El dictamen instruye al Estado reconocer públicamente la “desaparición forzada” de Flores Bedregal durante el golpe de julio de 1980. El plazo ha vencido y la familia de la víctima pidió explicaciones al Procurador por la suspensión de ese acto.
Fuente: eldeber.com.bo
La familia de Juan Carlos Bedregal, un dirigente del Partido Obrero Revolucionario desaparecido en el golpe de García Meza (1980), reclamó al procurador del Estado, César Siles, por evadir el pleno cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Este fallo estableció que el Estado violó la Convención Americana de Derechos Humanos e instruyó como reparación integral y el pago de $us 481.550 a la familia del dirigente desaparecido, pero también el reconocimiento público de este delito.
“El señor procurador del Estado, César Siles Bazán, Ud. debe una disculpa pública por la ignominiosa suspensión del acto de reconocimiento internacional por la desaparición de Juan Carlos Bedregal”, señala la carta firmada por Olga Flores Bedregal, hermana de la víctima.
Flores, en la carta fechada el 21 de abril, recordó que la Procuraduría General del Estado hizo la convocatoria para el evento no asistió ninguna autoridad estatal, a excepción de tres subprocuradores.
“Su persona a nombre de Bolivia se comprometió a cumplir el fallo y hasta la fecha viene dilatando, cambiando y desfigurando la sentencia para no cumplirla. Tal el caso del acto al que nos convocó el miércoles (10 de abril) pasado”, señala Flores en su carta.
El plazo para el cumplimiento del fallo fue de un año tras la notificación. La Corte IDH emitió el dictamen en octubre de 2022 y para enero de 2023 todas las partes estaba notificadas.
La sentencia señala: “Dicho acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado y las familiares de la víctima y deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos”.
“Las Procuraduría anunció la presencia de altas autoridades de Estado, tales como el Presidente y el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, así como representantes de la Fiscalía General, Tribunal Departamental de Justicia, Defensoría del Pueblo, los Ministros de Justicia y de Defensa. Pero la realidad es que ni Ud. se hizo presente y mandó a sus tres subprocuradores”, señaló Flores en la carta enviada al Procurador.
“La policía recibió ‘órdenes superiores’ de no dejarme ingresar al evento, que Ud. convocó. Tampoco fue una ceremonia pública ya que yendo contra el principio de igualdad dejaron entrar a unas personas y no a los invitados de la familia Flores Bedregal”, señala la nota.
Según esta sentencia “el Estado debe difundir dicho acto a través de los medios de comunicación de la manera más amplia posible, incluyendo la difusión por radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia; de la Procuraduría General del Estado y del Poder Judicial”.
“Nada de esto ha cumplido la Procuraduría, esta resistencia a acatar la sentencia no es otra cosa que perpetuar la desaparición forzada de mi hermano Juan Carlos Flores Bedregal y convertir al Estado boliviano en encubridor y coautor de las desapariciones de la dictadura del narcotráfico”, apuntó en relación a la dictadura de Luis García Meza.
¿Qué pasó con Juan Carlos Bedregal?
El caso de Flores Bedregal se remonta al golpe de Estado del 17 de julio de 1980. El fallecido dirigente era parte del grupo que estaba en las oficinas de la COB en El Prado paceño y fue acribillado en las gradas el edificio. Desde entonces se desconoce el paradero de sus restos y su familia —cuatro hermanas— nunca logró la reparación de los daños en los tribunales bolivianos.
La Corte IDH estableció que hubo “violación de garantías judiciales; protección judicial; violación de los derechos de acceso a la información; violación a la integridad personal” entre otras vulneraciones a los derechos humanos asociadas a la “desaparición forzada”.
Asimismo, conminó al Estado a levantar la reserva de la información en las Fuerzas Armadas sobre el mismo hecho, en el plazo de un año.
Según Flores, un incumplimiento del fallo “podría significar una ruptura tácita con el sistema interamericano de derechos humanos por parte de Bolivia, y un mal precedente de la actuación de nuestro país en el contexto interamericano y su compromiso con los derechos humanos”.
De igual manera, la hermana del dirigente desaparecido solicitó al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que convoque al Procurador para que informe el estado de cumplimiento de esta sentencia internacional.
Cerca de tres millones de dólares se han erogado como resarcimiento en ocho procesos en los que el Estado fue responsable de violar los derechos humanos entre 1971 y 2001.
Ante ello, el gobierno de Luis Arce busca que exautoridades y exfuncionarios públicos, alguno de ellos ya fallecido, devuelvan al Estado por estos pagos.
Bolivia soportó gobiernos de facto por lo que la mayor parte corresponden a regímenes militares y los dictadores como son Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza que ya están muertos.