Activistas observan dualidad sobre resarcimiento en Ley contra la Tortura y Ley de Reparación

Herrera lamentó que el proyecto de Ley contra la Tortura avance tan lento y esté supeditada a que la elección judicial se resuelva antes, pero que viene dilatándose con recursos jurídicos.

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La Policía durante un operativo de desbloqueo, en 2022, Santa Cruz. Foto: Los Tiempos

Fuente: ANF

El activista y representante de los afectados de Senkata, David Inca, señaló que el proyecto de Ley general para la reparación integral de víctimas de violencia de graves violaciones a los derechos humanos y el proyecto de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura, tienen en común el resarcimiento a las víctimas, y “no puede haber dos leyes que hablen de lo mismo y en diferentes formas por el principio de congruencia”.



Indicó que esa es una de las primeras observaciones al proyecto de Ley contra la Tortura, además de establecer quién debe decidir sobre la reparación.

“Yendo al tema de tortura, ellos plantean en el proyecto de Ley que tiene que haber una reparación a las víctimas y que es un juez o un tribunal el que va a disponer los tipos de reparación integral, es decir, el concepto que manejan es más penalista y civilista y no han tomado en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó el activista.

Inca refirió que la CorteIDH señala sobre la reparación, que si bien lo puede hacer un tribunal, en primera instancia lo tendría que hacer el Estado bajo el principio de que “el Estado, independientemente del gobierno, se ha comprometido ante instancias internacionales a restablecer, restituir, aplicar medidas de no repetición, realizar la satisfacción y la compensación o indemnización a las víctimas”, y esas medidas no necesariamente tienen que tener una resolución jurídica.

“La Corte Interamericana menciona que es una responsabilidad estatal y, por lo tanto, puede ser administrativa, y posteriormente puede ser jurídica, en tanto y en cuanto la víctima considere por cuál vía ir, ya sea administrativa o jurídica, entonces, nosotros en la Ley de Reparación estamos tomando el criterio de que la obligación es estatal, independientemente de lo jurídico”, apuntó.

El proyecto de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura en su artículo 53, inciso g, señala que “La autoridad judicial determinará la medida de compensación más pertinente de acuerdo a la afectación sufrida, por lo que deberá tomar en cuenta la particularidad de cada caso, así como la perspectiva de derechos humanos y género. Las medidas de reparaciones señaladas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera enunciativa y de ninguna manera podrá entenderse o interpretarse de manera restringida”.

Los asesores jurídicos de la Comisión del Senado, donde llegó el proyecto de Ley, dijeron a Inca que la observación es válida, pero “como no está todavía el debate, hasta que se elijan a los nuevos magistrados, nuestra propuesta está ahí como una observación nomás y posteriormente cuando entre en tratamiento nos van a llamar para presentarlo como propuesta de modificación”.

La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, destacó la necesidad de contar con una Ley que proteja a la población de la tortura, sobre todo en los centros penitenciarios, donde ocurren las muertes que quedan impunes.

“Yo creo que es fundamental el proyecto de ley porque están ocurriendo situaciones totalmente nefastas al interior de los centros penitenciarios; por ejemplo, el caso de Bermejo en el que una persona ha perdido la vida, ha sido detenida por temas de pensiones familiares y dentro de la carceleta ha sido golpeado hasta llevarlo a terapia intensiva y finalmente perdió la vida”, indicó.

Enfatizó que estos hechos requieren de una Ley que sea mucho más estricta, que tenga mejores procedimientos y mecanismos de prevención, sobre todo para precautelar a las personas en los centros penitenciarios, en las detenciones preventivas, “es de prioridad”.

Herrera lamentó que el proyecto de Ley contra la Tortura avance tan lento y esté supeditada a que la elección judicial se resuelva antes, pero que viene dilatándose con recursos jurídicos.

“Ellos (los legisladores) no están en los zapatos de la gente que requiere una justicia oportuna, pronta, ágil, objetiva, no están en esa necesidad, entonces, se llevan su tiempo y mediante varios recursos que van planteando van dilatando la aprobación de aquello que es tan necesario”, apuntó.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos señaló que su partido político tiene la predisposición para tratar el proyecto de Ley contra la Tortura hasta conseguir su aprobación y en el menor tiempo posible.

Barrientos indicó que CC siempre está en la línea de aprobar leyes en favor de los Derechos Humanos que favorezcan a la población.

“Desde Comunidad Ciudadana, por supuesto que tenemos toda la apertura posible para poder hacer estas modificaciones en el proyecto de Ley, y es un proyecto que ha presentado el MAS, no lo hemos presentado nosotros, está en mi comité y la idea es que podamos hacer las modificaciones pertinentes para poder aprobarlo”, dijo la legisladora a ANF.

El proyecto de Ley fue presentado a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores el 19 de diciembre de 2023, y tiene el propósito de establecer políticas integrales, proyectos y programas de prevención, atención, protección integral, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación a víctimas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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