El procurador general del Estado, César Siles, informó que solicitó ampliar la investigación por otros delitos contra los implicados en los supuestos hechos de corrupción en la implementación de las piscinas en la planta de litio de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Asimismo, pidió la inclusión de la empresa cruceña encargada de la impermeabilización de las piscinas en las pesquisas y no solo a su representante legal.

“Lo último que hizo la Procuraduría es solicitar la ampliación de la investigación por otros delitos, no contra otras personas. Y hemos pedido también la ampliación contra la empresa, porque si bien está denunciada la señora P. G., la empresa procesalmente también puede ser investigada y punible penalmente”.

La autoridad se refiere a una empresa cruceña que se adjudicó, entre 2013 y 2019, ocho contratos directos para el proyecto del litio. Se estima que los contratos suman un total de Bs 186 millones.

YLB

Siles aseguró que la indagación del caso avanza y que uno de los hechos más importantes fue la inspección, el secuestro y la obtención de documentación de las oficinas de YLB.

“Hasta la fecha aún se investigan a 10 personas, cinco están siendo buscadas. Una vez que tengamos mayores elementos de juicio se puede ampliar la investigación a otras personas, lo que queremos es el esclarecimiento total de los hechos investigados, como también la reparación del grave daño al Estado”.

Hasta la fecha hay seis personas imputadas, el exministro y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de Minería Luis Alberto Echazú, quien fue beneficiado con detención domiciliaria, al igual que Paul Q. B., Cristian A. A. y la gerente de la empresa cruceña. A ellos se suman el exjefe de planta en Uyuni Edwin F. U. Y. y Jorge F. M., ambos con detención preventiva en la cárcel.

La denuncia penal fue presentada el mes pasado por la estatal YLB, el Ministerio de Hidrocarburos y la Procuraduría contra 12 exfuncionarios, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato, con un daño económico de más de Bs 425 millones.

La acción fue resultado de una auditoría técnica interna a la construcción e implementación de las piscinas evaporíticas que alimentan de salmueras a las plantas de cloruro de potasio y carbonato de litio, en el complejo industrial del salar de Uyuni, en Potosí.

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