Por tercera vez, la audiencia de Luis Fernando Camacho fue reprogramada, ahora para el 16 de julio. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, fue tajante respecto de la imposibilidad de trasladar al gobernador electo de Santa Cruz al penal de Palmasola. Consideró que se necesitaría de 60.000 policías para el resguardo.

“No hay condiciones materiales (…), necesito por lo menos 60.000 policías. ¿Ustedes consideran que los 37.000 policías (que hay en todo el país) son suficientes para evitar que se quemen nuevamente 28 instituciones públicas y privadas? (…); puede haber una convulsión social nuevamente”, supuso el ministro el miércoles en entrevista con el programa Poder y Placer.

Traslado

Del Castillo respondió así cuando se le consultó por el traslado de Camacho, detenido en Chonchocoro, La Paz, a Santa Cruz. El pasado lunes debía presentarse físicamente, pero las autoridades advirtieron que no había condiciones para su traslado.

Camacho fue detenido el 30 de diciembre de 2022 a raíz del caso Golpe de Estado I. Este caso investiga los hechos precedentes a la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Ese año, Camacho tuvo un rol activo, como él mismo reconoció; promovió cabildos, financió movilizaciones, pactó con militares e irrumpió en el Palacio Quemado con Biblia en mano.

Cuando se conoció su aprehensión, en Santa Cruz se desató el caos. Figuras próximas a Camacho incendiaron varias instituciones a manera de reclamo. La Fiscalía Departamental sufrió varios daños y la casa del ministro Édgar Montaño fue saqueada.

De acuerdo con Del Castillo, el Consulado de los Estados Unidos también resultó afectado.

Paro

De igual manera, entre noviembre y diciembre de 2022 Camacho encabezó, junto a otros cívicos, un paro de 36 días en pedido del Censo de Población y Vivienda. En esa oportunidad, las medidas se radicalizaron; se quemaron varios edificios, como la sede campesina, y se registraron al menos tres muertos. Además de los peajes y el marcado racismo que se observó en las movilizaciones.

Por todo ello, el ministro Del Castillo y otras autoridades del ministerio de Gobierno rechazaron que Camacho sea trasladado a Santa Cruz, para su audiencia oral por el caso Decretazo, pese a que existe una orden judicial que instruye al traslado.

El caso Decretazo investiga a Camacho por haber delegado de manera arbitraria sus funciones a un secretario y no al vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Departamental.

La audiencia estaba originalmente programada para el 11 de marzo. Sin embargo, siempre por el motivo de que Camacho no podía asistir físicamente, se postergó para el 11 de abril. Llegada esa fecha, se volvió a reprogramar la audiencia para el 27 de mayo. Este lunes se conoció que la audiencia se suspendió hasta el 16 de julio.