Alain Núñez afirma que los asambleístas asumieron criterios subjetivos para las inhabilitaciones y desnaturalizaron el proceso de preselección
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Boris Bueno Camacho / La Paz
Alain Núñez es un abogado cruceño que fue inhabilitado como candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el proceso de preselección que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este presentó un amparo constitucional que fue aceptado por un tribunal cruceño porque sostiene que se vulneraron sus derechos al excluirlo pese a que contaba con todos los requisitos inscritos en la convocatoria.
Núñez aseguró que su acción contra la Comisión Mixta de Constitución, encargada de la preselección de candidatos al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene la finalidad de paralizar las elecciones judiciales, sino se trata de una cuestión de principios, porque considera que fue inhabilitado injustamente porque la comisión tomó esa determinación tras acusarlo de fallar a favor de la Familia Crapuzzi en el caso mutualista en Santa Cruz.
Núñez y Diego Ramírez fueron los vocales de una sala constitucional cruceña que concedieron la tutela dentro de una acción de amparo constitucional a Nelson Crapuzzi Zeballos, la cual dejó sin efecto legal la Ley Autonómica Municipal 417/216 de fecha 1 de diciembre 2016 en desmedro del municipio cruceño, según la impugnación presentada por la diputada Ninoska Morales que determinó su exclusión.
“Primero, cumplo con todos los requisitos que la Ley de convocatoria y la Constitución exigen para que sea habilitado como candidato; se da una impugnación por parte de una senadora la cual señala que yo había dictado un fallo beneficiando a un sector determinado, (…) la comisión bajo criterios absolutamente subjetivos alejados de la Constitución y del mandato establecido por Naciones Unidos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dicta el fallo; por cuestión de principios no puedo dejar que violen mis derechos”, resaltó.
Foto: captura pantalla
El jurista aclaró que su determinación no es motivada por ser parte de la lista de candidatos, ni por suspender o perjudicar las elecciones judiciales, sino por hacer prevalecer el estado de derecho protegido por la Constitución Política del Estado (CPE); además, manifestó su compromiso con el proceso de preselección y que las acciones solo buscan que las comisiones se ajusten a los parámetros constitucionales.
“Es bueno aclarar que tanto parlamentarios del oficialismo y de la oposición fueron los que hicieron llegar al proceso a este momento (la paralización), a esta situación en la que nos encontramos; (…) las comisión deberían solamente haber verificado los requisitos formales y dar paso a la segunda etapa de evaluación de méritos e, incluso, esta fase estuvo desacreditada: Las valoraciones sobre quiénes deberían ser puestos en papeleta debería haberse hecho en el plano de la Asamblea y no en este momento”, enfatizó.
Asimismo, mostró su extrañeza porque se le excluye por un fallo, pero se habilita al otro vocal, Diego Ramírez, quien también fue parte de la determinación observada, aspecto que demuestra que la comisión debería haberse limitado a verificar el cumplimiento de requisitos y no asumir criterios valorativos subjetivos los que están reservados al pleno de la ALP, lo que provocó la desnaturalización del proceso de preselección.