Rek y Álvarez, piden que organismos internacionales hagan un llamado al Gobierno para garantizar la protección de derechos para pueblos indígenas y áreas protegidas ante el conflicto por tierras.
Fuente: El Diario
Luego de conocer que tierras fiscales del municipio El Puente en la provincia Guarayos, son ofrecidas a la venta como propiedad privada en mercados internacionales, las senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez, remitieron ante el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Calí Tzay, información suficiente relacionada a este tipo de negocios, mismos que afectan a pueblos indígenas del oriente boliviano.
En la nota se señala que los hechos suscitados en 2021 y 2022 pusieron en evidencia la gravedad de los conflictos por la tierra en esta región, que se trata de una tierra de vocación forestal permanente, es decir no apta para fines ganaderos o agrícolas.
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“Esta situación pone de manifiesto la permanente presión, económica, social, ambiental y cultural del territorio Guarayo, que a raíz de estos acontecimientos exacerban la tensión territorial, donde la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos han emitido pronunciamientos y manifestaciones contra los avasallamientos de tierras en su territorio. Sin embargo, no han tenido oído por parte de las autoridades gubernamentales, llamadas por Ley destinadas a poder atender estos casos”.
Días atrás, la senadora Rek remitió una petición de informe escrito al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) para que se informe respecto al estado del denominado caso “las Londras” ocurrido el 28 de octubre de 2021 y para consultar sobre el ofrecimiento de esas tierras como si fueran propiedad privada, por parte de una empresa argentina que comercializa tierras agrícolas a nivel internacional.
La legisladora de oposición, puntualizó que en los últimos seis a ocho años surgieron más de 1.400 asentamientos nuevos en tierras fiscales, mayormente de campesinos y los llamados “interculturales”.
En los últimos días, un grupo investigadores ambientalistas hizo un hallazgo sobre los intereses que se mueven detrás de la zona Las Londras, accediendo a carpetas comerciales de empresas inmobiliarias con participación en las bolsas de valores de Brasil y de Estados Unidos, con llegada a varios países sudamericanos. En el caso de Bolivia, la gráfica refleja cerca de 9.000 hectáreas en Las Londras.
Rek y Álvarez, piden que organismos como el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas realicen un llamado al Gobierno boliviano sobre la protección inmediata de los derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados y de las áreas protegidas y/o Reservas forestales por el conflicto de tierras, generados por el mismo gobierno y que ahora están a expensas de negocios inmobiliarios internacionales a vista y paciencia de las autoridades.
Fuente: El Diario