El líder cocalero Evo Morales no residía en el país el 2020, después de renunciar en noviembre de 2019 huyó a México y luego a Argentina.
Evo Morales cuando huyó a México en noviembre de 2019. Foto: Captura
Fuente: Brújula Digital
En 2022 dijo que “nunca” pidió indemnización y ahora reclama 1,9 millones de bolivianos por sueldos de cinco años, aguinaldos y vacaciones. Analista advierte que el doble discurso del expresidente le traerá costo político.
“Evo Morales no residía en 2020 en el país”, afirmó el diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana y aseguró que el pedido de la millonaria suma es una muestra de su “cinismo”. Dijo que envió este viernes una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que no haga el resarcimiento al cocalero del municipio de Villa Tunari.
El TSE, bajo el argumento de que no cumplía con la residencia en el país, inhabilitó a Morales en 2020 porque se encontraba en Argentina. En 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la decisión del TSE y dispuso la calificación del supuesto daño y consecuente ordenó la indemnización económica a favor de Morales.
Los 11,9 millones de bolivianos demandados por el cocalero Morales se dividen en: 1,4 millones de bolivianos por 60 sueldos; 116 mil bolivianos por cinco aguinaldos; 62 mil bolivianos por vacaciones; 20 mil bolivianos por redacción del amparo constitucional; 157 mil que corresponde al 10% por la ejecución de la indemnización como honorarios profesionales; otros 157 mil por representación del abogado apoderado.
Evo Morales pasó entre octubre y noviembre de 2019 de declararse ganador de las fallidas elecciones a denunciar un golpe y renunciar a la Presidencia. Después de casi 14 años de mandatario dimitió el 10 de noviembre y un día después huyó a México y después a Argentina. Volvió al país en noviembre del 2020, después que Luis Arce ganó las elecciones generales de entonces.
La crisis política tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones, el 20 de octubre. Esa noche, el TSE suspendió por sorpresa el conteo rápido con el 83% escrutado y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el líder cocalero y el candidato opositor, Carlos Mesa.
Al día siguiente, ese conteo rápido, denominado Transmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta.
Después de semanas de protestas sociales contra la paralización del TREP, el domingo 10 de noviembre, de nada sirvió que horas antes anunciara nuevas elecciones después de que la OEA señalara “irregularidades” en su victoria en los comicios del 20 de octubre de 2019, lo que dio lugar a semanas de protestas callejeras y manifestaciones de partidarios y detractores de Morales.
El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el arcista Juan José Jáuregui, aseguró que “estamos en el mundo al revés”. “Lo que vemos es que una exautoridad que desempeñó la primera magistratura por 14 años y unos cuantos meses más pretende seguir exigiendo más a su patria para que le brinde recursos extraordinarios. Creo que realmente Evo no hace honor a su apellido. No es moral pedirle dos millones de dólares al Estado boliviano”.
Wilfredo Chávez, el abogado patrocinante y exministro de Evo Morales, justificó la actitud del líder cocalero y anunció que de recibir el dinero no lo dispondrá él. “De darse el caso de un reintegro de esto, como corresponde a la reparación de Evo Morales, lo que él va a hacer, y me han indicado, como lo ha hecho siempre además el expresidente Evo, es dar a un fin social”, dijo.
Doble discurso y costo político
“Hay una suerte de doble discurso porque el 17 de marzo del 2022 el mismo Evo Morales sacó una publicación en sus redes sociales donde dice que no va a pedir, ni nunca pidió una indemnización por estos temas. Sin embargo, ahora sale con este pedido. Ahí me da la impresión de que hay un doble discurso en la posición”, declaró el analista político Marcelo Arequipa.
Hace dos años, el presidente escribió: “Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. (…) No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia, y no por plata”.
Sin embargo, ahora la defensa de Morales solicitó a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que se dé curso a la sentencia constitucional 0087/2021-S4 del TCP en la que se establece una indemnización debido a que no pudo ser candidato a primer senador de Cochabamba.
“No es adecuado, en términos estratégicos y políticos, hacer este pedido. Si siempre habla de que vivimos en una constante crisis económica y ahora sale a solicitar esto. Nos da la impresión de que puede ser contraproducente para él mismo y causará indignación de la gente porque el dinero se sigue gastando en los políticos”, afirmó Arequipa.
El analista Arequipa también recordó que hace pocos días el mismo Morales le exigió al presidente Luis Arce un plan de austeridad y que él junto con sus autoridades deberían “congelar” sus sueldos. “Se sigue sirviendo de las instituciones políticas del país para sus propios intereses y no para los intereses del país. Además, se le podrá recordar este discurso de manera constante cada vez que hable de la economía y la crisis económica”.
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