Anuncian evaluación sobre el impacto del DS 4732 que pone un alto a prácticas abusivas de inmobiliarias

El Decreto Supremo 4732 pone un alto a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles en Bolivia, con el objetivo de proteger a los usuarios de estafas o engaños de algunas inmobiliarias o empresas.

Anuncian evaluación sobre el impacto del DS 4732 que pone un alto a prácticas abusivas de inmobiliarias

La Paz, 23 de mayo de 2024. – El Gobierno nacional analizará los impactos y resultados del Decreto Supremo (DS) 4732, que pone un alto a las prácticas abusivas de algunas empresas inmobiliarias, a dos años de su vigencia, en un taller nacional con los principales actores, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.



“Vamos a realizar un taller nacional de evaluación de los impactos del Decreto Supremo 4732 (…), los actores tienen que evaluar los resultados y los impactos”, adelantó la autoridad.

El Decreto Supremo 4732 pone un alto a las cláusulas y prácticas comerciales abusivas en contratos de preventa de bienes inmuebles, con el objetivo de proteger a los usuarios de estafas o engaños de algunas inmobiliarias o empresas.

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Entró en vigencia en junio de 2022, hasta la fecha no se reportaron conflictos, pero sí se registró la restitución de $us 1 millón en favor de las víctimas.

Sin embargo, en los últimos días, algunos dirigentes de gremialistas, transportistas e incluso el expresidente Evo Morales expresaron su rechazo a la normativa. Desde el Gobierno nacional denunciaron una desinformación y tergiversación con afanes políticos, porque este decreto protege a los consumidores de bienes inmuebles para la modalidad de preventa; es decir, a la gente que reserva la compra de un departamento, de un terreno o casa.

Ante esta situación, el 4 de junio se realizará un taller nacional y se prevé la participación de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Arquitectos, el sector inmobiliario, la Cámara Boliviana de Construcción, y otros.

“Queremos eso, discutirlo con los actores, con los que se dedican a la actividad (…). Que evalúen los que están involucrados con la implementación del decreto, con la finalidad de identificar alguna situación irregular, si es que la hubiera, o para fortalecer esta norma”, enfatizó Silva.

Asimismo, remarcó que el Gobierno está abierto a debatir con cualquier dirigente u organización social para evitar que la población sea “sorprendida” con mentiras y rumores con afanes de desestabilizar al Gobierno.

“La oposición política está utilizando a sectores tan sensibles como son los gremialistas, como son los transportistas, juntas vecinales, mintiéndoles. Entonces, por supuesto que el debate tiene que ser siempre transparente, con el mayor respeto a la población”, añadió.