que los partidos políticos utilicen su realización como bandera electoral en los comicios nacionales de 2025, señalaron un constitucionalista y un analista político.
Fuente: lostiempos.com
La postergación indefinida de las elecciones judiciales agravará la crisis judicial en el país y existe el riesgo de
Las elecciones judiciales se encuentran en fojas cero tras el fallo de la Sala Constitucional Primera de Pando que deja sin efecto la preselección de candidatos para las elecciones judiciales; la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue notificada el martes con la determinación que implica la necesidad de crear un nuevo reglamento.
Sobre el problema, el presidente del Senado Andrónico Rodríguez habló de desacato al fallo judicial que frena el proceso de preselección de los candidatos a los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial y además planteó la redacción de una ley corta.
Para el abogado constitucionalista José Antonio Rivera Santiváñez, el escenario es un “desastre judicial” y dijo que el sistema judicial seguirá en una profunda crisis que afecta a la ciudadanía y no hay posibilidad alguna de mejoras. “Se agravará la situación de los litigantes”, sostuvo.
Mencionó como principales problemas: la falta de independencia e imparcialidad de algunos jueces; altos niveles de corrupción que son denunciados, pero no son investigados ni esclarecidos, y la retardación de justicia. “En el TCP, por ejemplo, se espera años por una sentencia y para que admitan un requerimiento”, criticó.
Lamentó que no exista voluntad democrática y política genuinas para llevar adelante el proceso electoral y más bien hay cálculos de los partidos políticos con presencia en el Legislativo. “Si bien el ala evista de Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere las elecciones judiciales, no cuidan el respeto a la Constitución y se tiene como resultado un proceso muy frágil que se desmorona”, indicó.
Sobre el tema, el analista político Marcelo Aruquipa coincidió con Rivera y señaló que las elecciones judiciales resultaron una suerte de cálculo político para todos los actores. “En realidad, ningún actor quiere elecciones judiciales; quieren llevar el proceso como oferta en la campaña electoral de los comicios presidenciales, como una bandera de la oposición contra el gobierno de Luis Arce”.
Además, mencionó que existen responsabilidades de los legisladores nacionales por no haber concretado el proceso.
El senador evista Rodríguez dijo que pedirá una informe a las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural del Legislativo y planteó una nueva ley.
Rodríguez sostuvo que convocará a las tres fuerzas políticas para entablar una reunión que viabilice soluciones.
Candidata a diputada del MAS
Celsa Salazar, vocal de la Sala Constitucional de Pando que dejó sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, admitió que fue candidata a diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2014 en Chuquisaca. No obstante, afirmó que el fallo está “acorde a la norma”.
Aclaró que en Pando no ha tenido relación con ningún partido político.
Recuerdan que hubo un pedido de ampliar plazo
El jefe de la bancada nacional del MAS, Jerges Mercado, recordó que su bancada propuso la ampliación de plazos para la inscripción de mujeres profesionales a la preselección de candidatos, pero que no se actuó por la “miopía política” de algunos de sus colegas.
Un factor que llevó a la paralización del proceso tiene que ver con la acción popular concedida por la Sala Constitucional Primera de Pando, que era algo que ya se veía venir por el vacío que tenía la normativa y convocatoria.
El segundo factor de riesgo está relacionado con la Ley Transitoria Judicial, aprobada en el Senado por evistas, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, según Mercado, con falencias; pese a las modificaciones, no se la pudo perfeccionar. “Había muchos vacíos y así como estaba era inconstitucional y no se la pudo mejorar por la desesperación. Hoy estamos pagando las consecuencias”, lamentó Mercado.
Mercado anticipó la posibilidad de una nueva ley que reencauce el proceso y garantice las elecciones judiciales este año.