Inca argumentó que varias iniciativas para el cierre de San Pedro quedaron truncadas “por falta de voluntad y decisión política”, porque es el Órgano Ejecutivo el que debe ejecutar la ley.
Fuente: ANF
El penal de San Pedro de La Paz, en la sede de Gobierno, a nueve cuadras del centro político del país, la plaza Murillo, resume todos los vicios y males del malogrado sistema carcelario, y pese a que existe una Ley de 2014 que estable su cierre, el recinto, con “aforo ilimitado”, continúa recibiendo privados de libertad y el recinto ya ha rebasado su capacidad en cinco veces.
La Ley 494 del 28 de enero de 2014 establece el cierre del penal de San Pedro y declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”. Tras una década, no existe ningún avance ni voluntad política para hacerlo, señalan los activistas, y, por el contrario, afirman, las autoridades prefieren mantener ese sistema opresor y al margen de la ley por intereses económicos.
Régimen Penitenciario señaló, luego de un informe de la Defensoría del Pueblo, que se están haciendo los esfuerzos necesarios “para canalizar un proyecto responsable respecto a tener un nuevo centro para el departamento de La Paz” y que hay avances importantes respecto a la preinversión.
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“Mantener y sostener San Pedro en estas condiciones es solamente para seguir encubriendo o protegiendo algunas acciones totalmente fuera de la ley, y que al parecer se está protegiendo intereses principalmente económicos para algunos, que no quieren facilitar la alternativa de construir otro centro penitenciario en mejores condiciones”, dijo a la ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
Reiteradas denuncias de internos, familiares e instituciones de Derechos Humanos evidencian los cobros y extorsiones dentro del penal de San Pedro por parte de una pandilla de delegados que respaldados por autoridades complacientes coaccionan a los privados de libertad mediante castigos y tortura para el pago de montos elevados de dinero.
Las fiestas, el consumo de droga y alcohol con muertos y heridos es parte de la vida cotidiana de un centro carcelario con “una administración que se ha tornado improcedente” y solo atribuida a la dirección de Régimen Penitenciario y al Ministerio de Gobierno, indican.
“No podemos entender —que mantengan abierto San Pedro— sino desde la mirada de que hay intereses económicos y que al parecer ésta es la fórmula perfecta para continuar generando un tipo de ingresos (ilícitos) que seguramente les favorece, eso es lo que vemos con bastante preocupación desde Derechos Humanos, que como institución siempre visitamos centros penitenciarios”, apuntó la activista.
El activista de Derechos Humanos David Inca señaló que, incluso, cuando él participaba en el tema, tenía que conformarse una comisión para hacer algunos procesos previos al cierre de San Pedro, sin embargo, eso quedó truncado y lo concreto es que en una década no hay avance físico.
“Este tema incluso no está considerado en el presupuesto, porque esto depende de Régimen Penitenciario y del Ministerio de Gobierno, entiendo que ya la parte social, jurídica y técnica ha sido arduamente debatida y hay propuestas y hay la ley, pero son 10 años y no se ha avanzado nada”, apuntó.
Inca argumentó que varias iniciativas para el cierre de San Pedro quedaron truncadas “por falta de voluntad y decisión política”, porque es el Órgano Ejecutivo el que debe ejecutar la ley.
“La parte jurídica siempre va a decir: ‘nosotros aplicamos lo que la ley dice’, pero la parte Ejecutiva es la que tiene que hacerse cargo de cumplir la ley, y habiendo economía en el gobierno de Evo Morales no lo hicieron, lo han dejado allí sin resultados”, remarcó el activista.
Herrera indicó que para Régimen Penitenciario al parecer lo último que le interesa es dar condiciones humanas a las personas privadas de libertad, debido a que cuando alguien es detenido “tiene que buscar su propia celda y eso es totalmente contrario a las normas y a la ley”.
“Si es el Estado a través del Ministerio Público determina que alguien ha cometido un delito y tiene que pagar, tiene que darle todas las condiciones, pero tenemos un modelo carcelario totalmente contrario a lo que significan los derechos humanos”, dijo.
Indicó que Régimen Penitenciario siempre hace mención a la falta de dinero, como argumento para mantener abierto San Pedro y no cumplir con la Ley, pero lo que se advierte es que “no hay una voluntad política, porque aun cuando se ha tenido recursos, el sistema penitenciario nunca ha sido uno de los sectores a los cuales se ha volcado la mirada, por eso es considerado el ‘basurero humano’”.
Una justicia que refuerza la vulneración de derechos
Herrera remarcó que esta situación carcelaria está tan ligada al sistema de justicia, a su deterioro y crisis, y en ese entramado, a los operadores de justicia, de todos los niveles, desde la Policía, Fiscalía, tramitadores, etc., a quienes “no les interesa dar otras condiciones, porque pese al hacinamiento que genera miles de vulneraciones al interior de las cárceles, siguen y siguen llenándolas”.
Los que llegan a las cárceles “van engrosando las formas de la extorsión y del sufrimiento, sufrimiento que afecta a los privados de libertad y a sus familias, que mensualmente tienen que generar ingresos para pagar una y otra cosa que se les ocurra” a los delegados extorsionadores, respaldados por las autoridades.
En agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), recomendó nuevamente cerrar el penal de San Pedro y construir otro centro penitenciario en el departamento de La Paz.
Tras la sugerencia del MNPT, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, respondió que se está trabajando en consolidar una nueva infraestructura en Chonchocoro, Viacha.
“Se están haciendo los esfuerzos necesarios para canalizar un proyecto responsable respecto a tener un nuevo centro para el departamento de La Paz. Hay avances importantes respecto a la preinversión (…), obviamente el tema es la inversión y los recursos económicos, pero estamos trabajando, gestionando para resolver esto”, explicó.
Herrera remarcó que el Gobierno siempre hace mención al tema económico, sin embargo, para otro tipo de acciones no tiene semejantes obstáculos, entonces, “aquí hay intereses y al parecer en todos los niveles, hay intereses principalmente económicos para que esta situación continúe como está”.
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