Se tiene que los departamentos con mayor cantidad de denuncias a nivel nacional son los del eje, donde las gestiones 2019 y 2020 demuestran un comportamiento en relación a la crisis de Estado que vivió Bolivia.
Fuente: ANF
El “Diagnóstico situacional de violaciones de derechos humanos” elaborado en el marco del proyecto Con Buena Razón, evidenció mediante un análisis de información estadística proporcionada por la Dirección General de Investigación Policial Interna (digipi), que la práctica de la tortura es transversal a todos los niveles de la Policía, desde suboficiales hasta generales.
De las 1.463 denuncias presentadas, 895 están referidas a que fueron suboficiales y sargentos (SS) los que realizaron tales hechos, 545 entre Generales, Jefes y Oficiales (GJO) y 23 que fueron varios autores los que cometieron faltas para ser sancionadas, se lee en el documento.
“Lo que se demuestra, que el ejercicio de la tortura y malos tratos se encuentra direccionada en todos los niveles de la Policía Boliviana, evidenciando que los Suboficiales y Sargentos tienen mayor contacto con las personas arrestadas, aprehendidas o detenidas”, señala el informe al que accedió ANF.
De la información, se tiene que los departamentos con mayor cantidad de denuncias a nivel nacional son los del eje, donde las gestiones 2019 y 2020 demuestran un comportamiento en relación a la crisis de Estado que vivió Bolivia.
Sin embargo, agrega, llama la atención que en la gestión 2022 “se han incrementado las denuncias presentadas, principalmente en el departamento de La Paz”.
La mayor parte de las denuncias presentadas contra efectivos policiales se refiere a las agresiones verbales y/o psicológicas por motivos racistas, sexistas o discriminatorios, seguido por agresiones físicas a los arrestados, aprendidos o detenidos en celdas policiales, “donde se refleja claramente la situación de abuso al momento de ejercer custodia contra las personas privadas de libertad”.
Asimismo, la ejecución de tratos inhumanos crueles o degradantes, aficiones de tortura, atentado contra los derechos humanos, en tercer lugar, al considerarse otra forma de demostrar violencia en contra de personas bajo custodia; y, en menor proporción las agresiones físicas y/o sexuales por motivos racistas o discriminatorios.
De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, la Policía lidera las denuncias de tortura y malos tratos con un 71 por ciento.
La segunda institución más denunciada son las Fuerzas Armadas, seguido del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa.
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