La sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.
El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Nos ha notificado el Tribunal Supremo de Justicia en diciembre (de 2023). En todo caso, tenemos un tiempo de seis meses para presentar la demanda internacional. El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista
Áñez fue condenada a 10 años de presión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La exmandataria cumple su pena en la cárcel de Miraflores de La Paz.
En primera instancia, la sentencia fue apelada por su defensa, pero el recurso fue rechazado, obligándola a activar el recurso de casación. Esta acción judicial fue activada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), última instancia de apelación que ratificó la condena de la exautoridad.
La Razón en diciembre de 2023 informó que “la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.1.1 de la LOJ (Ley del Órgano Judicial) y lo previsto por el art. 419 del CPP (Código de Procedimiento Penal), declara infundado el recurso de casación interpuesto por Jeanine Añez Chávez, contra el Auto de Vista 59/2023 de 12 de mayo pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz” (sic), dicta la sentencia.
Con ello, se cerró el capítulo del caso Golpe de Estado II, ya que Áñez no cuenta con otro recurso en los tribunales del país para pedir la anulación de su sentencia. Es uno de los procesos abiertos contra la exmandataria en la vía ordinaria, quien, mediante su defensa legal, demanda un juicio de responsabilidades.
Guillén indicó que la denuncia que se presentará ante instancias internacionales tiene que observar que si en el proceso que se le siguió a la exsenadora hubo un respeto a sus garantías “fundamentales” y a los derechos legales que ella posee.
“Ese juicio fue presencial, se tuvo el derecho a asistir como prensa a ese juicio o no. Entonces la CIDH dirá efectivamente se ha llevado este juicio a puerta cerrada, se ha simulado que fue abierto, entonces dirá Bolivia ha vulnerado en el procesamiento de la exmandataria el derecho de publicidad dentro de un proceso”.
El abogado Jorge Nina, que representa a Lidia Patty en el caso Golpe I, indicó que después de conocerse el fallo del TSJ que ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez en el caso Golpe II, la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada formal y no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.
“Esto es un elemento que nos demuestra que el comportamiento desplegado por Jeanine Áñez no estaba de acuerdo a las normas y procedimientos de la Asamblea Legislativa, al no haber cumplido mandatos categóricos que tenía en esa condición de senadora”, dijo.
Añadió que “Áñez no ha observado que no podía ser en ningún momento presidenta de la Cámara de Senadores y no podía autoproclamarse, debido a que había dos tercios. No le correspondía asumir la presidencia de la Cámara de Senadores, más aún cuando existía un reglamento que establece que quien debe presidir esta cámara es quien tenga mayoría. En ese entendido el partido del Movimiento Al Socialismo es quien tenía mayoría absoluta en 2019, en consecuencia, la sentencia demuestra tal extremo”.
El caso Golpe II se refiere a la proclamación de Áñez como presidenta transitoria del Estado, el 12 de noviembre de 2019. Dos días antes, renunciaba como mandatario Evo Morales, asfixiado por las denuncias de fraude electoral, las protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho (hoy gobernador encarcelado), un motín policial y la presión militar.