”, por eso “para ellos es simple pedirlo”, porque “no te ven como a una persona, sino como un número”. De acuerdo al informe de Rendición Pública de Cuentas Final del Tribunal Supremo de Justicia, en 2023, luego de audiencias en siete recintos carcelarios, 134 privados de libertad se acogieron al procedimiento abreviado. Felipe refiere que, en su caso, después de tantos años, tuvo que hacer lo mismo.
—Todo esto es un gasto económico terrible y en lo personal ha sido totalmente destructivo para mi economía, para mi forma de vida, inclusive.
Tantos años de trajinar en el camino sinuoso del sistema judicial ha cambiado su perspectiva. Al principio creía que el juez era una persona idónea, superior, muy bien formada, sabia —por algo se les dice señoría—, pero conocer de cerca el sistema le ha brindado un conocimiento más cabal. Dice que están llenos de prejuicios, se guían por las apariencias y no respetan ni la ley que dicen aplicar y defender. Arranca a carcajadas cuando escucha decir a los funcionarios del Ministerio Público que la Fiscalía es una de las instituciones con “mayor prestigio”.
—Ellos hablan mucho de la ética, pero ya te juzgan por tu color de piel, por tu religión, por tus gustos musicales o por cómo te vistes; suponen mucho, dicen: él es (culpable), se nota, has visto sus ojos, su mirada, cosas así de ridículas para nuestro entender, no son nada profesionales.
En la primera sentencia, los jueces técnicos que lo condenaron no tomaron en cuenta la prueba de ADN que lo liberaba de culpa, pero sí su doctrina de músico de rock anticristiana y concluyeron que “desprecia la vida” y por lo tanto es culpable.
Felipe está convencido de que la justicia es un negocio, lo conoce desde adentro, y a cualquier persona con un problema legal que le pregunta qué puedo hacer, le responde: Si tienes plata, págale al fiscal o al juez y ahí se acabó.
—Uno cree que el abogado le va a ayudar, que lo que dice es la verdad, pero al final te das cuenta que no es así, que todo es un negocio —refiere y recuerda que su primer abogado prometió sacarlo en seis meses, pero tomó sus únicos cuatro mil dólares y desapareció.
La justicia le ha enseñado que entre contratar un abogado que domina el procedimiento y otro que es chicanero, es preferible optar por el que hace chicanas, él te va a sacar, porque con el otro “vas a estar años caminando y al final vas a llegar a lo mismo que el chicanero te va a decir”.
—Yo ya no creo en la capacidad un abogado, más bien creo en cuán virtuoso es hacer charlas o cosas fuera de la ley, porque querer dinero es parte común de ellos, de los fiscales y jueces.
La única tranquilidad que le da haberse acogido al proceso abreviado es que ya no irá a audiencias ni pensará en buscar dinero para dárselo al abogado y pagar trámites en el sistema corrupto. Pero un peso social y moral inmenso lo acompañará por siempre. Nadie conoce sus motivaciones para optar por el abreviado, solo él y su familia.
—Todas las personas que ahora leen o se enteran de que me fui al abreviado dicen: ‘había sido verdad, por eso se ha ido al abreviado, él había sido’, eso piensa la mayoría de la gente que me conoce, no dicen que yo no tenía dinero y me vi obligado, la persona común y silvestre no conoce bien ese veneno que es el sistema judicial.
Su moral quedó totalmente afectada. Una persona con principios y valores, con una vida tranquila, una profesión y un proyecto, al aceptar haber cometido algo tan terrible, después de “hacer hasta lo imposible por demostrar mi inocencia”, siente una pérdida incuantificable.
—Pensé ilusamente que el Código de Procedimiento Penal servía, pero no sirve. Y ahora pienso por qué tuvo que pasar por todo esto, por qué toda esta pena, inclusive económica, a veces no tengo ni qué comer, por qué tuve que pasar tantas cosas y de paso aceptar una culpa, decir ‘yo soy el culpable’.
*El nombre de la persona que da el testimonio fue cambiado para mantenerlo en reserva y evitar la venganza judicial