Nora Santos, representantes de la Comitiva de la Defensa de Bienes Inmuebles de La Paz, demandó ese lunes la abrogación del Decreto Supremo (DS) 5143 de Derechos Reales, por considerarlo contrario a los intereses de los dueños de inmuebles.
El viceministro Jorge Silva. Foto: ABI
Fuente: Brújula Digital
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que el pedido es una medida política.
El Gobierno aprobó a inicios de abril el citado decreto supremo para, según se dijo, modernizar los trámites en Derechos Reales, a través de la reglamentación de una ley para esta oficina que data de 1887.
La semana pasada se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra esa normativa ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que aceptó las demandas y ordenó la suspensión de la vigencia del decreto, mientras emita un fallo.
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Santos, en entrevista con radio Panamericana, indicó que no sólo se exige la suspensión de la vigencia del DS, sino que se exige su abrogación. En días pasados se denunció que, con esa norma, el Estado podía expropiar inmuebles, tanto en el área urbana como el rural.
En respuesta a Santos, Silva sostuvo que la abrogación es una acción “política”, debido a que, más bien, ese comité de defensa de los propietarios de inmuebles debía apoyar la norma, ya que moderniza y garantiza la propiedad de un bien inmueble.
La autoridad gubernamental explicó que el decreto establece una serie de medidas destinadas a modernizar los trámites, con los avances tecnológicos, y a dar seguridad a los propietarios, evitando que haya dobles partidas, avasallamientos y otras acciones en contra de los dueños de casas.
Silva sostuvo que el oponerse al citado decreto es, más bien, defender los intereses de los loteadores y avasalladores, debido a que mantiene la inseguridad en la inscripción y registro de inmuebles.
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